Jueves 11 de Abril de 2019

Priorización de la oferta del Sename

Marcelo Sánchez

Fundación San Carlos de Maipo

Hace algunos días se conoció el aumento en la deuda del Estado con las colaboradoras del Sename por el uso del mecanismo del artículo 80 bis de la Ley 19.968, que faculta a los jueces de familia para disponer de cupos en residencias o en atención ambulatoria. En 2018, 45.774 niños recibieron atención bajo esta obligación, y poco más de mil ingresaron a residencias.

Ello es grave, no sólo porque la morosidad puede afectar la provisión de los servicios, sino porque también un tercio de la oferta disponible es priorizada en función de un mecanismo de uso extraordinario que se ha vuelto regular. Es necesario saber, en esta priorización, si quienes reciben un cupo lo hacen en los tiempos requeridos y de acuerdo a una necesidad específica y validada técnicamente.

Si suponemos que los cupos en el sistema de protección obedecen a una adecuada planificación de demanda, ¿por qué uno de cada tres niños ingresa por una vía excepcional? ¿La oferta ha sido subestimada o hay una demanda sin justificación que hace colapsar el sistema? ¿Estamos seguros de que quienes son prioridad para un diagnóstico ambulatorio realmente lo necesitan? Si hay un niño que lo requiere por una grave vulneración y no accede porque no hay oferta, y no puede ser derivado —o, peor aún, no tiene audiencia hasta meses después—, estamos ante un grave atentado contra sus derechos fundamentales.

¿Qué ocurrirá cuando las potestades de los tribunales sean asumidas por gestores de casos sin la debida protección administrativa? Las listas de espera en el sistema de protección significan, en la práctica, saber que un niño está en la desprotección absoluta y dejado a su propia suerte.

Enfrentamos serias interrogantes respecto de la forma de llegar con la oferta a quienes más lo necesitan. Tanto el Ministerio de Justicia y sus servicios como los tribunales de familia deben buscar una forma adecuada para responder de manera oportuna, pertinente y completa. Esto implica revisar si las derivaciones han sido adecuadas a la realidad de cada niño, y si tras las órdenes de búsqueda y recogimiento, o los egresos administrativos desde el Sename, se esconde una realidad que no está siendo vista ni priorizada. Lo que sucede con el 80 bis es sólo un síntoma de algo muchísimo más grave y que requiere voluntad política y capacidad técnica para comprometer oferta de calidad a cada niño que lo necesita, con la debida garantía y en el momento adecuado.

La caída de los santos

“Nos movemos entre la perfección y el desprecio, sin matices. Seguimos a héroes y santos, no a hombres como nosotros”.

Fernando Balcells

En estos días se conmemoran veinte años de la muerte del cardenal Raúl Silva Henríquez. Su obra en la defensa de los derechos humanos en Chile fue inmensa y no ha sido suficientemente reconocida. Su papel en la Iglesia es distinto. El cardenal Silva Henríquez no fue el primero de una nueva época sino el último de una vieja guardia displicente. Después de él entramos en la corta era de los encubridores activos. Antes de él, la permisividad era la regla; el abuso no era abusivo. Después de él ya no fue posible alegar ignorancia ni razones superiores para tolerar la pedofilia y los abusos espirituales y carnales.

Los hombres santos pierden su inmunidad cuando reingresan a la sociedad —que los mantenía a distancia, como intocables—, habiendo ellos mismos violado su consagración. En la Iglesia antigua estaban perdonados de antemano de los excesos de su amor; porque exceso y no defecto es lo que pide su vocación. Así pensaban los antiguos hasta hace unos meses. El límite era el de evitar el escándalo público.

La estatua del padre Renato Poblete, postulado unánimemente a la santidad, fue desmontada y va a ser fundida. La caída de los santos tiene más que ver con nosotros que con ellos. Hemos crecido en la admiración de las vidas ejemplares y en la contemplación de modelos que invitan más a la reverencia que a la imitación. Acostumbramos a verlos como personajes inmaculados que han enfrentado y derrotado las tentaciones y el pecado. Poblete, Precht y tantos otros fueron capaces de movilizar voluntades y fidelidades extraordinarias.

