Jueves 11 de Julio de 2019

Segunda mirada

Peaje indómito

J. J. Cruz

El Ministerio de Obras Públicas acaba de habilitar el sistema de cobro sin barreras, o free flow, en el peaje Angostura, al sur de Santiago. Era la salida más congestionada de la capital y escenario de tacos kilométricos en la víspera de cada fin de semana largo. Hace dos años se había inaugurado una ampliación, multiplicando el número de casetas, pero ni siquiera así se lograron reducir significativamente los atascos. Habrá que ver ahora, con tres pistas habilitadas sin detenciones, si la congestión era culpa del peaje, como alegaban los que exigían que se levantaran las barreras, o si simplemente el flujo de automóviles en episodios de alta demanda es superior a la capacidad de las rutas, como han sugerido algunos especialistas y como parece indicar también la tasa de crecimiento del parque automotor. Puede ser un alivio para las autoridades, si el tránsito se vuelve más expedito, o una pesadilla, si los tacos continúan y ya no hay un peaje al que echarle la culpa.

Impulso a las finanzas verdes

“Es de esperar que estos esfuerzos se concreten en compromisos público-privados en pos de una economía más sustentable”.

Como parte de los compromisos tomados por Chile en el marco del Acuerdo de París está el de “situar flujos financieros que sean consistentes con una trayectoria de bajas emisiones de gases de efecto invernadero”. Con ello se reconoce el potencial que tiene el mercado financiero para influir en las demás industrias, convirtiéndolo en un actor fundamental de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el desarrollo de las llamadas «finanzas verdes» en el mundo es aún incipiente, y más en Chile, donde solo el 36% de las instituciones financieras toma en cuenta factores ambientales y sociales al momento de otorgar financiamiento.

Es por ello que el Gobierno ha decidido dar pasos en esta materia y encargó estudios de factibilidad para emitir «bonos soberanos verdes»; es decir, deuda que solo puede financiar proyectos positivos para el medio ambiente. Ello lo convertiría en el primer país latinoamericano en adoptar dicho instrumento. Además, el Ministerio de Hacienda convocó a una mesa público-privada encargada de crear una hoja de ruta para que el sector financiero promueva inversiones verdes, con miras al objetivo de ser un país carbono neutral al 2050.

Esta mesa tiene entre sus objetivos fijar estándares y criterios que permitan comparar el accionar de instituciones financieras en materia ambiental, además de crear las capacidades en estas mismas para evaluar los riesgos socioambientales en sus carteras. Asimismo, el Estado debe asumir un rol protagónico en la certificación «verde» de los proyectos de inversión, de forma que exista una demanda por este tipo de instrumentos. Una experiencia interesante en esa línea son las ecoviviendas certificadas por el Minvu, que reciben condiciones más favorables en los créditos hipotecarios. También existen casos internacionales en que la gente puede optar a fondos con inversiones ambientalmente responsables en sus fondos de pensiones.

Pese a que Hacienda ha sido explícito respecto a que en una primera instancia no está dentro de los fines de esta mesa, más temprano que tarde será necesario tomar medidas que apunten a regular ambientalmente el mercado financiero. Acciones en esta línea serían bienvenidas por los bancos que ya aplican estos criterios en la evaluación de sus clientes, pues han declarado que las mayores exigencias ambientales que imponen para financiar proyectos los han hecho menos competitivos frente al resto de la industria.

Por último, el objetivo de tener instituciones financieras verdes debe ser un esfuerzo común y, por tanto, intersectorial. Llama la atención que en la mesa convocada no estén presentes ministerios como Medio Ambiente, Energía o Economía. De todas formas, cabe celebrar la iniciativa de Hacienda y es de esperar que se concrete en compromisos público-privados en pos de una economía más sustentable.

Correo

Correo


Nombramientos


Señor Director:

El Senado, a través de propuesta del senador Felipe Harboe, ha establecido un interesante procedimiento para el nombramiento de las autoridades en los que esta corporación interviene. Este considera la publicidad de las sesiones en las que se discuta el tema y la indagación de documentos relevantes para asegurar la probidad del candidato.

