Miércoles 12 de Septiembre de 2018

El ministro redacta la sentencia

El largo camino del juez Madrid para esclarecer muerte de Frei

Quince años de investigación, que llegó a tener 50 tomos, lleva el magistrado. Logró avances al seguir en forma paralela el caso del químico de la DINA Eugenio Berríos.

Malú Urzúa.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Alejandro Madrid, el pasado

26 de julio.

Después de 15 años de investigación, el caso de Eduardo Frei Montalva comenzó hace un mes la etapa de plenario y el juez Alejandro Madrid ya redacta la sentencia. Más allá de los elementos a considerar para condenar o absolver a los seis acusados, los descubrimientos hechos por él en este tiempo evidenciaron una forma de operar de la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, entre el ‘80 y el '90, quedando para la historia revelaciones como el seguimiento organizado a personajes públicos opositores y el proyecto de uso de armas químicas.

Aunque la familia Frei siempre sospechó que la muerte de su padre —ocurrida el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María— fue un homicidio, debieron pasar 13 años para que surgiera una pista: en 1995, Mariana Callejas, agente de la Dina, reveló en una entrevista que después del deceso del ex presidente escuchó al químico Eugenio Berríos comentar que “no había mejor manera de liberarse de un indeseable que con una gota de estafilococo dorado”. Y dijo que inmediatamente pensó en Frei. El mismo año de esa revelación, el cadáver de Berríos fue hallado en Uruguay.

Con el tiempo se fueron sumando más antecedentes, hasta configurar una serie de “pruebas indirectas”, que Madrid ha investigado durante un período que excede al promedio de tramitación de casos de Derechos Humanos, cercano a los diez años.

“Hay gente que dice que el juez Madrid es lento, pero yo no lo veo así. Esta es la operación de inteligencia más grande que jamás hubo en Chile. No hay otro caso que se le compare en cuanto a complejidad. Él ha tenido que ir abriéndose el camino a través de su propia experticia como juez, porque nadie ha colaborado y trabajar así no es fácil”, dice Nelson Caucoto, actual abogado querellante por la familia de Frei Montalva.

Álvaro Varela representó a los Frei en este caso Frei hasta 2011, y coincide con la descripción del estilo Madrid: “El rasgo fundamental de él es la acuciosidad. Todos los pasos dados así lo demuestran”.

Hay varias investigaciones que, en todo caso, exceden los 15 años de investigación el juez: algunos capítulos de la Operación Colombo, Calle Conferencia, Caravana de la Muerte La Serena y Operación Cóndor, por ejemplo. En las dos últimas pronto se dictará sentencia.

Cerco de vigilancia

Los principales descubrimientos del juez Madrid se produjeron entre 2003 y 2012, cuando a la vez investigaba el caso Berríos, una causa cuyos datos comenzaron a cruzarse y fueron configurando varias de las evidencias que se levantaron en el plenario.

Ahí está, por ejemplo, la existencia de un círculo de vigilancia en torno a Frei en la época que él se enferma: el juez acreditó que la DINE estaba al tanto de la operación que se le realizaría y que su chofer, Luis Becerra, supuestamente de confianza, trabajaba para ese organismo. Madrid, en su acusación, sostiene que Becerra respondía a Raúl Lillo Gutiérrez (empleado civil primero de la DINA, luego de la CNI y posteriormente del DINE), quien el 2015 fue condenado a 10 años y un día por el secuestro de Berríos.

El juez investigó entonces qué pasó los días previos a la operación y supo de la entrada a la clínica de personeros del Hospital Militar. Al lugar también habrían llegado médicos de la ex DINA, uno de ellos fue Pedro Valdivia Soto.

Madrid constató además que tres días antes de la intervención, el pabellón donde Frei sería operado cerró, con prohibición de ingreso a cualquier persona; y que habían sido arrancadas de su ficha clínica las hojas que contenían los registros anteriores a su muerte.

Otro descubrimiento fue la administración del producto Transfer Factor al ex Presidente, traído desde Estados Unidos supuestamente para mejorar sus defensas. Bajo determinadas formas de administración, sin embargo, tenía el efecto contrario.

En el marco del caso Berríos, Madrid allanó la casa de los padres del ex DINA, encontrando libros de química con apuntes de su puño y letra donde daba cuenta de la combinación de talio y gas mostaza.

