Jueves 8 de Noviembre de 2018

Entre 2015 y 2016, según Chile Transparente

Senadores transparentaron sólo 12% de sus asesorías: Comité DC es el que menos publica

Cámara Alta gastó en ambos años $4.377 millones en este tipo de contratos.

Por Nicolle Peña

Como no tienen control externo del cumplimiento de esa ley no funciona bien”, María Jaraquemada, directora de incidencia de

Espacio Público.

Es una oportunidad perdida por parte de los

y las integrantes del Senado que no publican”, Octavio del Favero, director de incidencia de C. Inteligente.

Esto muestra la desidia y no entender que el valor de la transparencia es un deber”, Alberto Precht, director ejecutivo Chile Transparente.

DC: 2,6%

de informes

El comité DC, que hoy encabeza el senador Jorge Pizarro, fue el que menos informes transparentó. Consultada por La Segunda, la oficina legislativa del parlamentario descartó referirse al contenido del informe de Chile Transparente; señaló que sí han cumplido con la exigencia de subir a la web los informes 2018 y que no hay publicación de carácter retroactivo.

Las declaraciones de buena voluntad no bastaron. Tres meses después de que algunos comités de senadores se comprometieran a publicar los documentos de respaldo de sus asesorías externas, sólo 12,5% de las 1.645 contratadas entre 2015 y 2016 fueron informadas en la web institucional de la Cámara Alta, según un estudio de Chile Transparente. Todo esto, en medio de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía al respecto, luego de que el año pasado se detectaran casos de presunto plagio, por ejemplo en trabajos para el senador Alejandro Guillier.

En cuanto a los costos, de acuerdo a un análisis de la Dirección de Presupuestos, el Senado gastó en este tipo de asesorías $4.377 millones en total en el periodo citado, tanto a través de los parlamentarios como de los comités.

La promesa de los legisladores surgió luego de que, a comienzos de agosto, la comisión de ética negó una solicitud de acceso a la información formulada por el capítulo local de Transparencia Internacional. La entidad solicitó el material correspondiente al período 2015-2016 que ahora se analiza.

La idea original del presidente del Senado, Carlos Montes (PS), fue publicar todos los informes. Sin embargo, tras la resistencia interna entre sus pares, finalmente la mesa optó por mandatar que se transparentaran sólo los de este 2018. Pero, la presión pública que generó la petición de Chile Transparente llevó a que los comités accedieran a ampliar este compromiso.

La cruzada la encabezaron los socialistas, quienes, en ese entonces, emitieron una declaración señalando su determinación de “hacer públicos los informes de asesorías desde el año 2015, en línea con lo expresado por el presidente del Senado”. A ellos les siguieron los senadores de Chile Vamos. Pero, finalmente, los socialistas publicaron 12% de las asesorías de cada legislador (no se contabilizaron las contratadas por el comité, que fueron las que finalmente se publicaron); RN 24,8% y la UDI 17,9%.

Los comités con porcentajes más bajos fueron el PPD y la DC, que, de acuerdo a Chile Transparente, publicaron sólo 7,7% y 2,6% respectivamente (ver recuadro).

“Esto muestra la desidia y no entender que el valor de la transparencia es un deber que, por lo demás, han entendido la mayoría de las instituciones del Estado; lamentablemente en el Senado no se ha visto materializado. Sigue habiendo una negativa a publicar”, dice Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.

El abogado insta a poner fin a la “opacidad del Senado”, a través de la creación de un organismo independiente que se encargue de la transparencia del Congreso, cuestión que no aborda el proyecto de ley que envió recientemente el Gobierno al Parlamento.

“Más allá de la voluntad política, esto no se está traduciendo en información que desde 2005 debiese ser absolutamente pública, ya que ese año se hizo la reforma constitucional. Lamentablemente las suspicacias siguen abiertas. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué hay en esos informes y si los dineros fueron gastados correctamente”, insiste Precht.

Presión de las ONG

“El tema clave es más control externo. Porque, por la Ley de Transparencia ya deberían hacerlo, pero como no tienen control externo del cumplimiento de esa normativa, no funciona bien”, señala María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público. “No podemos depender de la buena voluntad de los senadores o de la voluntad política de turno”, comenta. A su juicio, un proyecto clave para lograr cambios en este aspecto es el que modifica la Ley Orgánica del Congreso en materia de probidad y transparencia, que hace dos años tramita el Senado.

Concuerda con ella Octavio del Favero, coordinador de incidencia de Ciudadano Inteligente: “Es una oportunidad perdida por parte de los y las integrantes del Senado que no publican”. Añade que “lo grave es que esa actitud deja un manto de duda sobre la institución completa porque no permiten que sea la ciudadanía la que juzgue quienes han hecho un buen o mal uso de las asesorías. Lo que es una irresponsabilidad en momentos de baja confianza en el Congreso”.

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