Martes 27 de Noviembre de 2018

Pensiones y calidad del empleo

“De no incorporar la calidad del empleo en la discusión sobre reformas sociales, seguiremos construyendo protección social sin fundamento”.

Kirsten Sehnbruch

Investigadora COES, Observatorio Calidad del Empleo

La propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones indudablemente mejorará el nivel de jubilaciones de los chilenos, independientemente de si uno está de acuerdo o no con la formulación del proyecto. Pero mejorará solamente las pensiones de los trabajadores que cotizan. En la discusión de los detalles se echa de menos un debate serio acerca del vínculo entre el mercado laboral y las pensiones.

Las condiciones de empleo —en particular el nivel de ingreso, si un trabajador cotiza, si tiene un contrato y la estabilidad de ese contrato— son el fundamento del sistema previsional. Los datos del seguro de cesantía nos muestran que alrededor de un 30% de los cotizantes tienen un contrato a plazo. La mitad de esos contratos no dura ni tres meses, mientras que la duración promedia de los contratos a plazo no alcanza los diez meses. Y los contratos supuestamente indefinidos duran en promedio unos tres años. Entre contratos, los trabajadores dejan de cotizar: en promedio, esas lagunas son de cinco a seis meses. Con estos niveles de rotación laboral en el sector formal del mercado laboral, Chile no solamente se encuentra en el peor lugar entre los países de la OCDE, sino también en América Latina. Además, hay que considerar que aproximadamente un tercio de los empleos en Chile (según Casen 2017) son informales, es decir, que no cotizan. Y como siempre, los hogares con menos nivel de ingreso también son los más vulnerables: el 80% de los empleos en el decil 1 son de mala calidad. Esto se suma a la baja tasa de inserción laboral que exhiben esos hogares.

Frente a este dilema hay dos posibles soluciones para mejorar las pensiones: la primera es mejorar los sistemas de protección social a través de fondos fiscales que socialicen los riesgos. La segunda es establecer contribuciones que aportan a fondos solidarios en vez de sólo a cuentas individuales. La primera opción es costosa y la segunda no cuenta con un consenso político. Pero ninguna de estas dos medidas soluciona el problema de fondo: la mala calidad de los empleos en Chile.

El próximo 4 de diciembre, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), junto con la London School of Economics (LSE), lanzará un Observatorio de la Calidad del Empleo en América Latina, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pensamos que la calidad del empleo es el fundamento de los sistemas de protección social. Por lo tanto, el primer paso es conceptualizar y medir lo que entendemos por calidad del empleo. Luego se tiene que pensar cómo mejorarla e incorporar la calidad del empleo en la discusión sobre las reformas sociales. Si no, seguiremos construyendo protección social sin fundamento.

Salvarse solo

Diego Sazo

Escribir la historia como testigo es un privilegio de pocos. La razón es simple: un autor con cercanía a los hechos conoce mejor la microfísica de los acontecimientos, la costura de la trama, la cepa de los personajes. Tiene una ventaja innegable sobre el resto. Y aunque corre el riesgo de los sesgos, su relato posibilita acceso a valiosos pormenores, muchas veces desconocidos a ojos de los que escriben desde lejos. En política, el género del testimonio tiene larga data y posee gran valor al recoger las intrigas de poder que operan entre bastidores. Salustio y Cicerón atestiguaron con grandeza el devenir político de la antigua Roma. En el Chile reciente, ejemplos notables son las memorias de Jorge Arrate y Edgardo Boeninger.

El último libro de Ignacio Walker —“La Nueva Mayoría. Reflexiones sobre una derrota” (Catalonia, 2018)— lamentablemente no se ubica en esta tradición. El motivo principal: el apetito voraz del autor por ajustar cuentas con sus antiguos socios de coalición, antes que contribuir como protagonista político a un registro íntimo de la época. Walker, presidente DC entre 2010 y 2016, formula una crítica durísima al gobierno del que fue parte. El tono se calibra desde la primera línea: “Bajo el gobierno de Bachelet, y de la NM, nos alejamos de una trayectoria virtuosa de crecimiento, modernización y desarrollo como la que ha caracterizado a Chile en los últimos 30 años”. A Walker lo mueve la nostalgia y no perdona el abandono del enfoque “gradualista” de la Concertación por uno “refundacional” y “voluntarista” basado en un “personalismo excesivo” de la presidenta.

El libro tiene demasiado arrojo, es políticamente desmesurado. Porque a la hora de los balances, Walker se acomoda más en las críticas al PC y Bachelet que en los errores propios. Parece olvidar que la derrota de la NM tiene varios padres. Uno de ellos es él, como líder de un partido que reconoció no leer el programa de gobierno al que suscribía o que hizo de la prensa una trinchera de fuego amigo permanente. Al final, su rasgar de vestiduras suena a salvataje propio y capricho de príncipe, dejando a la deriva las futuras opciones de rearticulación entre el centro y la izquierda.

¿Por qué les cuesta cumplir la ley?

“Es difícil pensar qué razones adicionales necesitan nuestros legisladores para reformar un marco normativo claramente defectuoso”.

Durante la última década las isapres han perdido millones de recursos de protección por aumentar los planes de sus afiliados sin justificación. Aunque resulte extraño, la cifra está lejos de ser una exageración. No son cientos, ni tampoco miles, sino cerca de dos millones de sentencias que ordenan a las isapres abstenerse de esta práctica. Gran parte de las isapres, sin embargo, continúan haciéndolo hasta hoy.

Esto se debe a que, por una parte, existe un número importante de afiliados que se abstiene de reclamar, ya sea por ignorancia, desidia o falta de tiempo. A ello se agrega que la capacidad del mercado para disciplinar a las isapres es bastante limitada. Un estudio de Espacio Público muestra que nuestro sistema privado de salud tiene graves problemas de competencia. Cerca de un 40% de los consumidores no puede cambiarse de isapres debido a que alguno de los miembros del plan de salud se encuentra en un tramo de edad particularmente riesgoso, o bien tiene enfermedades preexistentes. El 60% restante, a su vez, también enfrenta dificultades significativas para cambiarse de proveedor, toda vez que el exceso de planes ofrecidos impide una comparación apropiada.

Como si todo esto fuera poco, la Superintendencia de Salud emitió hace algunas semanas una circular que instruye a las isapres para que disminuyan el valor de sus planes cuando alguno de los afiliados pasa a un grupo de menor riesgo. Es lo que sucede con las mujeres que dejan de estar en edad fértil, o los niños que superan un número de años. El problema es que las isapres tienen la práctica de esperar a que sus afiliados presenten un reclamo formal, antes de hacer efectiva la disminución que corresponde de acuerdo con las características reales del afiliado.

De este modo, el aumento de los precios se realiza regularmente y aunque carezca de una justificación en costos, esperando mantenerlo respecto de aquellos afiliados que se mantienen pasivos. Al contrario, la disminución de los precios se posterga a pesar de que efectivamente tenga una justificación en costos, esta vez esperando evitarla respecto de este mismo grupo de afiliados que se mantienen pasivos. En otras palabras, el modelo de negocio de las isapres pareciera estar dirigido a explotar a los usuarios con menor propensión a litigar en su contra.

Muchas empresas, en distintos ámbitos de negocios, consideran que la ley es solamente el piso mínimo y lo importante es hacer feliz a sus consumidores. Las isapres, por contraste, necesitan que sus consumidores las demanden para recién entonces cumplir ese piso mínimo. Es difícil pensar qué razones adicionales necesitan nuestros legisladores para decidirse a reformar un marco normativo claramente defectuoso.

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