Es brusco y ligero dejar caer a los santos en el primer rebote de su humanidad. Nos movemos entre la perfección y el desprecio, sin matices. Seguimos a héroes y santos, no a hombres como nosotros. Unos deben ser seguidos por su ejemplo y otros porque merecen darnos órdenes. Entre las Vidas Ejemplares y las Vidas Ilustres, que se publicaban junto con Superman y Batman a principios de los sesenta, se movían distintas figuras de la pedagogía moral y política. Lo que tenían en común es que eran los que nos quitaban la carga de nuestra vida; eran nuestros salvadores. La pregunta no es qué hacemos ahora con ellos, sino cómo sobrellevamos la responsabilidad que nos pertenece. El dilema es enriquecer nuestras vidas con lo que otros han dado en abundancia, sin privarlos de sus fallas y del examen crítico de su humanidad.

De ellos es necesario rescatar el mandamiento de una compasión sin límites y sin renuncias. Nos entregaron ese mandato al que fallaron y su falla es la roca sobre la cual reconstruir una comunidad sin espíritus indemnes. La tarea que dejan como deuda es levantar una Iglesia transparente, histórica, abierta al mundo, reconciliada con las mujeres, con la educación de los jóvenes y con la democracia.

Sanciones en el mercado de valores

“Quienes

cometen ilícitos administrativos

en el mercado de valores difícilmente carguen con un estigma social

que les impida reinsertarse”.

Si hacemos una lista con las multas más graves impuestas en el ámbito de la regulación financiera, seguramente aparecerán nombres como Pablo Alcalde (La Polar), Julio Ponce (Cascadas) o José Yuraszeck (Chispas). Ahora bien, si tratamos de investigar sobre estos casos en la página web de la Comisión para los Mercados Financieros (CMF), nos encontraremos con una sorpresiva opacidad: más allá de algunos comunicados de prensa, resulta imposible acceder al expediente administrativo o a las resoluciones que impusieron las multas.

Ello es consecuencia de un dictamen de la Contraloría General de la República que exige limitar el acceso electrónico a estas resoluciones administrativas una vez que el infractor paga la multa correspondiente. El verdadero origen del problema, sin embargo, está en una antigua doctrina legal que busca extender las garantías del proceso penal a las sanciones administrativas. Como era esperable, después de una década de extensiones progresivas, esta doctrina está llevándonos a situaciones bastante absurdas.

Para empezar, las multas suelen ser reclamadas ante tribunales y los expedientes judiciales son públicos. Por esta razón, eliminar las resoluciones de la página web de la CMF, únicamente hace más engorroso el proceso de consulta y obliga a revisar el expediente judicial. Además, la publicidad de la sanción es fundamental para disuadir futuros ilícitos y fomentar el conocimiento de la regulación. Sin ir más lejos, en el ámbito de la protección del medio ambiente, es la propia ley la que ordena establecer un registro público con las sanciones administrativas.

Como se aprecia, la analogía con las garantías penales obliga a ponderar de manera equivocada los valores en juego. Es del todo razonable que una persona pueda borrar sus antecedentes criminales una vez que cumpla su condena, facilitando así su reinserción social y permitiéndole empezar una nueva vida. Pero quienes cometen ilícitos administrativos en el mercado de valores difícilmente carguen con un estigma social que les impida reinsertarse socialmente. Mientras Pablo Alcalde y José Yuraszeck siguen dedicados a sus negocios, Julio Ponce destaca como la segunda fortuna más alta del país, según el ranking de la revista Forbes.

Es importante aprovechar este proceso de instalación de la CMF para evaluar las prácticas administrativas que tenía la antigua superintendencia. Fomentar la transparencia del mercado de valores y fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestros reguladores parecen objetivos mucho más importantes que continuar con esta extensión irracional de las garantías penales a los procesos administrativos. Está en manos de la CMF hacer lo correcto, aunque ello implique discutir en las instancias legales que correspondan un dictamen que claramente necesita ser revisado.

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