Jueves 14 de Marzo de 2019

En los 17 años (de dictadura) la falta de probidad fue creando una cultura institucional en la que las FF.AA. estaban por sobre todo tipo de control y fiscalización”.

Es cierto que las administraciones son de alguna manera rehenes de Carabineros”.

“He tenido muy pocas pegas en mi vida”, se ríe el sociólogo UC y doctorado en la Washington University, Augusto Varas, al sintetizar su historial profesional: desde 1974 a 1994 en Flacso, viendo temas militares y de Relaciones Internacionales; representante por 12 años de la Fundación Ford para Colombia, Argentina y Chile y ahora presidente ejecutivo de Fundación Equitas, entidad sin fines de lucro que promueve la inclusividad y la democracia en el continente.

Sus años en Flacso lo transforman en un referente de la izquierda en materia de Defensa. La Universidad Adolfo Ibáñez lo sumó al equipo que escribió los 4 tomos sobre los 200 años de la Historia de Chile: él debió sintetizar en casi 30 páginas el papel de las Fuerzas Armadas. Voz autorizada, con él analizamos las tendencias que podrían explicar los problemas de corrupción que envuelven al Ejército, y las posibilidades de salir del atolladero: “Esto que se vive es tremendamente positivo, porque se está extirpando un tumor, se está limpiando la herida y se están creando las condiciones necesarias —pero no suficientes— para un cambio importante”, enfatiza.

—Desde la Colonia y la Independencia, el poder civil ha hecho esfuerzos por financiar la actividad militar. ¿Hubo desde entonces un concepto de fiscalizar o controlar su buen uso?

—La construcción de la nueva República se fundó en valores y, como lo señala Elvira López (historiadora), en sus orígenes se dio una fuerte crítica a la anterior administración real por su “nepotismo, la arbitrariedad, el enriquecimiento ilícito y los abusos”, al punto que en 1820 O'Higgins informaba al Senado que “los muy precisos, íntegros y proporcionados a nuestra administración, solo tendrán cabida”. Así, la fiscalización y el buen uso de los muy escasos recursos fiscales de la época eran tarea de cada funcionario del Estado.

“En dictadura se autoasignaron recursos y privilegios fuera de todo control”

—Para hacer el contraste con el caso Fuente-Alba, se recuerda la misión de espionaje de Arturo Prat en Argentina, donde devolvió gastos a rendir. ¿Es tan idílico el pasado?

—La honorabilidad es una cualidad moral que se encuentra con mayor o menor intensidad en cada época. En Prat, su honor de marino se vio fortalecido por la misión institucional que desempeñaba en esa época, ligada a la defensa y proyección estratégica del país. Cuando se relativizan o se pierden parámetros que organizan el rol del militar tenemos una crisis: Lo que hoy observamos al interior de algunas instituciones armadas es reprobable y muestra la ausencia del valor interno de probidad. La ética y el honor son parte de la educación básica en torno a la cual se organizan las instituciones castrenses modernas, profesionales y eficaces.

—Usted menciona que en el siglo XX, ante la ausencia de una política orgánica hacia las FF.AA. y los problemas de recursos, el Estado responde con apoyos habitacionales, de salud, e incluso “la expansión de los beneficios de importación para misiones militares en el exterior”. ¿No se incuba aquí la normalización de regalías para mejorar sueldos?

—Lo que expresa esa tendencia es más bien la ausencia de una política que le diera sentido a la tarea castrense. La clase política en esas décadas dejó a las FF.AA. metafóricamente “al garete”. No entendió y no quiso ver a las instituciones armadas como parte del desarrollo, modernización del Estado y proyección estratégica del país, acudiendo al expediente más fácil: otorgarles regalías y privilegios. En los 60 se llegó a entregarle a la Subsecretaría de Guerra la tutela de la Dirección General de Deportes y Recreación, como si el Ejército no tuviera otra importante tarea que desempeñar. Algo similar a lo que se propone hoy ampliando los roles militares al de guardabosques. Con todo, nada de lo anterior puede compararse con lo sucedido durante la dictadura, donde las cabezas institucionales se autoasignaron recursos y privilegios fuera de todo control, tanto civil como militar. A través de esos 17 años esa falta de probidad fue creando una cultura institucional en la que las FF.AA. estaban por sobre todo tipo de control y fiscalización.

