Miércoles 12 de Septiembre de 2018

Esta es la operación de inteligencia más grande que jamás hubo en Chile”.

Nelson Caucoto

El rasgo fundamental del juez Madrid es la acuciosidad”.

Álvaro Varela

Los acusados por el juez

Raúl Lillo Gutiérrez, agente de la DINA, como autor.

Doctor Pedro Valdivia Soto, como cómplice.

Patólogo Sergio González Bombardiere, como encubridor.

Patólogo Helmar Rosenberg Gómez, como encubridor

Doctor Patricio Silva Garín, como autor.

Luis Becerra, chofer de Frei e informante de la CNI, como autor.

Después de 15 años de investigación, el caso de Eduardo Frei Montalva comenzó hace un mes la etapa de plenario y el juez Alejandro Madrid ya redacta la sentencia. Más allá de los elementos a considerar para condenar o absolver a los seis acusados, los descubrimientos hechos por él en este tiempo evidenciaron una forma de operar de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, entre el ‘80 y el '90, quedando para la historia revelaciones como el seguimiento organizado a personajes públicos opositores y el proyecto de uso de armas químicas.

Aunque la familia Frei siempre sospechó que la muerte de su padre —ocurrida el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María— fue un homicidio, debieron pasar 13 años para que surgiera una pista: en 1995, Mariana Callejas, agente de la Dina, reveló en una entrevista que después del deceso del ex presidente escuchó al químico Eugenio Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”. Y dijo que inmediatamente pensó en Frei. El mismo año de esa revelación, el cadáver de Berríos fue hallado en Uruguay.

Con el tiempo se fueron sumando más antecedentes, hasta configurar una serie de “pruebas indirectas”, que Madrid ha investigado durante un período que excede al promedio de tramitación de casos de Derechos Humanos, cercano a los diez años.

“Hay gente que dice que el juez Madrid es lento, pero yo no lo veo así. Esta es la operación de inteligencia más grande que jamás hubo en Chile. No hay otro caso que se le compare en cuanto a complejidad. Él ha tenido que ir abriéndose el camino a través de su propia experticia como juez, porque nadie ha colaborado y trabajar así no es fácil”, dice Nelson Caucoto, actual abogado querellante por la familia de Frei Montalva.

Álvaro Varela representó a los Frei en este caso Frei hasta 2011, y coincide con la descripción del estilo Madrid: “El rasgo fundamental de él es la acuciosidad. Todos los pasos dados así lo demuestran”.

Hay varias investigaciones que, en todo caso, exceden los 15 años de investigación el juez: algunos capítulos de la Operación Colombo, Calle Conferencia, Caravana de la Muerte La Serena y Operación Cóndor, por ejemplo. En las dos últimas pronto se dictará sentencia.

Cerco de vigilancia

Los principales descubrimientos del juez Madrid se produjeron entre 2003 y 2012, cuando a la vez investigaba el caso Berríos, una causa cuyos datos comenzaron a cruzarse y fueron configurando varias de las evidencias que se levantaron en el plenario.

Ahí está, por ejemplo, la existencia de un círculo de vigilancia en torno a Frei en la época que él se enferma: el juez acreditó que la DINE estaba al tanto de la operación que se le realizaría y que su chofer, Luis Becerra, supuestamente de confianza, trabajaba para ese organismo. Madrid, en su acusación, sostiene que Becerra respondía a Raúl Lillo Gutiérrez (empleado civil primero de la DINA, luego de la CNI y posteriormente del DINE), quien el 2015 fue condenado a 10 años y un día por el secuestro de Berríos.

El juez investigó entonces qué pasó los días previos a la operación y supo de la entrada a la clínica de personeros del Hospital Militar. Al lugar también habrían llegado médicos de la ex DINA, uno de ellos fue Pedro Valdivia Soto.

Madrid constató además que tres días antes de la intervención, el pabellón donde Frei sería operado cerró, con prohibición de ingreso a cualquier persona; y que habían sido arrancadas de su ficha clínica las hojas que contenían los registros anteriores a su muerte.

Otro descubrimiento fue la administración del producto Transfer Factor al ex Presidente, traído desde Estados Unidos supuestamente para mejorar sus defensas. Bajo determinadas formas de administración, sin embargo, tenía el efecto contrario.

En el marco del caso Berríos, Madrid allanó la casa de los padres del ex DINA, encontrando libros de química con apuntes de su puño y letra donde daba cuenta de la combinación de talio y gas mostaza.

El juez estaba tras la pista de la existencia de un laboratorio dependiente del DINE donde Berríos trabajaba con toxinas. Coincidiendo con las crisis de salud de Frei, en diciembre de 1981 murieron en la Cárcel Pública cuatro presos políticos del MIR y dos reos comunes. Madrid, en una investigación paralela, condenó por este hecho a cinco personas el 2017.

También estableció que la DINA había usado gas sarín para la eliminación de personas, como en el caso del cabo Manuel Leyton, crimen por el cual también hay condenas.

Peritajes al cuerpo

Talio y gas mostaza son, justamente, los elementos que las tanatólogas de la U. de Chile Laura Borgel y Carmen Cerda informaron al juez el año 2008 haber encontrado en los restos de Frei tras estudiar durante cuatro años las muestras obtenidas en la exhumación (2004).

