Jueves 11 de Julio de 2019

Enfrentamientos vienen desde 2005

Oviedo en el limbo: El porqué de las tensas relaciones entre la Suprema y el TC

Las disputas por las atribuciones que cada tribunal tiene son abiertas. Los fallos en que se reflejan.

Por Viviana Candia y René González

Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema.

“Sí, el ministro tiene disposición para alterar el orden de la tabla, para que se vea lo antes posible la causa del general Oviedo”, dice un cercano al presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica.

Ello, luego de que la Corte Suprema no diera la libertad provisional del ex comandante en jefe del Ejército y de que respaldara el procesamiento de la magistrada Romy Rutherford. La acción de la jueza fue combatida a través de un recurso de amparo por la defensa del ex uniformado, argumentando que el 9 de enero el Tribunal Constitucional había paralizado toda la investigación de la causa y no solo del cuaderno sobre gastos indebidos en viajes institucionales. Ello, mientras el TC resolviera el fondo del asunto: si el secreto de sumario del proceso de justicia militar viola o no el debido proceso

El fallo de ayer de la Suprema fue especialmente duro con el propio TC: rechazó el recurso de la defensa, argumentando, entre otros motivos, que en lo obrado por Rutherford no hubo mala fe, sino que una redacción confusa del propio TC en el escrito que paralizó la causa.

El origen del conflicto

En la Suprema y en el TC se destaca que las relaciones son tensas, pero que todavía no hay una guerra, pues subsisten gestos como visitas cruzadas.

Pero admiten que desde 2005 se ha producido una escalada que partió con la reforma constitucional, cuando el recurso de inaplicabilidad, que hasta entonces administraba la Suprema, pasó a ser potestad del TC. Es ese recurso el que declara si una ley atenta contra la Constitución y, por lo tanto, puede ser declarada “inaplicable” para un caso o incluso anulada.

El jurista Enrique Navarro, exdirector de estudios de la Suprema y exministro del TC está de acuerdo con ello y lo explica así: “En 2005 al entregársele al TC la acción de inaplicabilidad que tuvo por 80 años la Suprema, generó una nueva regla de coexistencia. Antes era extraño para la Suprema (porque no pasaba) que un tribunal superior le suspendiera una causa”.

“Los dos tribunales tienen que irse adecuando al rol de cada uno. La Suprema es la única que resuelve una causa y el TC solo ve la constitucionalidad de la ley. No es una relación tan compleja… Las suspensiones de las causas producen algunos inconvenientes en la Suprema por los plazos para fallar, pero no hay propiamente tal una mala relación, sino que una coexistencia lenta adecuándose cada uno a su rol”, agrega.

—¿Qué tan factible es que el TC, estando Oviedo preso, se allane a adelantar el estudio de su caso?

—Es muy factible. Ha sucedido en temas de derechos humanos, porque los procesos penales envuelven valores como la libertad de las personas.

El factor Elgueta

A los roces durante el caso del general (r) Oviedo se suman otros, como la diferencia de opinión entre el TC y la Cuarta Sala de la Suprema (integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Mauricio Silva Cancino), la que desde 2014 sostiene que los funcionarios públicos sí pueden recurrir a la justicia laborales. Ello a pesar de que en diciembre de 2018 el TC emitió una sentencia en la cual señaló que la tutela laboral no aplica para esos empleados.

El punto sigue en pie por recursos que están pendientes y que afectan a funcionarios municipales.

Otro enfrentamiento data de 2016, cuando al resolver un recurso de protección y autorizar el matrimonio de una chilena con un extranjero que tenía un decreto de expulsión pendiente, el máximo tribunal afirmó que podía declarar la derogación tácita de normas anteriores a la Constitución de 1980, sin necesidad de recurrir al TC.

Fue el turno del Tribunal Constitucional de molestarse. Advirtió que es el único que tiene una atribución así: “Actuar de otro modo importaría que la Corte Suprema podría afectar la seguridad jurídica y atribuirse ‘por sí y ante sí' una competencia de la que carece”.

A su turno, el ministro de la 3ª Sala, Carlos Aránguiz, fustigó en duros términos al TC en 2017 al ver un recurso de protección en contra de una isapre. Lo calificó como “un tribunal político (en el sentido estricto de la palabra), y sus fallos no pueden constituir fuente de jurisprudencia para el Tribunal Máximo de la República”.

En medio de este ambiente, la solicitud del ministro de Rancagua, Emilio Elgueta, de anular por “inconstitucional” el sumario de la Suprema que lo tiene al borde de la remoción es otro factor de tensión entre ambos tribunales. En la Suprema confidencian que la forma en que resuelva el TC “será la declaración de paz o guerra”.

Desde el TC le bajan el tenor aduciendo que el caso no lo ve la Primera Sala (presidida por Aróstica) sino que la Segunda Sala, mucho más “transversal en lo político”. Y como un gesto, destacan que para los alegatos de admisibilidad del miércoles 17 de julio —al que se convocó a Elgueta— se notificó a la Suprema de que tiene derecho a alegar a través del CDE.

Iván Aróstica, presidente del TC.

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