—Los gobiernos civiles pos Pinochet ensayaron diversas estrategias de convivencia con las FF.AA. Usted describe varias en su libro, pero ninguna para fiscalizar sus recursos. ¿Esos gobiernos hipotecaron un mayor control a cambio de “encausar” institucionalmente en el proceso democrático?

—Cada gobierno ha tenido distintos desafíos en relación a las FF.AA. El de Aylwin, con Pinochet en la comandancia en jefe, fue el de evitar un golpe y, al mismo tiempo, hacer justicia; Frei, recuperar las dañadas relaciones con las FF.AA. en el período de Frei Montalva. En ninguno de estos dos casos se puso la fiscalización como meta central y el “encausamiento institucional” se fue produciendo gracias al derrumbe del poder de Pinochet.

—¿Lagos supuso un cambio?

—Con él se modificó el rol constitucional de las FF.AA. y de los comandantes en jefe, aun cuando la derecha no aceptó el mando completo del Presidente sobre éstas. Lo interesante en este caso es el control político que logró Lagos sobre las FF.AA. afirmando el mando presidencial per se , a consecuencia del llamado “servilletazo”, cuando los comandantes en jefe hicieron una demostración pública de fuerza corporativa siendo llamados al orden inmediatamente por el Mandatario (N de la R.: En mayo del 2000, los jefes de las FF.AA. y de orden filtraron un almuerzo en Borderío, que fue cubierto profusamente por la prensa, asociándolo con la inquietud uniformada por los juicios para desaforar a Augusto Pinochet por DD.HH.).

—¿Se acentuó esa tendencia?

—Durante el primer gobierno de Bachelet se avanzó mucho en la reorganización del Ministerio de Defensa, pero la oposición de derecha no permitió el mando superior del jefe del Estado Mayor Conjunto en tiempos de paz, que hubiera racionalizado el gasto militar. El primer gobierno de Piñera intentó darle un marco estratégico a las instituciones armadas, pero su idea de fortalecer la llamada “seguridad nacional”, dándole a las FF.AA. roles policiales, la hizo fracasar. En todo caso, el ministro Allamand intentó racionalizar las compras y separó los fondos de la ley de cobre dándole su administración financiera a Hacienda. Finalmente, todos los intentos por cambiar el uso de los recursos a las FF.AA. durante el segundo gobierno de Bachelet fracasaron por la oposición de sus ministros de Hacienda. Hoy existe la posibilidad de avanzar en algunos mayores controles, los que no se podrán realizar si no hay un cambio en la Ley Orgánica Constitucional de las FF.AA. Eso requeriría el concurso de parte de la derecha, lo que hoy día es dudoso.

—Piñera en El Mercurio afirmó que “durante el gobierno militar, las FF.AA. adquirieron una autonomía excesiva y pensaban que estaban al margen del poder civil y democrático”.

—Efectivamente. Y no solo “pensaban” estar al margen del poder civil y democrático: lo estaban. El marco institucional que regula a las FF.AA. en relación al Ejecutivo y el resto de los poderes del Estado y la sociedad está contenido en la Constitución, dándole a estas un lugar como poder del Estado que no les corresponde. A su vez, la Ley Orgánica Constitucional pone barreras insuperables al poder civil para controlarlas. Por eso, no basta con reconocer su autonomía corporativa; son necesarios cambios constitucionales y legales.

“Esas sumas no eran para Defensa: servían para el enriquecimiento personal”

—Pinochet el 17 de octubre de 1989 difundió una declaración de bienes “para testimoniarle a la comunidad la probidad con que había desempeñado su rol”. La cita es del fallo del caso Riggs, y como se concluye ahí mismo “ocultó deliberadamente cuantiosa fortuna”.

