Lunes 10 de Septiembre de 2018

Cristina Bitar

La Haya: derecho y política

Dos son las causas pendientes que tiene Chile con Bolivia en La Haya. Un caso iniciado por Bolivia donde reclama negociaciones tendientes a lograr una salida al Océano Pacífico y otro iniciado por Chile por el acceso a las aguas del río Silala. Respecto del primer caso, si bien el tema había estado algo en silencio después de los alegatos finales en marzo, estamos ad portas de conocer el fallo.

Ante ello, caben cuatro grandes escenarios. El más favorable, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declare que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia, zanjando la disputa de una vez por todas. La segunda opción es que se declare que sí corresponde negociar, pero que no se establezcan condiciones sobre el contenido de las discusiones. Una tercera alternativa es que se establezca que debe haber negociación con ciertas condiciones y garantías. Por último, el peor escenario, es que se obligue a negociar con alguna mención a la soberanía en los temas a tratar, aunque esto último es poco probable. Como sea, ninguno de estos escenarios supone un cambio en el territorio chileno.

El Presidente Piñera se enfrenta, nuevamente, con el problema de hacerse cargo de los resultados de un fallo del cuál tiene poco control. Al igual que con el caso peruano, la demanda boliviana y su tramitación tuvo lugar, en su mayoría, durante el gobierno de la coalición rival. Sin embargo, uno de los principios de la política exterior chilena es que consiste en un tema de Estado, donde las diferencias políticas internas pasan a segundo plano. Por lo mismo, La Moneda debe preparar una estrategia basada en la unidad, cualquiera sea el resultado.

Lo más complejo de manejar, incluso comunicacionalmente, es la dimensión política de la CIJ. Nos gustaría pensar que sus fallos obedecen a una aplicación aséptica del derecho, donde sólo caben consideraciones de hecho y derecho. Sin embargo, los conflictos de frontera son tan jurídicos como políticos, y los gobernantes los ocupan para su propio beneficio. La Corte sabe eso y, como se demostró en el caso contra Perú, puede generar soluciones creativas que buscan un equilibrio jurídico y político a la vez. Ese es el riesgo ahora, sobre todo en el caso por el Silala. Un mal escenario ahora pueden ser buenas noticias en el futuro, o viceversa. Lo importante es no perder la perspectiva. No se nos va la vida en este fallo.

Una persistente discriminación

¿Por qué (…) las isapres mantienen una conducta que no se “toma en serio” la interpretación que prohíbe la discriminación por sexo y edad en los planes de salud?

Luis Cordero Vega

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (“TC”) declaró contrario a la Constitución que una isapre estableciera una verdadera barrera de acceso a un plan de salud familiar ya suscrito, al aumentar el valor a una madre por su hijo recién nacido. El TC recuerda que, a pesar de haber declarado la inconstitucionalidad de la tabla de factores el año 2010 por el uso de criterios como sexo y edad (elementos inherentes a la condición humana que no pueden ser utilizadas para evaluar riesgos), la isapre mantuvo en los hechos esa discriminación y, lo que es peor, utilizó una interpretación interesada sin que se “tomara en serio” lo señalado en esa oportunidad por el TC.

La imputación realizada por el Tribunal es grave y de algún modo refleja lo que pareciera ser una cultura empresarial, que, de acuerdo a las cifras del estudio Sofofa- Cadem, sostenidamente está entre los tres servicios de menor confianza para los chilenos.

Si se aprecian los datos de la División de Estudios de la Corte Suprema, es posible deducir que, tras la inconstitucionalidad de la tabla de factores el 2010, se produjo una explosión de recursos judiciales contra las isapres principalmente vinculados al alza en los planes de salud y ajuste en las primas Auge. Según esas cifras, entre 2011 y 2017, el 73% de los casos conocidos por el máximo tribunal se refieren a este sector.

¿Por qué pese a las decisiones del TC y la posición de la Corte Suprema las isapres mantienen una conducta que no se “toma en serio” la interpretación que prohíbe la discriminación por sexo y edad en los planes de salud?

