Miércoles 3 de Abril de 2019

Eliminar exenciones, incluir al diésel y subir el costo de emitir dióxido de carbono

Cómo hacer más verdes los impuestos verdes

El proyecto del Gobierno es un avance al expandir las industrias que pagarán el tributo, pero sólo afecta a las fuentes fijas.

Por Camilo Castellanos

“Corregir el impuesto al diésel debería ser prioridad número uno”.

Juan Pablo Montero

Universidad Católica

“El proyecto corrige varios errores que tiene la ley actual. Amplía el ámbito de las industrias que deben pagar”.

Cristián Franz, exsuperintendente del Medio Ambiente

“Hay que mirar los mecanismos de compensación. En chile tenemos poco margen para darle un destino específico

a lo recaudado”.

Francisco Agüero

U. de Chile

“Lo más novedoso de la propuesta es que se elimina la referencia a calderas y turbinas, extendiéndose a todo tipo de fuente fija”.

Reinalina Chavarri

FEN U. de Chile

30

dólares por tonelada de CO2 emitida es el impuesto al que el Ejecutivo pretende llegar.

Cuando el Gobierno trata de salvar su proyecto de Modernización Tributaria, que arriesga ser rechazado por la oposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara, ha puesto sobre la mesa un tema que puede ser popular a nivel ciudadano: elevar los impuestos llamados verdes o que buscan que quien contamine, pague.

Pese a que no es relevante su recaudación (unos US$ 40 millones al año, según el informe financiero, frente a los US$800 millones que reduce la reintegración) y a que la oposición no los considera una compensación, el Ejecutivo apuesta a que estos impuestos sean “más verdes”. Y de llegar a la discusión en particular del proyecto, se podrían perfeccionar para hacerlos más efectivos.

“Para cumplir el compromiso que se adoptó en el Acuerdo de París (acuerdo global contra el cambio climático firmado en 2016), hay que subir el impuesto al dióxido de carbono (CO{-2}) y expandir el números de fuentes a las cuales ese impuesto afecta”, dice Juan Pablo Montero, doctor del MIT y profesor de Economía de la UC. Esto, agrega, debe ir acompañado de un alza en los tributos a las fuentes móviles, en especial, las que usan diésel.

El proyecto gubernamental avanza en dos de esos tres elementos: Amplía el número de fuentes a las que se cobra el impuesto y sube los US$5 que se cobran por tonelada de CO{-2} emitida.

Para el exsuperintendente del Medio Ambiente Cristián Franz, el proyecto corrige varios errores de la ley actual. Por ejemplo, “amplía el ámbito de las industrias que deben pagar el impuesto”. Esto, porque pasa de cobrar a las empresas que generan electricidad por tener 50 MW de potencia instalada, a las que tengan una emisión anual de 100 toneladas de material particulado y 25 mil toneladas de CO{-2}{-.}

También, porque propone eliminar la referencia a calderas y turbinas “extendiéndose a todo tipo de fuente fija”, explica Reinalina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la FEN de la U. de Chile.

Con esto se gravaría a todas las fuentes fijas emisoras sin importar la tecnología. “Antes se cobraba prácticamente sólo a termoeléctricas y a algunas agroindustrias. Ahora se incluyen fuentes nuevas, como las fundiciones”, dice Franz.

Un mayor universo de industrias debería elevar la recaudación, cree Paulina Riquelme, socia del estudio jurídico Eelaw. Sin embargo, advierte Franz, hay que ver el resultado neto. Ya que el proyecto también hace que varias empresas que tienen la capacidad de 50 MW instalada, pero que no alcanzan los valores anuales, dejen de pagar los gravámenes.

Otro avance que se alcanzaría con la reforma es que propone subir el costo por tonelada de CO{-2} emitida. “Ese impuesto es muy bajo para alcanzar los objetivos que se adoptaron en los acuerdos de París. Hay diferentes estudios sobre a cuánto se debería llegar, pero mínimo debería ser entre US$20 y US$30 por tonelada emitida”, dice Montero.

Hacienda propuso la semana pasada elevar de forma gradual el impuesto al CO{-2} desde los US$5 por tonelada hasta converger a la media internacional de US$ 30.

Lo que queda fuera

Pese a estos avances, hay otros elementos que el proyecto del Gobierno no toca y que, según los expertos, son necesarios para que los impuestos sean más eficientes. “Corregir el impuesto al diésel debería ser prioridad número uno”, dice Montero. Explica que el diésel, desde el punto de vista de la contaminación urbana o lo que se conoce como contaminación local, es “el problema más serio en el mundo”. “No tiene ninguna lógica la exención tributaria que tiene”, critica.

Francisco Agüero, académico de la U. de Chile, sin embargo, admite que es políticamente complejo. “Los chalecos amarillos en Francia aparecieron por tratar de incorporar impuestos verdes en combustibles”. Pero dice que dado lo eficiente en recaudación que es el impuesto específico a los combustibles, reformarlo para que incorpore al diésel sería muy útil.

Lo que se debería discutir

“Hay que mirar los mecanismos de compensación en impuestos verdes. En Chile tenemos poco margen para darle un destino específico a lo recaudado”, dice Agüero de la U. de Chile.

En varios países del mundo, explica Riquelme de Eelaw, la recaudación de los impuestos verdes se usa para fines medioambientales. “Constitucionalmente, en Chile no se puede. Pero, para que sea impuesto verde, debería estar dentro de una política general de reducción y minimización de emisiones en general y no sólo un pago por emitir”, agrega.

Montero, a su vez, cree que el valor de los impuestos verdes está en otras dimensiones. “Los impuestos tienen dos finalidades: recaudar y corregir las externalidades. Y esa recaudación permitirá no tener que subir otros impuestos. Es un muy buen instrumento, porque cumple con los dos objetivos”, dice.

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