Jueves 10 de Enero de 2019

¿Es sólo la economía?

“Es importante que los actores políticos resignifiquen la forma de entender el concepto de valoración ciudadana de mediano-largo plazo o reputación”.

Juan Cristóbal Portales E.

Director Magíster Comunicación Estratégica UAI

En el último tiempo se ha instalado la idea de que la baja evaluación por la ciudadanía de la última gestión de Michelle Bachelet, y ahora la caída en la aprobación del actual gobierno de Sebastián Piñera, se deberían a su incapacidad de dar cumplimiento a la promesa de un crecimiento económico sostenido. ¿Hasta qué punto es esto verdad? Lo primero es no confundir la pregunta. Si tomamos un indicador de más amplio alcance, como la confianza, la respuesta es distinta.

Un análisis de Portales y Sousa (2018), que utiliza datos de la encuesta Latinobarómetro desde 2002, revisa cómo ha ido evolucionando la confianza ciudadana en los gobiernos en comparación a otras variables perceptuales. La primera aproximación es que este indicador no se movería al ritmo de la evaluación que la ciudadanía hace sobre la situación económica actual del país.

Desde la perspectiva de la opinión pública, lo importante es cómo la economía es experimentada y percibida por la ciudadanía, y —sobre todo— cuáles son las expectativas en torno a ella. Tomando los mismos datos de Latinobarómetro, la situación cambia cuando lo que se evalúa es el futuro. La confianza en el gobierno y la visión económica respecto del futuro, tanto personal como del país, sí muestran una mayor relación.

Sin embargo, para analizar el Chile de los últimos años se deben incorporar otras variables de orden social. Siguiendo los datos de Latinobarómetro, por ejemplo, de ocho años con información disponible, el segundo gobierno de Bachelet tiene dos de los tres períodos con peor percepción respecto de la justicia en la distribución de ingresos, lo que coincide con una baja confianza hacia su gobierno.

Algo similar sucede con la percepción respecto de si Chile es gobernado por grupos poderosos que actúan en su propio beneficio. Esta variable muestra su peor resultado en 2015, durante el gobierno de Bachelet.

Es importante, entonces, que los actores políticos resignifiquen la forma de entender el concepto de valoración ciudadana de mediano-largo plazo o reputación. Muchos definen el “gap de reputación” como la distancia entre la realidad (lo que se hace y cómo se hace) y la percepción de esa realidad por las personas. Pero la brecha no está ahí. Ella radica en la diferencia entre la realidad (lo que un gobierno o actor político hace) y las expectativas; esto es, lo que se espera que haga a la hora de resolver no sólo eventualmente lo económico, sino también las inequidades en materia de oportunidades, abusos, transparencia y medioambiente, entre otras temáticas emergentes. Este resulta ser un paradigma mucho más dinámico, subjetivo y profundo.

Una cancha más pareja

Sebastián Sichel R.

Vicepresidente

ejecutivo de Corfo

El emprendimiento está en nuestro ADN. El Global Entrepreneurship Monitor, el ranking Doing Business del Banco Mundial y la revista Forbes han destacado las características favorables de nuestras pymes. Por eso es que una de las prioridades de nuestro gobierno es resolver las fallas del mercado y expandir la base de nuestra economía para un crecimiento más equitativo. La Ley de Pago Oportuno o Pago a 30 días, uno de los compromisos de campaña del Presidente Piñera, es determinante en esta línea. No sólo porque es una mejora sustancial en las relaciones de intercambio comercial entre empresas. Es también un cambio estructural en nuestra economía para que todas las empresas, pequeñas o medianas, emprendedoras e innovadoras, puedan competir en igualdad de condiciones y seguir creciendo. Un mercado más justo hace posible que más actores participen de él.

Veamos algunas cifras: de acuerdo con la 4ª Encuesta Longitudinal de Empresas del Ministerio de Economía, el 46,4% de las empresas en Chile concentraba sus ventas en un solo cliente comercial, y el 50% de las empresas de menor tamaño declaraba haber sido víctima de prácticas abusivas. Y si bien en 2018 se han creado más de 122 mil empresas, cuatro de cada diez podrían no superar los tres años de vida por problemas de liquidez y gestión.