—Tal declaración muestra el nivel de impunidad y falta de control sobre las instituciones armadas en esos momentos. Pinochet sabía que nadie podría contradecirlo. Fue una investigación en los EE.UU. la que posibilitó que esos robos se hicieran públicos. Incluso después de 1990 la institucionalidad chilena era tan frágil que frente al caso de los “pinocheques”, cuando la Cámara intentó investigar el caso, las presiones castrenses y la voluntad presidencial lo dieron por terminado. Hoy día son los jueces quienes están poniendo orden al respecto.

—Ese mismo caso muestra cómo los dineros de la Casa Militar y de la Presidencia se usaban para distintos fines. Los primeros gastos detectados costearon la estadía de un hijo de Pinochet en EE.UU. Luego el ex comandante dijo no recordar eso, pero sí que al general Ballerino, quien sufría un tumor cerebral, lo llevó a tratarse al país norteamericano con fondos reservados.

—La apropiación corporativa y personal de esos dineros muestra, una vez más, que tales sumas no eran necesarias para la defensa nacional ya que servían para el enriquecimiento personal. Lo mismo podría preguntarse ahora respecto de los gastos reservados de los comandantes en jefe, los que en el caso de Fuente-Alba fueron a fines no militares. Si esas platas son utilizadas de tal forma, es legítimo preguntarse si tales sumas son necesarias.

“Las FF.AA. no quieren ceder”

—Usted dice que son necesarios cambios constitucionales y legales. ¿No basta con las buenas intenciones de un comandante en jefe del Ejército?

—Un comandante en jefe está inserto en una estructura y ésta es la que está maleada. Se requiere un jefe sobre él, un civil, que tenga una visión clara de los cambios necesarios y la modificación de normas constitucionales, legales, ¡hasta ordenanzas internas! ¿Cómo un comandante en jefe cambia la cultura interna sin espaldas civiles para hacerlo?

—El actual comandante en jefe, general Ricardo Martínez, habla de formar un Ejército Republicano.

—No quiero juzgar sus intenciones. Pero él mismo está metido en temas serios: aparecen todos los días problemas y por ello está en el área chica, muy chica. Mientras estos problemas de probidad no se resuelvan es muy difícil que pueda dedicarse a estos otros temas. Por lo demás, hay una resistencia: Las FF.AA. no quieren ceder en que se les revisen sus gastos reservados.

—Uno entiende que para el poder civil es difícil hacer reformas a contrapelo en Carabineros, pues ellos están en la calle controlando la delincuencia. ¿Cuál sería la lógica de poder que frena a los civiles meterse en este mundo, si ya ni la derecha tiene a Pinochet ahí?

—Es cierto que las administraciones son de alguna manera rehenes de Carabineros: lo vivió Bachelet cuando tras críticas por la manera de contener una manifestación, a la siguiente Carabineros casi se cruza de brazos y los desmanes aumentaron. En el caso de las FF.AA., no se puede esperar una reacción de la misma naturaleza, sino que hay un problema político: cuál es la concepción, el diseño de país que se tiene y qué lugar en ese diseño ocupan las FF.AA. Y eso no se ha discutido, ni tampoco hay acuerdo. Hay, como decía José Donoso, una especie de tupido velo que se corre sobre eso y no se habla de ello.

—El senador DC Jorge Pizarro señaló hace dos semanas que “en materia de control de gastos nunca (los dirigentes de la Concertación) tuvimos la oportunidad de construir mayorías políticas importantes que permitieran modificar esto. ¿Por qué? No porque no quisiéramos, es porque la derecha no estuvo disponible”.

—Efectivamente, la derecha no estuvo disponible en 2005 para hacer varios cambios propuestos por Lagos. Por el contrario, siempre ha insistido en el rol policial y no militar de las instituciones, faltándole conceptos e ideas de su rol en la proyección estratégica del país, al punto que las reformas presentadas hoy en el Senado no tienen un marco que le den racionalidad a los cambios propuestos.

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