Una reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de audiencias públicas que permitan la intervención de la ciudadanía es un paso siguiente obvio, para asegurar la calidad de la deliberación en estos nombramientos.

Rodrigo Mora

Director Área de Transparencia y Datos Personales, Fundación Chile 21


Frontera norte


Señor Director:

La decisión del Ejecutivo de apoyar el trabajo en la frontera norte con las Fuerzas Armadas ha producido opiniones diversas de apoyo o rechazo, en lo que para mí alegría nadie ha colocado en duda las capacidades de los institutos armados para realizar la pega. Por otro lado, y para aterrizar el tema, qué tal si los santiaguinos les preguntan a los pobladores de Cariquima, ubicada a 30 kilómetros de la frontera con Bolivia, qué opinan del tema. Estoy seguro de que se sienten más seguros en presencia del Ejército que sin él.

Como dato adicional, el destacamento militar ubicado en ese lugar fue instalado por la Nueva Mayoría a comienzos de 2016, después de un trabajo que el Comando Conjunto Norte inició en 2015 en toda la frontera norte de nuestro país.

Richard Kouyoumdjian Inglis


Gasto en alcohol


Señor Director:

Me dirijo a usted con el fin de precisar la nota publicada el lunes por vuestro diario (p. 6), en relación con las compras de alcohol efectuadas por distintas instituciones públicas, entre ellas la PDI. Al respecto, y dado el titular, queda la impresión de que gastaron dineros públicos en ello, y no es efectivo. En la Ley 18.714 existen ítems que se financian con los aportes del propio personal, pero que figuran en el portal de compras públicas porque la ley así lo exige. Dicho gasto abarca los consumibles que se expenden en los centros vacacionales y recreacionales con que cuenta la PDI, y que son administrados por la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida.

En relación con el monto de 231 millones, cabe señalar que este no solo corresponde a la compra de alcohol, sino que también involucra comestibles y bebidas no alcohólicas, porque lo que este guarismo puede llevar a confusión al lector. Nos vemos en la obligación de insistir en que en ninguna de dichas compras se han comprometido dineros provenientes del presupuesto fiscal, sino que, por el contrario, son aportes particulares de los integrantes de la institución.

Cristián Meneses Navarrete

Subprefecto, jefe nacional de Asuntos Públicos de la PDI


Población


Señor Director:

Se cumplen 30 años desde la promulgación del Día Mundial de la Población. Hoy más que nunca, la realidad de la migración en el mundo nos desafía para avanzar en estrategias de acogida, asilo, reconocimiento y protección de los derechos de las personas migrantes.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) reconoce el drástico incremento de desplazados a nivel mundial; Colombia registra 6,9 millones y Siria 6,6 millones de personas, respectivamente, por razones tan variadas como violencia, cambio climático y su efecto en el medio ambiente, explotación de recursos, conflictos armados, crisis políticas, entre otras.

No es un fenómeno lejano a nuestra realidad. Hoy, cientos de venezolanos acampan afuera del consulado chileno en Tacna para resolver su ingreso al país. Necesitamos ponerles rostro. Son mujeres, niños y niñas, hombres, múltiples historias de personas que hoy están en este mismo momento arriesgando sus vidas.

Necesitamos superar la visión utilitaria e instrumental asociada al aporte de las personas migrantes; ellos y ellas son sujetos de derecho. Dejar de asociar migración con riesgo e inseguridad. El desafío como sociedad, como país y como región es construir puentes para abrirnos a la diversidad, el reconocimiento, asegurando los derechos de hombres, mujeres, niños y niñas. En el Día Mundial de la Población, hacemos un llamado para reconocer los derechos de los migrantes en Chile, en sus fronteras. Llamamos a los países vecinos a construir de forma conjunta una región que cuida a su población.

Dra. Andrea Avaria

Docente de la carrera de Trabajo Social, Universidad Autónoma

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