La coincidencia entre los apuntes de Berríos en sus libros y las sustancias encontradas por las tanatólogas es para el juez Madrid un punto que inclina la balanza a la tesis de homicidio.

El peritaje, sin embargo, fue contrastado con otros realizados en el extranjero, como el que evacuó en 2017 el perito español Aurelio Luna, contratado por la misma familia Frei, y que descartaba el envenenamiento: dijo que se había tratado de un “shock séptico”, estudio que Madrid descartó introducir en el plenario.

La autopsia

Dos años antes de la querella presentada por la familia Frei, el historiador Cristián Gazmuri lanzó el libro “Eduardo Frei Montalva y su Época” (2000), donde daba cuenta de la existencia de una autopsia al ex Presidente que estaba en el Instituto de Anatomía Patológica del hospital clínico de la Universidad Católica.

La familia inició una investigación propia al respecto y, tras tiras y aflojas para la entrega, el ministro decretó su incautación. El hecho que la UC nunca haya dado cuenta de la existencia de esta autopsia ante los tribunales fue lo que determinó dos procesamientos por encubrimiento.

Incluso en este estado del caso, existen varias dudas por resolver. Primero, quién ordenó que se realizara: los médicos acusados apuntan al doctor Roberto Barahona, fallecido ya cuando la autopsia se descubrió. Otra, por qué se necesitaba: Helmar Rosenberg dijo que interesa saber sobre las secuelas de una tuberculosis que habría sufrido Frei en su juventud, pero ese estudio ya había sido realizado.

Además, se dijo que se necesitaba embalsamarlo para que el cuerpo resistiera los tres días de velatorio que se realizarían en la Catedral, pero el juez averiguó que no era necesaria más que una inyección de formalina.

Otra pregunta no ha tenido siquiera una posible respuesta: por qué el cuerpo no fue trasladado a la UC para realizar la diligencia en un lugar habilitado sino que se hizo en la misma pieza donde murió.

Destrucción de archivos

Una línea de investigación seguida por Madrid entre 2011 y 2017, que Caucoto destaca, es la relativa a la destrucción de archivos de seguimientos y escuchas telefónicas realizadas por la CNI y la DINE a personajes de connotación pública.

El ministro constató su existencia a través de una decena de testimonios, pero nunca pudo dar con ellas: los microfilms habían sido incinerados el año 2000, muy avanzada la democracia.

La investigación sobre la muerte del ex Mandatario —cerrada por el juez Madrid a fines del año pasado— llegó a tener 50 tomos. En el plenario, que comprendió 20 días entre julio y agosto, declararon cerca de 40 testigos.

Tras el cierre, la defensa del doctor Valdivia presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad y pidió que Madrid no fuera quien fallara el caso porque consideran que, después de tantos años de investigación y una declaración en conferencia de prensa en que mostró su convicción de que Frei había sido asesinado, pese a que sólo había decretado procesamientos, su imparcialidad es cuestionable. El TC acogió a trámite el recurso, pero no paralizó el caso.

En paralelo a la redacción de la sentencia, está a la espera de algunas “medidas para mejor resolver” que buscan determinar si, como dicen los acusados, realmente se le comunicó a la familia Frei que se realizaría la autopsia (algo que nuevamente se alegó en el plenario), otras que buscan determinar el estado de salud mental de algunos imputados y declaraciones de testigos que no pudieron asistir al juicio por su estado de salud.

Ramificaciones políticas marcan historial del caso

Fallo marcará futuro del subsecretario Castillo

La investigación de la muerte de Frei Montalva tiene innegables alcances políticos. De hecho, la actitud del propio Eduardo Frei Ruiz Tagle de no pronunciarse por este tema durante su Presidencia, se ha explicado en el pasado por el deseo de evitar que se le criticara usar la primera magistratura para impulsar un caso particular. Otro momento cuando el caso sacó chispas políticas fue para las elecciones presidenciales de diciembre de 2009: Una semana antes de los comicios que enfrentaban a Eduardo Frei con Sebastián Piñera, el juez Alejandro Madrid procesó por el crimen a seis personas. El abogado querellante de esa época, Álvaro Varela, hoy rechaza cualquier lectura política de esa resolución: “Si se esperaba siempre habría existido un momento incómodo, porque estaba la elección en primera vuelta, después venía la segunda vuelta, después la probabilidad de que fuera presidente”.

La sentencia que prepara Madrid tendrá derivadas inmediatas en el juego político, pues entre las diligencias finales que pidió a la PDI antes de dictar sentencia es especificar las potestades del director del Hospital Clínico de la UC entre 2000 y 2003, cuando hubo versiones erráticas desde este recinto sobre la existencia o no de una autopsia a Frei Montalva. El actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo ejercía tal cargo en 2000, por lo que cualquier definición de Madrid podría inclinar la balanza entre su permanencia en el gobierno o —como lo pide la DC— su salida del gabinete, de considerarse que de alguna manera no ayudó al avance del proceso. Y esto, de paso, podría influir en las relaciones de la democracia cristiana con el Ejecutivo y sus deseos de desplegar una agenda de unidad nacional.

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