Jueves 14 de Marzo de 2019

A 7 meses de aterrizar en Educación

La estrategia «de sobrevivencia» de la ministra Cubillos

Llegó con la instrucción de “mejorar la calidad”, pero su agenda muestra más dedicación a la coyuntura que avances en las promesas de campaña.

Por Jéssica Henríquez D.

Aunque apenas lleva siete meses en Educación —una de las carteras con mayor rotación de ministros—, la «estrategia de sobrevivencia» que está aplicando Marcela Cubillos parece estar dando resultados. Al menos ya superó a su antecesor, Gerardo Varela, quien estuvo sólo cinco meses en el cargo. Pero aún está lejos de alcanzar el año y medio que en promedio se han mantenido allí sus antecesores durante la última década. El récord de permanencia lo tiene la PPD Adriana Delpiano, quien estuvo 2 años y 9 meses.

Cubillos, quien fue 8 años diputada y formó parte de la Comisión de Educación, asumió el cargo el 9 de agosto con la instrucción expresa del Presidente Piñera de “mejorar la calidad en todos los niveles del sistema educacional”. Las polémicas salidas de libreto de Varela habían invisibilizado de la agenda pública las promesas educativas hechas en la campaña presidencial. En vez de hablar de “los niños primero”, de la modificación del Crédito con Aval del Estado o de la gratuidad para la educación técnica, se hablaba de las salidas de libreto del ex ministro.

Reencauzar la agenda era prioritario. Y Cubillos, en su primera entrevista como ministra de Educación (El Mercurio, 12 de agosto), habló de las urgencias del gobierno: “Poner el foco en el aprendizaje, volver a la sala de clases, aumentar la cobertura de la educación parvularia, fortalecer la educación técnico-profesional...”.

Pero de ese énfasis se ha visto poco. Y así lo ha hecho saber gente incluso de su propio sector. “Legislar en función de la contingencia puede llevar al gobierno a la irrelevancia, pues, siendo bien francos, tanto Aula Segura como Admisión Justa son necesarios, pero intranscendentes. Los proyectos esenciales para el país duermen plácidamente en el Congreso”, advirtió Sylvia Eyzaguirre, del CEP, en su columna de La Tercera a principios de mes.

Ya antes Daniel Rodríguez, director Ejecutivo del centro de estudios AcciónEducar, había advertido en diciembre la contradicción en los énfasis legislativos luego que le pusiera suma urgencia al proyecto de gratuidad para educación superior técnico-profesional. “Esto no sería tan grave si los niños estuvieran primero. Pero el emblemático proyecto de subvención para la educación parvularia sigue esperando”, escribió en La Segunda el 14 de diciembre, casi un mes antes que el Presidente Piñera anunciara su presentación en el Congreso.

Expertos menos afines al oficialismo como José Joaquín Brunner agregan a La Segunda: “Hasta acá, y con todas las habilidades de la ministra, el gobierno no ha logrado parar una agenda clara y coherente en Educación. Lo que importa son prioridades básicas, dos o tres medidas gruesas que se pretenden llevar adelante, pero eso no está claro. Se prometieron cosas y no se ve énfasis en esas cosas”.

Exigente delivery

Cubillos dejó el Ministerio de Medio Ambiente con una buena evaluación en las encuestas. Su paso por allí se le recuerda principalmente por poner fin a las bolsas plásticas en el comercio. Salió de ese ministerio con 65% de aprobación según Cadem. La medición dada a conocer el 25 de enero la sitúa con 53% de aprobación.

La estrategia de la ministra, dicen desde su círculo, se puede resumir en lograr el delivery que el Presidente suele exigir a sus ministros. “Es lo que le piden, tanto en lo legislativo como en medidas administrativas que se puedan gestionar rápido y le permitan construir un check list de avances que mostrar”, señalan.

