Miércoles 15 de Mayo de 2019

Oportunidad (de legislar) perdida

“Hay consenso político en que atrasar en un año más la corrección del sistema de pensiones tiene un alto costo en la calidad de vida de los jubilados”.

El lunes, la oposición rechazó —en las comisiones de Trabajo y Educación del Congreso— dos proyectos emblemáticos del Gobierno, la reforma de pensiones y la del sistema de admisión escolar. Las críticas hacia la oposición, acusándola de obstruccionista o de negarse a ejercer la labor para la que fueron elegidos, invitan a observar primero el mecanismo en cuestión, con independencia del mérito de las iniciativas.

En un sistema presidencialista como el chileno, la idea de legislar es un sano contrapeso por parte del Legislativo, pues obliga al Gobierno a representar en alguna medida los intereses de la oposición en los proyectos. Esto resulta más complejo en la discusión en particular, donde es más fácil para el Ejecutivo conseguir votos en artículos específicos. Por otra parte, el espacio en la agenda legislativa es un bien escaso, por lo que votar en contra de la idea de legislar, habiendo diferencias irreconciliables, previene largas y estériles negociaciones que, de paso, obstruyen otros proyectos.

Dicho eso, los criterios para aprobar la idea de legislar podrían resumirse en tres: primero, el costo asociado al rechazo, tanto para la ciudadanía como para la coalición que se niega a legislar (considerando que ello impide al Ejecutivo enviar un segundo proyecto en el plazo de un año). Segundo, cuán alejado está el proyecto de las propias convicciones en la materia. Y, por último, cuán dispuesto está el Ejecutivo a presentar indicaciones que reduzcan esa brecha.

En el caso del proyecto de pensiones, hay consenso político en que atrasar en un año más la corrección del sistema tiene un alto costo en términos de calidad de vida de los jubilados y que, por tanto, rechazar la idea de legislar es en sí perjudicial. De ahí que existan más acuerdos —como la necesidad de ampliar monto y cobertura del pilar solidario o introducir subsidios a mujeres— que desacuerdos, que se centran principalmente en quién debe administrar la cotización adicional. El Gobierno se había mostrado llano a crear un organismo público que lo administrara, además de introducir un porcentaje solidario dentro la cotización individual o incluso quitar a las AFP el rol del cobro de las pensiones. Ello lleva a pensar que el rechazo a la idea de legislar es, en este caso, una oportunidad perdida (distinto es el caso, por cierto, de la reforma al SAE, donde el costo para la oposición era más alto y no eran evidentes ni el consenso respecto de su necesidad ni la voluntad de negociar del Ejecutivo).

No parece que el problema radique, entonces, en la legitimidad del mecanismo, en la oportunidad de su utilización ni, obviamente, en el «patriotismo» de los diputados. Sí es posible, en cambio, que el rechazo de la idea de legislar termine haciéndole daño a la misma oposición, si se transforma en una estrategia sistemática o, como ha ocurrido hasta ahora, en el único mínimo común capaz de convocar a la centroizquierda.

Ladrones con estilo

J. J. Cruz

No sé si se trata de una verdad empírica o un lugar común, pero a cada rato escucho que Valparaíso es una capital artística, cultural, creativa y otros adjetivos por el estilo. “Capital del grafiti” la bautizó el diario El País de España. Quizás en eso estaban pensando los ladrones que el fin de semana abrieron un auto en el cerro Alegre y se llevaron seis maletas llenas de dagas, cofias, mallas, coronas y sombreros de bruja, utilería perteneciente a una compañía teatral británica que había llegado al Puerto para interpretar una obra de Shakespeare. ¿Casualidad? No lo sé. En diciembre, otros rateros —o capaz que hayan sido los mismos— se llevaron una caja con 50 obras de arte desde un camión detenido en un semáforo, a plena luz del día y a una cuadra del Congreso. Ya sabe: si caminando por Pedro Montt se topa con alguien vestido de Lady Macbeth o se encuentra con las piezas robadas el domingo en la feria de avenida Argentina, no se espante ni se sorprenda. Recuerde, como dijo Kevin Johansen, que es una ciudad mágica.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

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Fono: 2330 1111 (mesa central) Servicio al cliente: 2242 1111

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Calidad urbana


Señor Director:

En relación con los comentarios del profesor Ricardo Aravena sobre el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2019, publicados el miércoles 8 de mayo, me permito manifestar que esta herramienta, si bien aporta en forma significativa a determinar brechas de calidad de vida entre comunas y a tener una mejor aproximación a las dimensiones sobre las que se debe actuar para mejorar, efectivamente permite comparar año a año la posición relativa que alcanzan las comunas, pero no así construir una línea base a partir de sus puntajes para comparar las cifras obtenidas en distintos años.

