Lunes 14 de Enero de 2019

Pago oportuno para las pymes

“Será importante vigilar el empleo de la norma que permite acuerdos excepcionales, y poder así corregir a tiempo un eventual mal uso generalizado”.

Listo para su promulgación quedó el proyecto que da forma a la nueva Ley de Pago Oportuno. Dicha norma establece un máximo de 30 días, a contar de la recepción de la factura, para que las empresas hagan efectivo el pago a proveedores. De exceder ese plazo, la ley contempla intereses por día de moratoria, además de un pago extra por gestiones de cobranza. Lo mismo aplicaría para las prestaciones a servicios públicos, los que se exponen, además, a sanciones administrativas contra los funcionarios responsables de dicho atraso.

Lo anterior viene a reparar en gran medida una de las quejas más sentidas por las pequeñas y medianas empresas, que ven el financiamiento de corto plazo como una de sus principales carencias. Sin embargo, según el último Índice de Percepción y Expectativas de las pymes, el 53% de éstas cree que, a pesar de la ley, estos plazos no serán respetados. El mismo reparo han manifestado algunos gremios pymes, que califican la iniciativa como “letra muerta”. La desconfianza radica en la posibilidad que contempla la ley de firmar un contrato para extender dicho plazo, lo que, en un contexto de evidentes asimetrías en los poderes de negociación, podría devenir en que las grandes empresas obliguen a las pymes a extender los tiempos de pago.

Aunque esta queja no debe ser desestimada, es razonable que la norma sea suficientemente flexible para que los privados acuerden libremente sus condiciones contractuales. Además, la normativa considera una serie de resguardos frente a posibles abusos, como la consideración de competencia desleal en caso de incumplimiento sistemático de los plazos y disposiciones de la ley. Por otra parte, estos eventuales acuerdos de extensión deben ser ingresados en un registro del Ministerio de Economía, el que, al cabo de un año, deberá informar al Congreso de la implementación. Será importante aprovechar este mecanismo para vigilar de manera periódica el empleo de esta norma, y poder así detectar y corregir a tiempo un eventual mal uso generalizado de dicha herramienta. Por último, el texto legal es explícito en señalar que acogerse a esta modalidad tiene el carácter de excepcional. Disiparía dudas explicitar, en la posterior reglamentación, qué se entiende por excepciones, además de precisar si existen máximos en el plazo de prórroga o en la cantidad de veces que puede extenderse la fecha de pago.

Por lo demás, la ley cuenta con otras disposiciones que de todas maneras debieran ser celebradas por las pymes, como por ejemplo la expresa voluntad de imposibilitar el uso del denominado IVA crédito de aquellas facturas que se encuentren impagas. Dicha norma —sujeta a la facultad técnica, que debe ser informada por el SII— generaría un potente incentivo tributario para que, más allá de los plazos formales, las empresas paguen sus facturas a tiempo.

IVA a Uber o el tiro por la culata

Juan Gaspar Galt

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, lanzó la idea: subir la puntería de los llamados impuestos digitales desde el 10% que propone el proyecto de reforma tributaria al 19%, equiparando a la tasa del IVA. Con ello se lograrían recaudar, en régimen, alrededor de US$ 226 millones adicionales, y se podría además “emparejar la cancha” entre empresas locales, afectas al impuesto, y las extranjeras que se valen de apps para ofrecer sus servicios.

A la propuesta de la CPC se han unido otros economistas y empresarios. Terminar con discriminaciones arbitrarias en impuestos parece una idea loable, pero hay que ser cuidadosos en los detalles. Por ejemplo, advertir que el transporte de pasajeros es un servicio exento del IVA: el transporte público, el privado o los pasajes aéreos —ni siquiera los de primera clase— no pagan ese 19%. Por lo que, si de emparejar la cancha se trata, habría que eximir a las aplicaciones de transporte como Uber o Cabify de dicho tributo o bien eliminar la exención.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

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Fono: 2330 1111 (mesa central) Servicio al cliente: 2242 1111

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Prevenir, no curar


Señor Director:

Muchos pueden ver la invalidación de 49 permisos de obras en Estación Central como un triunfo de la ciudad frente a desarrolladores inmobiliarios que no ven más que números. Sin embargo, yendo al fondo del problema, este hecho también deja al descubierto la falta de planificación y proactividad del sector público en la materia. La tardía reacción del municipio demostró que tenían las herramientas para evitar estos proyectos y prever sus efectos. Proyectos de esa escala tardan meses en planificarse y luego llegar a construcción. Es por eso que reaccionar ante sus efectos una vez construidos denota, al menos, descuido.