En parte, porque el gobierno no cuenta con mayorías ni en el Senado ni en la Cámara. Pero, además, porque Cubillos no tiene aliados o interlocutores en la oposición como sí los tienen el ministro Chadwick o Blumel. “Las posibilidades de avanzar ahí son mínimas, más bien tiene detractores. Es cosa de ver quién preside las comisiones de Educación y quién las asumirá la próxima semana”, advierten. En ambas cámaras la presidencia de las comisiones pasará a parlamentarios frenteamplistas —Juan Ignacio Latorre (RD) en el Senado y Camila Rojas (IA) en la Cámara—, movimiento que nació al alero de las protestas estudiantiles de 2011.

En ese contexto y —tras la fallida experiencia con Varela en el Mineduc— no es descartable que, junto con mostrar avances concretos, el Presidente le haya pedido a Cubillos mantener la agenda «bajo control», evitando cualquier tipo de crisis.

Problema mayor

Una muestra del pragmatismo de Cubillos fue el caso de Arlén Aliaga, la primera alumna transexual que se matriculó en el Liceo 1. Con un movimiento feminista al alza, la ministra privilegió desactivar un potencial conflicto abriendo un cupo especial, aunque significara recibir críticas de sectores cercanos al oficialismo. “Por más dramático que sea el caso, ¿qué consistencia existe entre esta preferencia especial y el tipo de admisión justa que propone la ministra?”, preguntaron a comienzos de mes en El Mercurio los investigadores del IES Claudio Alvarado y Daniel Mansuy.

En lo legislativo, hasta ahora los proyectos Aula Segura y Admisión Justa la han tenido en la primera línea del debate.

Aula Segura surgió de la coyuntura: de fines del año pasado cuando algunos liceos sufrieron atentados con molotov de parte de alumnos encapuchados. De ese episodio salió fortalecida, ya que logró aprobarlo en el Congreso al revertir el rechazo de la oposición que la acusaba de criminalizar a los estudiantes.

Admisión Justa es en lo que ha estado focalizada desde diciembre. Entonces anunció que modificarían el Sistema de Admisión Escolar centralizado que ya se está aplicando en todo el país —excepto en la región Metropolitana, cuyo ingreso fue postergado luego de que en julio del año pasado el Congreso aprobara una ley presentada por Varela— porque habían detectado dificultades para su implementación. “Escuchamos las recomendaciones de la Universidad de Chile, de aplazar para el 2019 la incorporación de los colegios de la Región Metropolitana”, dijo en su minuto la senadora Provoste.

De paso, Cubillos reflotó la idea de restablecer la selección escolar por mérito en colegios de excelencia. Eso abrió un nuevo flanco con la oposición que acusa en estas iniciativas una contrarreforma a lo realizado por Bachelet, ya que significa modificar la Ley de Inclusión, aprobada en la administración anterior.

El recorrido de Cubillos por el país durante el verano no hizo más que fortalecer la idea de que hay que cambiar el sistema de admisión. El periplo por 26 comunas durante febrero ahora la tienen con un cuestionamiento en Contraloría, luego de que diputados de oposición cuestionaran la legalidad del viaje.

Pero las dudas en torno a implementar un sistema centralizado en Chile —tal como se aplica en Boston, Nueva York o Amsterdam— venían advirtiéndose al menos desde hace un año. Sergio Urzúa y Arturo Fontaine, en su libro “Educación con Patines”, señalaron sus reparos en febrero del año pasado, donde plantearon derechamente “será necesario evaluar su funcionamiento” frente al financiamiento compartido, “la segregación residencial y de transporte, y la deficiente calidad de la educación pública...”.

Para Brunner “no hay duda de que este tema no es menor, es de gran importancia. El punto es que no sabemos bien cómo lo quiere enfrentar el gobierno. Hasta aquí, había mandado un proyecto, pero en la mitad lo corrige y ahora la retira para presentar dos proyectos distintos”. Y aunque ambos fueron anunciados, aún no han ingresado al Congreso.

La estrategia es separar contenidos para facilitar la tramitación parlamentaria. Al aislar el tema del mérito, dice Brunner, “apunta a algo que tiene bastante apoyo en la sociedad: restituir la selección académica a los colegios formadores de élite”.