¿Por qué? Porque hay un porcentaje de variables, que fluctúa entre 30% y 40%, que año a año cambian, producto, fundamentalmente, de la falta de actualización, continuidad, accesibilidad y/o representación de estadística a escala comunal.

Esta es una seria debilidad que debiéramos tratar de corregir en el menor plazo posible, mediante un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado. Contar con completas y actualizadas estadísticas territoriales es clave. En este sentido, la creación del Sistema de Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano (Siedu) por parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el INE es un esfuerzo valioso, como también el aporte que entrega el ICVU, pero todavía resultan insuficientes ante los desafíos de información que requiere un país con 346 comunas de características muy disímiles.

Arturo Orellana

Académico IEUT/PUC, director Proyecto ICVU


INE


Señor Director:

La autonomía institucional es esencial para los organismos técnicos, como el Banco Central, cuyo directorio está integrado por destacados doctores en Economía. Sin capacidad técnica, la autonomía puede ser catastrófica. En el INE, salvo Juan Eduardo Coeymans, los directores han tenido una escasa formación estadística. A nivel internacional, los INE tienen equipos que incluyen varios doctores en Estadística y en Demografía; en el Census Bureau de EE.UU., los directores satisfacen esta condición y han sido destacados doctores en esta disciplina. En Chile, una ley de 1970 exige que el director del INE sea ingeniero, lo que hoy resulta anacrónico dada la existencia de unos 50 doctores de Estadística en la academia y de programas de doctorado en Estadística, siendo el principal el impartido por la Universidad Católica de Chile.

Otra cosa sorprendente es que el INE sea el Instituto Nacional “de Estadísticas” y no “de Estadística”, como en los países desarrollados y en los demás países latinoamericanos. La distinción no es inocua: el primer nombre implica que la labor del INE se limita principalmente a la recolección de datos, su almacenamiento digital y algunos análisis básicos; el segundo trata a la Estadística como una disciplina científica que permite procesamientos sofisticados de la información. La actual crisis debiera ser utilizada para hacer una modificación sustancial del INE que lo asemeje en lo posible a los institutos de Estadística en países desarrollados.

Dr. Guido del Pino M.

Prof. titular Departamento de Estadística, P. U. Católica de Chile

Dr. Luis Mauricio Castro

Presidente Sociedad Chilena de Estadística


Agenda indígena


Señor Director:

Desde la Fundación Aitue queremos destacar la decisión del Gobierno de reimpulsar la agenda legislativa en materia indígena, más aún si ello es fruto de acuerdos transversales con parlamentarios de la región, lo que permitirá dar celeridad a su tramitación en el Congreso.

Los proyectos de ley del ministerio y de Consejos de Pueblos Indígenas posibilitan una nueva relación de estos con el Estado, incorporándolos a la institucionalidad pública. Ambas iniciativas son coherentes con la experiencia de Nueva Zelandia, Noruega, Colombia y otros, que con institucionalidad similar han podido ir resolviendo sus temas pendientes con sus pueblos indígenas.

De este modo se dan nuevos pasos para la construcción de una política de Estado en los asuntos indígenas que permita facilitar la interlocución entre autoridades políticas y representantes indígenas, junto con favorecer la coordinación de iniciativas y programas. Se sigue con ello los pasos trazados por la Comisión Asesora Presidencial del gobierno anterior y el Acuerdo Nacional para La Araucanía de la actual administración. La aprobación de estos proyectos contribuirá a la solución del conflicto intercultural en La Araucanía, sin lo cual es difícil que la región pueda alcanzar un desarrollo sustentable y en paz para todos sus habitantes.

Rosemarie Junge

Presidenta Fundación Aitue

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