Una de las razones es que sin una reforma legal precisa, sigue siendo conveniente para ellas litigar antes que ajustar su comportamiento. Al optar por una estrategia de este tipo no sólo perjudica a los usuarios, sino que también a la sociedad en su conjunto, congestionando el sistema judicial y debiendo pagar todos los contribuyentes las externalidades provocadas por decisiones que generan rentabilidad privada, pero provocan una “irracionalidad colectiva”.

Pareciera sensato esperar que este sector y el Estado se tomen en serio lo que está pasando, poniendo término a esta política de discriminación, especialmente cuando las aseguradoras sólo cubren al 16% de la población con previsión de salud y al 33% de las personas asalariadas, siendo el acceso a la salud una de las principales preocupaciones de los chilenos hacia el futuro, por lo que la demanda por un sistema de seguridad social efectivo será cada vez más persistente, de manera que el retraso en una reforma legal al sistema es, a estas alturas, sencillamente insostenible y su omisión sólo alimentará una judicialización que seguiremos pagando todos.

Crecimiento y empleo

“Si la economía sigue creciendo a tasas altas (…) continuará el proceso de generación de empleo asalariado en el sector privado”.

La tasa de desempleo aumentó en el último año de 6,9% a 7,3%. El análisis aislado de este indicador podría llevar a concluir que el mayor crecimiento no se ha traducido en una mejoría en el mercado laboral, lo que sería paradójico.

Según la teoría económica, mientras mayor el crecimiento mayor será la creación de empleo asalariado en el sector privado. Este es el indicador más importante para evaluar el impacto del crecimiento en el mercado laboral. En cambio, el empleo por cuenta propia puede aumentar con mayor fuerza en épocas de debilidad al ser una alternativa para evitar el desempleo, y moderarse durante las recuperaciones, ante la expectativa de mejores oportunidades de empleo asalariado.

La relación del crecimiento con la tasa de desempleo es menos clara, ya que teóricamente el impacto del crecimiento en la fuerza laboral (la oferta de trabajo) es ambiguo. Cuando la economía está en fase negativa algunas personas fuera de la fuerza laboral se integran debido a que algún miembro del hogar perdió el trabajo, aumentando la oferta. Por otro lado, parte de la fuerza laboral se desalienta por la falta de oportunidades de empleo y dejan de buscarlo, quedando clasificados como inactivos en vez de desocupados (reduciendo la oferta de trabajo). En periodos de recuperación en cambio, las mejores expectativas incentivan a incorporarse a la fuerza laboral.

Entre 2010-2013 Chile creció 5,3% promedio y se crearon 178 mil empleos privados promedio anual, representando el 62% de la creación de empleo, mientras que los de cuenta propia constituyeron el 24%. En contraste, en el frenazo económico (de 2014-2017) crecimos 1,7% promedio, y el empleo privado aumentó en apenas 23 mil puestos, representando sólo 19% de la creación de empleo. El trabajo por cuenta propia, en tanto, representó el 54% del total. Así, este último tuvo un rol crucial durante el frenazo económico.

Ahora que la economía se recupera la composición de la creación de empleo da cuenta de ello. En el trimestre mayo-julio de 2018 el empleo asalariado privado aumentó en 67 mil puestos, representando el 57 % de la creación de empleo, recuperando el liderazgo que había perdido en el frenazo.

Lo que sería paradójico es que el mayor crecimiento no se tradujera en una mayor creación de empleo asalariado privado, pero ello sí está ocurriendo. Pero el autoempleo se ha moderado, incidiendo en el crecimiento del empleo. Además, la fuerza laboral crece más que en el frenazo, por lo que estaría predominando el efecto de mejores expectativas.

Si la economía sigue creciendo a tasas altas y en forma sostenida continuará el proceso de generación de empleo asalariado en el sector privado, lo que se traducirá finalmente en una mayor absorción de personas que ingresan a la fuerza laboral. Es decir, no hay tal paradoja.

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