Miércoles 15 de Mayo de 2019

Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho de la U. de Chile:

“Todo el país se cae a pedazos”

El abogado reconoce la gravedad de la crisis institucional de la justicia: “Se ha producido un verdadero desplome, muy profundo”.

Por Lenka Carvallo

A simple vista, Pablo Ruiz-Tagle, el hombre que encabeza la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no encaja para nada con el perfil que podría atribuirse al decano de esta institución emblemática para nuestra historia republicana.

Tampoco se ajusta a la imagen del abogado conservador. Dice ser de sensibilidad feminista; considera que hay buenos argumentos para legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (necesaria, dice, “por una cuestión de dignidad”); en 2004 estuvo entre los que defendieron a la jueza Karen Atala cuando la Corte Suprema le quitó la tuición de sus hijos argumentando su homosexualidad, y también fue parte activa en desterrar la censura previa tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado chileno a exhibir en salas la “Ultima tentación de Cristo”, marcando así un precedente para la libertad de expresión.

Sin embargo, ninguno de estos logros permite atenuar un rictus tenso cuando aborda la crisis que hoy afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, que ya suma a un juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua formalizado por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; a dos fiscales (el regional de Rancagua, Emiliano Arias, y su subalterno, Sergio Moya) como protagonistas de una trama de acusaciones, cada una más inquietante que la otra, y al fiscal nacional, Jorge Abbott, cuestionado por su eventual responsabilidad en el descalabro. Todo alimentado por filtraciones, allanamientos y hallazgos en las casas de los propios persecutores, y un sinfín de revelaciones que bien podrían inspirar una serie en Netflix, una que ahora la ciudadanía sigue con avidez —y perplejidad— a través de la prensa.

“Me deprime leer el diario”, declara Ruiz-Tagle, quien cree que el problema sería aún más profundo.

“El servicio público no es para servirse uno mismo, sino que para construir algo más duradero. Pero cuando hay personas que se supone deberían cumplir una función importante, como es la justicia; o empresarios que en vez de dar trabajo, roban, estafan y defraudan; políticos que para financiar sus campañas recurren a toda clase de subterfugios y después se autoperdonan; o los curas, que uno esperaría que fueran una base moral, hoy llenos de encubrimientos, de acciones vergonzosas, abusivas; a uno le duele el país, pero dan ganas de estar en la línea de batalla contra esto”.

—Ya, pero no tire la pelota para el córner: profundice sobre la crisis...

—Es muy serio. Cuando todo el país se cae a pedazos, con criminales en todas partes, los fiscales tienen que colapsar. Son una institución para condiciones de normalidad, no para actuar en este nivel de deterioro. Sí, en Chile se ha producido un verdadero desplome, muy profundo.

—¿Un desplome institucional, social, moral?

—Una combinación de todo, con un resultado claramente más serio que cualquier otra cosa que hayamos visto con anterioridad. Nadie duda de que en Chile hay corrupción, y de la grande. Con orgullo podíamos decir que los carabineros no recibían sobornos en la calle, pero ahora hay 127 acusados y el fraude más grande de la historia de Chile. Y fíjese que fue descubierto por la acción inesperada de un fiscal en Magallanes. ¿Cómo no van a estar desconcertados los mismos persecutores? Hay mucha desorientación.

—¿En qué más se demuestra esta pérdida de brújula?

—Un ejemplo es el del fiscal nacional: quiso firmar un acuerdo con la Conferencia Episcopal, pensando en que quizás iba a existir una colaboración más expedita, y no se dio cuenta de que esto significaba darles a los curas un privilegio más. Aquí, nadie tiene la bala de plata, no hay una solución mágica para que esto mejore.

—Hoy, las críticas apuntan a una falla en la institucionalidad del Ministerio Público, que vuelve proclives a los fiscales a guerras de poder, tráfico de influencias a nivel político, etc. A 19 años de la puesta en marcha de la reforma procesal penal, ¿cuál es su evaluación?

—La reforma procesal penal ha funcionado bien, aunque con dificultades. Lo señaló el propio Abbott en su cuenta pública; yo estuve ahí y me impresionó. Dijo algo bien violento: que existen dos tipos de derecho penal; uno para el grupo de los poderosos y otro para los ciudadanos de a pie.

—Esa no es ninguna novedad...

—Pero que lo diga él es distinto. Además, hay una serie de áreas donde se protege a los poderosos: la fiscalía no se puede entrometer en cuestiones de delito electoral, cuando aquellos que roban y hacen trampas con las campañas son tan delincuentes como los que roban una tienda; sin embargo, estos delitos están reservados a una justicia electoral especial. Tampoco la fiscalía puede meterse en cuestiones de impuestos, ni de libre competencia o en temas del medio ambiente.

—Sin embargo, en aquellos donde sí podía actuar, el Ministerio Público tampoco estaba muy presente, como sucedía hasta hace poco con los delitos cometidos dentro de la Iglesia Católica.

