Miércoles 12 de Junio de 2019

Jaime Arellano (Ceja)

“Se ha generado un club privado”

Cuatro problemas en el “mecanismo de elección” al conformar las quinas —que la Suprema presenta al Ejecutivo— y en la posterior votación en el Senado releva Jaime Arellano.

l “Efecto club privado”: “Los magistrados eligen a quienes piensan parecido a ellos. En definitiva, la Corte no debería participar en la elaboración de la quina”, sentencia.

l “Control de entrada”: Solo jueces pueden asumir en la Suprema, con la sola excepción de los abogados integrantes. “En Canadá se escoge abiertamente y es bueno, porque se incorporan visiones jurídicas que vienen desde afuera”, dice.

l “Transparencia de fondo”: “En Estados Unidos se considera la visión jurídica o aproximación filosófica del candidato. De eso se les pregunta en audiencias públicas del Senado, transmitidas por televisión. A los candidatos hay que pedirles que expresen sus opiniones sobre cuestiones fundamentales, como qué entiende por Estado de Derecho, su postura legal frente al matrimonio igualitario, si sus visiones religiosas o filosóficas determinan sus decisiones. Para eso se necesita más tiempo”, explica.

l Falta de argumentos: Tras las exposiciones, “los votos de los senadores debieran ser fundados, es decir, que quede sentado por qué cada uno respaldó al candidato o lo rechazó”, concluye.

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Siete nominaciones a ministro de la Corte Suprema deberá realizar el gobierno del Presidente Piñera en lo que resta de su mandato, según el calendario de jubilaciones de magistrados (ver recuadros). La mayor parte está asociada a salidas de jueces “moderados”, es decir, que se mueven entre la centroizquierda y la centroderecha y que no son “activistas judiciales”, lo que en la jerga de derecha significa que no tienden a generar nuevas doctrinas en la aplicación de las leyes a través de sus fallos.

El que estén alejados de extremos facilita la promesa del ministro de Justicia, Hernán Larraín, de nombrar candidatos sin ocupar el mecanismo de cuoteos. Aunque esa meta, advierten tres expertos consultados por “La Segunda”, es casi imposible de lograr, pues la carta elegida debe obtener dos tercios del Senado.

De hecho, el sistema está pensado, justamente, para negociar. Tanto la Constitución de 1925 como la de 1980 permitían que el Presidente eligiera un candidato a partir de una quina elaborada por la Suprema. Pero la modificación constitucional de 1997 incorporó la ratificación del Senado. “Eso le otorgó mayor transparencia y validación política” al sistema, dice el exministro de Justicia del primer gobierno de Sebastián Piñera Teodoro Ribera (RN).

Para él, el episodio de Dobra Lusic —luego del revuelo por su relación profesional con un lobista judicial— no debe apurar un eventual cambio en la fórmula de elección para el máximo tribunal, pues “hoy tenemos una Corte Suprema en que sobre la gran mayoría de los magistrados no es posible pesquisar con claridad sus enfoques ideológicos. Es algo bueno no poder decir en Chile a qué partido adhiere un juez. Todo lo que uno puede decir es que ‘me parece que este ministro tiene esta corriente filosófica o política debido a sus fallos', pero nada más”.

“La gente tiene una opinión peor de la que debiera ser del sistema, que ha permitido designar ministros muy buenos”, añade el exministro de Justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet, el radical Isidro Solís. “Con la recuperación de la democracia se entendió que a un magistrado de una tendencia le seguía uno de la otra, no como cuoteo puro y duro, sino como la búsqueda de construcción de pluralismo. En el sistema de designación por el Presidente sin participación del Congreso no existía seguridad de que la corte representara una noción de justicia satisfactoria para todas las personas”, complementa.

Quien sí es partidario de un cambio es el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Jaime Arellano (ver nota secundaria), quien fue subsecretario de Justicia durante el gobierno de Lagos. Afirma que “el quórum tan elevado en el Congreso genera la necesidad de pactos”.

La compleja ecuación

Pero basta preguntar a estas tres personas de sensibilidades políticas distintas qué criterios deberían guiar la selección del candidato por parte del ministro de Justicia, Hernán Larraín, para percatarse de la dificultad de alcanzar consensos.

Para Solís, el ministro tiene que buscar que el máximo tribunal “exprese una pluralidad de pensamientos, que represente todos los valores y formas de ver la vida y todas las formas de entender el derecho. Siempre tendrá que haber ministros conservadores y progresistas, eso es lo que sería bueno. Que ahí donde hay ministros punitivos, haya garantistas”.

—Hay temas que han bajado de intensidad, como las violaciones de los DD.HH.. Para lograr esa pluralidad sin cuoteo, ¿qué temas se deben considerar hoy en la elección?

—Moralidad. Están a la vuelta de la vida los temas de desarrollo científico antropológico, que cambiarán las formas de relacionarnos: temas vinculados a la eutanasia, pero no por enfermedades terminales, sino porque el ser humanos tendrá una forma de soporte vital distinta de la de hoy.

—¿Se refiere al “cyborg”, mezcla de hombre y máquina, mejorada biológicamente, del que hablan Donna Haraway y Roberto Esposito?

—Exactamente. Estamos a pocos años de generar órganos a través de células especializadas. Los límites de la vida impondrán discusiones nuevas. Y ahí tendremos a personas más conservadoras, que tratarán de detener los avances y otros que los aceptarán.

—Y en temas más próximos, ¿qué definiciones son importantes?

—Avanzamos a un mundo con una sola humanidad y los criterios como país serán más estrechos. Hasta dónde aceptar el derecho internacional será una discusión vital, y eso requiere pluralidad en los organismos judiciales.

Ribera, en cambio, cree que Larraín seguirá otro camino para evitar el cuoteo: “Por el quórum y los acontecimientos de los últimos meses (la bajada de Dobra Lusic y las denuncias en Rancagua) se producirá un proceso de nominación más estricto, con jueces prístinos y disposición de aplicación de la ley más positivista, sin posturas personales, porque lo que le hace mal al Poder Judicial son jueces activistas de la tendencia que sean, con agenda propia que impulsan misiones políticas. Se buscará a personas respecto de las cuales no sea posible pesquisar con claridad sus enfoques ideológicos personales”.

—¿Qué tipo de posturas debieran tener los nominados, por ejemplo, sobre derecho internacional?

—El Gobierno debe velar por que respeten el espíritu de la ley de los derechos económicos y sociales, entendiendo que el Estado no puede ser objeto de presiones económicas (cita el fallo que ordena entregar medicamentos) y que tengan una mirada del derecho internacional que no socave la soberanía.

—Claudio Grossman dice que en EE.UU. los candidatos tienden a ser moderados, dado que el nominado del Presidente necesita el acuerdo del Senado. ¿Es posible pensar ese efecto en Chile?

—Eso es lo que debiera pasar.

Arellano tiene otra visión: Considera que el Gobierno debe fijarse en que los candidatos tengan habilidades administrativas y financieras, dado que la Suprema tiene a su cargo el “gobierno judicial”. “Y yo pondría énfasis en buscar jueces conocedores del derecho sustantivo, de fondo, para que sean capaces de unificar criterios, cosa que hoy no pasa mucho, y para determinar eso necesitan más tiempo de exposición y preguntarles mucho durante el proceso de candidatura”.

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