El problema, advierte, es lo que pasa con la admisión del resto del sistema escolar, donde está la mayor cantidad de matrícula. “Ahí no está bien claro qué quiere hacer, porque efectivamente es un problema mayor: cómo distribuir a los alumnos cuando la mitad de las oportunidades educativas que ofrecen son malas”, dice. Y agrega: “Primero debieron igualarse las oportunidades que se ofrecen a todos los alumnos de la educación pública. Por eso, señala, “el gobierno está al debe en aclarar —y pronto vamos a estar en la mitad de este período presidencial— lo que realmente quiere impulsar en Educación”.

Sin legado

El primer gobierno de Piñera estuvo marcado por las protestas estudiantiles. Pese a ello, el legado de esa administración es claro: los Liceos Bicentenarios y un cambio institucional mayor en la educación escolar que incluyó Ley General de Educación, Agencia de la Calidad de la Educación y Superintendencia del ramo.

Este segundo gobierno tendría el sello de la calidad. Es el legado que se prometió en campaña. Pero a un año de instalado, no ha habido avances significativos.

De los problemas heredados de la política de gratuidad universitaria —implementada por el gobierno de Bachelet— no se ha escuchado, pese a que los rectores han sido explícitos en decirle a quien quiera escucharles que están ahogados con los déficits que les está provocando. De manera frontal y directa, fiel a su carácter, Cubillos ha sido clara con los rectores en reuniones privadas sobre el tema: “No pueden alegar sorpresas. Entraron de manera voluntaria y todos conocían la ley. Advertencias hubo de todos lados de que esa política tenía problemas de diseño”.

Brunner concuerda con ella, pero advierte: “Ya ha demostrado lo que muchos advertimos, con mayor razón hay que tomar medidas. No porque el gobierno de Bachelet hizo lo que hizo, y lo hizo mal, el gobierno nuevo va a decir yo no me meto y paguen las consecuencias. El gobierno tiene que hacerse cargo. A este gobierno le van a pedir cuentas no de lo que hizo Bachelet, sino de cómo corrigió lo que sabía que estaba mal”.

Que 27 mil alumnos hayan perdido la gratuidad por atrasarse en sus carreras es otro de los síntomas del mal diseño y no hace más que presionar para reabrir el debate en torno al financiamiento universitario y de las instituciones. Será inevitable que el gobierno entre en la discusión. Ya dirigentes universitarios lo están pidiendo públicamente, y se han sumado parlamentarios de todas las bancadas, incluyendo algunos oficialistas como los RN Diego Schalper o Luis Prado.

Mientras, está funcionando una comisión de rectores. Y el protagonismo en educación superior se lo está llevando Juan Eduardo Vargas, jefe de esa división del Mineduc, quien —por ejemplo— encabezó las vocerías en torno al cierre de la Universidad del Pacífico. A juicio de algunos rectores del sistema, “pareciera que el fantasma de las protestas universitarias del primer gobierno de Piñera (cuando Lavín y Beyer tuvieron que dejar sus cargos) están acechando”.

De hecho, ha pasado casi un año desde que ingresó al Congreso el proyecto que quiere ampliar la gratuidad para los estudiantes de IP y CFT al séptimo decil de vulnerabilidad, pero su avance es lento: el 22 de enero se aprobó en general en el Senado y recién a fin de mes se cierra el plazo para indicaciones.

Y en educación escolar, tampoco hay movimiento de uno de los grandes temas que se deben implementar: la Nueva Educación Pública. La ley se promulgó hace dos años, pero aún no hay una hoja de ruta que muestre la estrategia que se usará para reposicionar a estos colegios. El plan —a cargo de la Dirección de Educación Pública (DEP)— debía estar listo en diciembre, pero el foco ha estado en llenar el cupo dejado por el director de la DEP hasta enero (Rodrigo Egaña). El cargo, que se elige vía ADP, ya fue declarado desierto una vez... y hoy se siguen recibiendo postulantes.

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