—Sí, el tema religioso estaba vedado. Pero hay que reconocer que ha habido un cambio en la posición de la Iglesia, que siempre ha tenido privilegios.

—¿Está de acuerdo con que se obligue a los sacerdotes a denunciar delitos relatados bajo sacramento?

—Tiene que existir un espacio para la intimidad. No podemos vivir en una casa de vidrio. Al igual que para levantar el secreto bancario, o el secreto profesional, tienen que haber razones muy fundadas. Si todos tenemos derecho a saber lo que hacen los otros, se acaba la vida civilizada; no hay ninguna posibilidad de tener un espacio básico para la dignidad de la persona, que es un derecho fundamental.

—¿Usted es católico o masón?

—Soy un mal católico. Y tengo gran amistad y respeto por los hermanos masones; una organización virtuosa que ha hecho grandes contribuciones al país y muy importantes también para la Universidad de Chile, en especial por su rol en la educación pública.

—Ahora están cuestionados por la red de apoyos y supuestos favores que destapó la investigación del llamado “desastre de Rancagua”.

—No creo que tenga que ver con la masonería. Esperemos la sentencia de estos casos, porque lamentablemente hay mucha habladuría en los medios, y cuando finalmente sale la resolución, a nadie le importa, total el juicio público ya está hecho.

—Es primera vez en la historia que un juez es formalizado y habría otros por el mismo camino…

—Se está investigando en profundidad y eso es bueno. ¿Cuántos jueces pudieron investigar a los hijos de Pinochet, por ejemplo; o a familiares y amiguis de presidentes que se han enriquecido bajo su mandato? ¿Cuántos jueces han logrado investigar a otros miembros del Poder Judicial? Estamos viviendo cambios inéditos.

—¿Son tiempos negros para la justicia en Chile?

—Yo diría que oscuros, bien oscuros, pero no negros.

“Soy amigo de Carlos Carmona”

Ahora se cumple un año de la “ola feminista”, cuando estudiantes de 15 universidades a lo largo del país se tomaron una treintena de facultades, acusando discriminación y exigiendo el fin de la educación sexista. El episodio remeció con fuerza a la Escuela de Derecho de la Chile, institución gobernada históricamente por hombres.

Sofía Brito, una de las estudiantes más destacadas de su generación, ayudante en la cátedra de Derecho Constitucional, denunció al profesor titular del ramo, Carlos Carmona (exmiembro del Tribunal Constitucional y reconocido especialista), de propasarse con ella en más de una oportunidad.

Las alumnas se tomaron las aulas y exigieron el despido de Carmona, un profesor apreciado por el resto del cuerpo académico. El entonces decano, Davor Harasic, incapaz de llegar a entendimiento en los 74 días que duró la toma, presentó su renuncia.

En tanto que el académico acusado fue objeto de tres sumarios. Finalmente fue sancionado no por acoso, sino por haber remunerado económicamente a Sofía Brito como coordinadora. El profesor fue suspendido por tres meses, lo que no dejó conformes a las alumnas, aunque depusieron la toma por “marcar un precedente”.

Pablo Ruiz-Tagle, quien en 2015 había competido contra Harasic (perdió por 16 votos), esta vez logró ser elegido en el cargo.

—Se salvó raspando de ser usted a quien le tocara la crisis de 2018.

—Quién sabe… Tampoco quiero ser soberbio, no quiero decir que podría haber hecho las cosas distintas, pero… Siempre he sido muy sensible al tema del feminismo y de los abusos, algo que aprendí en Estados Unidos, cuando estudié en Yale, probablemente una de las escuelas de Derecho más intelectuales del mundo. Desde 1988 que hago clases sobre análisis feminista legal, que es mirar la legislación desde el punto de vista de género. Me veían como un bicho raro; pero en fin, siempre tuve la sensibilidad.

—¿Cómo vivió, entonces, el caso Carmona?

—Fue un caso muy doloroso; soy amigo suyo, es un jurista muy destacado. También conozco a Sofía Brito, una persona brillante. Fue una pena que esto haya sucedido entre dos personas tan capaces, tan importantes para la universidad... Valoro, especialmente, el gesto que tuvo el profesor Carmona, quien, finalizada la suspensión de tres meses, renunció para facilitar la normalización de la facultad. Fue un enorme sacrificio el suyo; él le tenía mucho cariño a su trabajo. Y así lo hizo saber cuando me presentó su renuncia. Hoy, Sofía Brito encontró un espacio de trabajo académico y sigue siendo ayudante de la misma cátedra. El ambiente es distinto.

—¿Llegarán a tener una decana alguna vez? Eso sí que sería distinto.

—Sería muy bueno; tengo una vicedecana extraordinaria, que estaría preparada una vez que llegue a ser profesora titular. No me cabe ninguna duda.

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