El juez estaba tras la pista de la existencia de un laboratorio dependiente del DINE donde Berríos trabajaba con toxinas. Coincidiendo con las crisis de salud de Frei, en diciembre de 1981 murieron en la Cárcel Pública cuatro presos políticos del MIR y dos reos comunes. Madrid, en una investigación paralela, condenó por este hecho a cinco personas el 2017.

También estableció que la DINA había usado gas sarín para la eliminación de personas, como en el caso del cabo Manuel Leyton, crimen por el cual también hay condenas.

Peritajes al cuerpo

Talio y gas mostaza son, justamente, los elementos que las tanatólogas de la U. de Chile Laura Borgel y Carmen Cerda informaron al juez el año 2008 haber encontrado en los restos de Frei tras estudiar durante cuatro años las muestras obtenidas en la exhumación (2004).

La coincidencia entre los apuntes de Berríos en sus libros y las sustancias encontradas por las tanatólogas es para el juez Madrid un punto que inclina la balanza a la tesis de homicidio.

El peritaje, sin embargo, fue contrastado con otros realizados en el extranjero, como el que evacuó en 2017 el perito español Aurelio Luna, contratado por la misma familia Frei, y que descartaba el envenenamiento: dijo que se había tratado de un “shock séptico”, estudio que Madrid descartó introducir en el plenario.

La autopsia

Dos años antes de la querella presentada por la familia Frei, el historiador Cristián Gazmuri lanzó el libro “Eduardo Frei Montalva y su Época” (2000), donde daba cuenta de la existencia de una autopsia al ex Presidente que estaba en el Instituto de Anatomía Patológica del hospital clínico de la Universidad Católica.

La familia inició una investigación propia al respecto y, tras tiras y aflojas para la entrega, el ministro decretó su incautación. El hecho que la UC nunca haya dado cuenta de la existencia de esta autopsia ante los tribunales fue lo que determinó dos procesamientos por encubrimiento.

Incluso en este estado del caso, existen varias dudas por resolver. Primero, quién ordenó que se realizara: los médicos acusados apuntan al doctor Roberto Barahona, fallecido ya cuando la autopsia se descubrió. Otra, por qué se necesitaba: Helmar Rosenberg dijo que interesa saber sobre las secuelas de una tuberculosis que habría sufrido Frei en su juventud, pero ese estudio ya había sido realizado.

Además, se dijo que se necesitaba embalsamarlo para que el cuerpo resistiera los tres días de velatorio que se realizarían en la Catedral, pero el juez averiguó que no era necesaria más que una inyección de formalina.

Otra pregunta no ha tenido siquiera una posible respuesta: por qué el cuerpo no fue trasladado a la UC para realizar la diligencia en un lugar habilitado sino que se hizo en la misma pieza donde murió.

Destrucción de archivos

Una línea de investigación seguida por Madrid entre 2011 y 2017, que Caucoto destaca, es la relativa a la destrucción de archivos de seguimientos y escuchas telefónicas realizadas por la CNI y la DINE a personajes de connotación pública.

El ministro constató su existencia a través de una decena de testimonios, pero nunca pudo dar con ellas: los microfilms habían sido incinerados el año 2000, muy avanzada la democracia.

La investigación sobre la muerte del ex Mandatario —cerrada por el juez Madrid a fines del año pasado— llegó a tener 50 tomos. En el plenario, que comprendió 20 días entre julio y agosto, declararon cerca de 40 testigos.

Tras el cierre, la defensa del doctor Valdivia presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inaplicabilidad y pidió que Madrid no fuera quien fallara el caso porque consideran que, después de tantos años de investigación y una declaración en conferencia de prensa en que mostró su convicción de que Frei había sido asesinado, pese a que sólo había decretado procesamientos, su imparcialidad es cuestionable. El TC acogió a trámite el recurso, pero no paralizó el caso.

En paralelo a la redacción de la sentencia, está a la espera de algunas “medidas para mejor resolver” que buscan determinar si, como dicen los acusados, realmente se le comunicó a la familia Frei que se realizaría la autopsia (algo que nuevamente se alegó en el plenario), otras que buscan determinar el estado de salud mental de algunos imputados y declaraciones de testigos que no pudieron asistir al juicio por su estado de salud.

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