Con el impulso del Ministerio de Economía, el Pago a 30 días logró un amplio consenso en el Congreso, reivindicando una política de acuerdos que se hace cargo de las brechas y que elabora políticas públicas de largo plazo para emparejar la cancha. Este proyecto, además, se une a otros esfuerzos de nuestro gobierno: menores trabas para los proyectos de inversión productiva, factura electrónica y simplificación de trámites.

En Corfo somos parte de este desafío, y estamos trabajando intensamente en: i) integrar más actores en los ecosistemas de emprendimiento e innovación y transferencia tecnológica, ii) impulsar mayor valor agregado en nuestras industrias, y iii) incentivar la aceleración de los diferentes tejidos productivos en todo Chile. En 2018 simplificamos nuestros programas, aumentamos nuestra oferta en los territorios y fortalecimos la transformación digital como palanca de cambio para acortar brechas. Hoy somos una Corfo más ágil, simple y flexible, para apuntar hacia un crecimiento más equitativo y prepararnos para los desafíos del futuro.

Obediencia reflexiva

“Los episodios de corrupción, y las cárceles llenas de subordinados obedientes, obligan a explorar los límites de la obediencia debida”.

A propósito de los riesgos de someter a los jóvenes a una “dirección espiritual”, he escuchado distintos llamados a una obediencia reflexiva de las órdenes de la autoridad. Ese concepto es vital no sólo para evitar abusos carnales por parte de autoridades espirituales, sino para construir una arquitectura equilibrada de la autoridad y del consentimiento en todos los planos de nuestra vida en común.

Llevada la reflexividad al terreno militar y policial, ella debe fundar la reestructuración de las instituciones a partir de las exigencias contemporáneas de eficiencia y de coherencia social. En las tradiciones antiguas del pensamiento militar, la obediencia y la subordinación plena a la jerarquía constituyen un principio incuestionable. En la teoría de la vocación y de la profesión militar, la disposición, la posibilidad y el riesgo de entregar la vida por la Patria bastan para fundar toda excepción y toda improductividad. El encierro burocrático de las instituciones militares se basa en el privilegio que le otorga su desprendimiento radical.

Siempre existe el potencial de conflictos entre la racionalidad de una orden impartida y la naturaleza reflexiva que subsiste. En la tradición arcaica, la obediencia al superior es un principio inviolable. La obediencia no puede ser justificación de conflictos; ni aun en tiempos de paz. Toda orden se justifica como necesidad actual o preparatoria de la acción de guerra. Sin embargo, es tan patente la tentación sádica y la protección del mando que, por un principio de duda inexcusable, se debe someter a examen y clasificación a todas las categorías de instrucciones militares.

En algún punto de estos dilemas deben examinarse las justificaciones racionales de órdenes que son asimiladas a experiencias pedagógicas insustituibles. La cultura del maestro violento se abre, por una parte, a inscribir grandes volúmenes de conocimiento, a la mayor velocidad, en cuerpos naturalmente laxos e indisciplinados. La letra con sangre entra, como entra toda experiencia sangrienta en la vida de los sobrevivientes. En la segunda posibilidad del profesor violento están los egos paternales deficitarios amenazados por los retoños a su cargo. La arbitrariedad, la violencia, el sadismo, el temor reverencial y la obediencia instantánea son conexiones entre el sargento instructor y algún profesor de primaria.

Los abundantes episodios de corrupción y distorsión institucional, y las cárceles llenas de subordinados obedientes, nos obligan a explorar los límites de la obediencia debida y de la autarquía institucional que se sostiene en ella. Si un soldado no es capaz de resistirse a una orden ilegal e incluso criminal, lo que tenemos es una fuerza de autómatas que, como los robots de Asimov, deberá estar regida por leyes e instituciones adecuadas a nuestro tiempo.

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