Viernes 7 de Septiembre de 2018

Lucas Sierra, subdirector del CEP:

“Estas acusaciones constitucionales vienen de la flojera del FA”

El investigador espera que el libelo contra los ministros de la Suprema se rechace “y se termine esta moda de hacer oposición”.

Por Nicolle Peña

Llama doblemente la atención porque el Gobierno es minoría en ambas

cámaras, por lo que se le podría poner presión política con relativa facilidad,

sin fuegos de artificio”.

Una discusión profunda del régimen político, para exorcizar el populismo, se demanda en estos días a juicio del subdirector del Centro de Estudios Públicos (CEP), Lucas Sierra, al observar hitos como la fallida acusación constitucional contra el ministro de Salud y la que se encuentra en curso contra los supremos. En una entrevista vía e-mail , el especialista en derecho constitucional e instituciones públicas advierte que se ha incurrido en el abuso de un mecanismo excepcional.

“Hay tensiones distintas. Las realmente graves me parece que son las acusaciones constitucionales”, afirma. “La del ministro de Salud y la actual contra tres jueces supremos son artificiosas, voluntaristas, un abuso del procedimiento. Algunos analistas tratan de explicarlo, de justificarlo, en realidad, diciendo que el derecho a acusar existe y que se está ejerciendo. Además de ser tautológico, esto es un error porque oculta el hecho de que la acusación es un mecanismo extremo y que debe ser muy excepcional. Estas acusaciones lo banalizan, agravando artificialmente el problema de los sistemas presidenciales que es el de carecer de salidas políticas a las tensiones políticas entre Gobierno y Congreso. Es irresponsable”, dice. También advierte: “Creo que estas acusaciones vienen principalmente del extravío o de la falta de ideas o de la flojera, o de todo esto junto, del Frente Amplio y de algunos otros a la hora de ser oposición. Y llama doblemente la atención, porque el Gobierno es minoría en ambas cámaras, por lo que se le podría poner presión política con relativa facilidad, sin recurrir a estos fuegos de artificio”.

—El abogado Luis Cordero planteó que “la falta de confianza puede debilitar las instituciones y alimentar el populismo” y que el país “está siendo sometido a un intenso estrés institucional”.

—Tiene razón. Hay una relación inversamente proporcional entre instituciones y populismo: mientras más débiles las primeras, más fuerte puede ser el segundo. El populismo se caracteriza por un ejercicio del poder directo, inmediato, entre el líder y la masa, sin la intermediación de instituciones. Para evitarlo, las instituciones fundamentales son los partidos. En Chile, como en muchos países, se han debilitado; aquí todavía son relevantes y, gracias a las últimas reformas de su ley, pueden afirmarse más. Pero los partidos serán verdaderamente fuertes si el Congreso es fuerte. Aquí hay una tarea pendiente: el presidencialismo que tenemos debilita al Congreso y, de paso, a los partidos. Si queremos de verdad exorcizar el populismo, deberíamos estar discutiendo el régimen político, sin perder el tiempo en acusaciones pirotécnicas cuyo resultado, paradójicamente, volverá a debilitar al Congreso.

—¿A qué tipo de presidencialismo deberíamos apuntar?

—El proceso legislativo está demasiado cargado hacia el Presidente de la República, quien tiene iniciativa exclusiva en muchas materias y maneja el ritmo del proceso. Los parlamentarios no tienen condiciones para verdaderamente involucrarse en el devenir el país, tomar crédito si éste va bien o pagar un precio si va mal. Por otra parte, el Congreso no tiene mecanismos efectivos para hacer efectiva la responsabilidad política del Gobierno. Las interpelaciones sirven de poco. Cuando hay una diferencia entre Gobierno y Congreso, no hay una salida política fluida. Sólo existe el misil de las acusaciones, que exigen razones jurídicas (abandono de deberes), no políticas, por lo que son traumáticas. Para la reforma, deberíamos mirar, por ejemplo, el semipresidencialismo francés: un Presidente electo responsable ante la ciudadanía y un Primer Ministro responsable ante el Congreso. Separar Estado y gobierno, con mecanismos para reducir el mal del semipresidencialismo: la cohabitación.

—Siete ex ministros del Interior DC afirmaron en una carta a El Mercurio que tensionar las relaciones entre poderes del Estado “sólo puede allegar dificultades a la ya difícil situación en que se encuentra la reputación pública de nuestras instituciones”. ¿Qué tanto afectan los episodios en curso?

—Este tipo de acusaciones pueden afectar la confianza pública, sin duda. Son tan artificiales que generan incredulidad, alejan, dan la imagen del Congreso como un espacio de frivolidad. Espero que la acusación contra los jueces se rechace como la anterior y se termine esta moda de hacer oposición. Que gobierno y oposición se vean las caras en la arena propiamente política y no en la cuasi-judicial de las acusaciones constitucionales, una forma muy perversa de la ya perversa “judicialización” de la política. Si se tiene un problema con las libertades condicionales de violadores de DD.HH., en el propio Congreso hay un proyecto que modifica la ley respectiva (...) Se acusa a los jueces por tener interpretaciones perfectamente compatibles con la ley vigente. Mientras tanto, la reforma de esta ley duerme en los escritorios de los acusadores.

Sierra también previene que, de prosperar la acusación, “pone en peligro esta cara externa de la independencia” que los jueces tienen respecto de otros poderes del Estado, “pues los parlamentarios se arrogarían para sí la interpretación de la ley aplicada a un caso ya fallado. Fallarían ellos, suplantando a los jueces”.

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