Una iniciativa como el Ministerio de Ciudad y Vivienda muestra una nueva aproximación al problema; sin embargo, más allá de los nombres, es primordial contar con actitud más proactiva y estratégica de los organismos públicos involucrados. En arquitectura y construcción se debe “prevenir” y no “curar”, porque, lamentablemente, sus efectos son difíciles de contrarrestar.

Juan Pablo Corral


La Araucanía


Señor Director:

Ya parece más que prudente conjugar las palabras Gobierno, Estado de Derecho, desorden, La Araucanía y pantalones largos.

José Manuel Caerols S.


Ciencia y política


Señor Director:

Respecto a si la ciencia podría tener cierta independencia de la política, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, fue muy clara al decir que podría ser, “pero ya no más, estamos en La Moneda. La ciencia llegó a la política, no podemos desentendernos de ella…”.

Todos ganaremos con la participación de un científico en el consejo de gabinete de ministros; en este caso, el jefe de la cartera, Andrés Couve, el que hará que la ciencia esté presente en todos los temas y proyectos que se traten. Ya era hora.

Jorge Babul C.


Más patines


Señor Director:

El ex ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, refiriéndose al nuevo proyecto de ley que próximamente el Ejecutivo enviará al Congreso para la selección al ingreso de los estudiantes a los colegios públicos, manifestó que “detrás de esto debe haber alguna encuestilla, tal como ocurrió con el pacto internacional de migraciones”.

En realidad nada tiene que ver un proyecto con el otro. El autor, responsable de “sacarles los patines a los postulantes que los usan”, igualando por bajo, debiera haber utilizado esa desacertada analogía para enunciar la posibilidad de ponerles patines a los alumnos que no los tienen. Por lo tanto, lo más justo sería premiar a aquellos candidatos que gracias a sus esfuerzos tienen el mérito académico necesario para que sean considerados. No puede ser que por igualarlos, la suerte, mediante la tómbola u otro instrumento de medición, se compare con el mérito logrado con el esfuerzo empleado en aprender.

Pedro Romero Julio


Zonas típicas


Señor Director:

Hace unas semanas, el Barrio Suárez Mujica, en Ñuñoa, fue declarado zona típica. Con ello se consolida un sector de la comuna con evidente vocación patrimonial: un área de unas 150 hectáreas en la cual se encuentran el Estadio Nacional, Monumento Histórico desde 2003, y otras cuatro zonas típicas: la Villa Olímpica, el conjunto Empart Salvador, la Población de Suboficiales de la Escuela de Aplicación de Caballería y la Villa Frei.

Este caso se suma a otros ejemplos de protección patrimonial habitacional en Chile que dan cuenta de una estrategia utilizada por las comunidades organizadas. Mediante el uso de las categorías de protección establecidas en la Ley de Monumentos Nacionales, obtienen un espacio de reconocimiento y salvaguarda de los valores e identidades locales, amenazados por el desarrollo inmobiliario en altura.

Sin embargo, también hay problemáticas y desafíos a resolver. Primero, la sustentabilidad de esos barrios requiere de una adecuada articulación entre los marcos normativos que regulan su funcionamiento, así como recursos e incentivos financieros que armonicen la modernización con la protección.

Segundo, es necesaria una actualización de los instrumentos de planificación territorial para diseñar planes maestros de interés patrimonial y zonas de amortiguación. De esta forma, se compatibiliza la modernización urbana con el patrimonio emergente.

Marco Valencia P.

Investigador Centro Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje, U. Central

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