Lunes 13 de Agosto de 2018

Un problema de expectativas

“La evaluación de la gente respecto de la economía tiene poco que ver con cifras concretas y mucho con percepciones”.

Cristina Bitar

En 1992, en medio de la campaña presidencial de Bill Clinton, su estratega James Carville acuñó la frase “la economía, estúpido”. La sentencia se ha convertido en un cliché en el mundo político y, como todo cliché, tiene tantos significados como personas que la enuncian. Pero lo que Carville tenía claro, y sigue vigente, es que lo que más importa son las percepciones. En el caso de Clinton, hablar de economía se trataba precisamente de eso.

La última entrevista de Michelle Bachelet, en la que evaluó a la economía como “debilucha”, muestra que ella y su equipo tienen absoluta claridad del mensaje de Carville. Bachelet se valió de los números que muestran un aumento en el desempleo para plantear que el país no estaba avanzando con la rapidez o la fuerza con la que Sebastián Piñera prometió. Su análisis no fue detallado ni complejo; esbozó una idea simple y la dejó correr.

Tanto el Presidente Piñera como el ministro de Hacienda recogieron el guante y acudieron a las cifras: el país está creciendo a una tasa inédita en los últimos cuatro años, estamos saliendo del estancamiento y, en comparación con el último gobierno, el equipo económico actual parece ir por buena senda. Para reforzar el mensaje, usaron los dichos de Bachelet en los que da a entender que el crecimiento no era su prioridad. Una estrategia acertada, pero insuficiente.

La caída en las encuestas es el clásico enfrentamiento entre expectativas y realidad. Hoy, los gobiernos tienen cada vez menos tiempo de luna de miel. Además, al ser un Presidente en un segundo período, hay menos paciencia en el electorado. Por eso la frase de la economía debilucha es tan efectiva comunicacionalmente: las expectativas no se están cumpliendo con la rapidez esperada.

El dilema es complejo. El despegue de la economía no sólo depende de la acción del Ejecutivo. Nos encontramos en un escenario incierto —por las amenazas de guerra comercial— y, como apuntan correctamente en el gobierno, el aumento del desempleo es resultado directo de un mayor optimismo por encontrar trabajo, que puede presionar al mercado laboral más de lo necesario.

La evaluación de la gente respecto de la economía tiene poco que ver con cifras concretas y mucho con percepciones y expectativas. Por lo mismo, el camino es más largo que un par de declaraciones. Sólo con reformas estructurales para mejorar la competitividad, modernizar el Estado y simplificar el sistema tributario, Chile puede dar un salto mayor en crecimiento y creación de empleo en el corto plazo. Después de cuatro años de estancamiento, las expectativas son más altas que nunca. El gran desafío para el Gobierno es avanzar y comunicar al mismo tiempo. Es de esperar que al Presidente y al ministro de Hacienda les vaya bien en ese cometido.

Alfredo Joignant

El inmenso impostor

La polémica que rodea a Mauricio Rojas, flamante ministro de las Culturas y las Artes, es emblemática para la memoria de la última catástrofe de Chile. Poner en entredicho al Museo de la Memoria por parcial y productor de amnesia colectiva, de estupidez (está hecho “para atontarte”), para en seguida recular y asentar un conveniente “esos dichos no reflejan mi posición actual”, es un acto de frescura rara vez visto para conservar el cargo. Rojas es un impostor, del mismo modo en que lo era Enric Marco, líder de la Confederación Nacional del Trabajo, opositor imaginario al franquismo y emblema de un cierto heroísmo de buen tono durante buena parte de la nueva democracia española. Rojas es una mezcla de verdades, mentiras, énfasis y omisiones deliberadas: desde un falso militantismo en el MIR hasta un exilio mentiroso, oportunista, pasando por un probable martirio materno en Villa Grimaldi hasta una radical negación —posteriormente amplificada— no de una vida, sino de un breve episodio biográfico de izquierda. Javier Cercas lo vio muy bien, en su libro “El impostor”, a propósito de Marco: «¿Y la verdad? La verdad es que, según descubrí a medida que le iba quitando capas a la cebolla de la biografía de Marco, esa sarta de mentiras se amasó naturalmente con verdades».

Esto es Rojas, nuestro Enric Marco chileno: un producto edulcorado, de todo menos genuino, cuyo éxito reside en la ignorancia de los recovecos de una vida rara. Él verá qué hacer con una vida cuyas contradicciones no son fáciles de digerir por el común de los mortales, ni menos por quienes hemos roto con nuestros pasados sin incursionar en ese extraño ejercicio de travestismo cursi que se presenta como originador de un converso que lidia, y conversa con el psicoanalista, el sacerdote, o que transita por la vía que lo lleva a la virtud (“yo supe ver la luz”).

Toda esta discusión es estéril: los casos de Ampuero (bastante más tragable, al ser conocido por todos y cuyas razones —verídicas— fueron asimiladas por todos, sin aspavientos) y sobre todo de Rojas enrabian, no porque no sea posible cambiar de posición y de visión de mundo, de «Weltanschauung», sino porque a veces el oportunismo se ve con demasiada claridad. Rojas es eso: sentido de la oportunidad, producción de una conveniente caricatura, una ficción con elementos de realidad para producir algo que no es, pero que termina siéndolo.

La Corte y la cultura de derechos

“La independencia judicial tiene un costo: que los jueces decidan de un modo distinto a nuestras preferencias”.

Jeffry Tobin, probablemente el biógrafo más importante de la Corte Suprema de Estados Unidos, ha señalado que, desde los años sesenta, ésta ha tenido la capacidad de cambiar la cultura legal de ese país a partir de decisiones que redefinieron los derechos de las personas en temas como educación, libertad de expresión, privacidad, investigación criminal y aborto. Por tal motivo, en las últimas cuatro décadas la selección de los candidatos a la Corte se ha transformado en una batalla política por cada uno de estos temas.

Lisa Hilbink, quien mejor ha explicado la evolución de la Corte Suprema chilena desde el golpe de Estado hasta la normalización democrática, ha demostrado que lo que define a nuestro tribunal supremo es su relación con las violaciones a los derechos humanos, desde su pasividad en dictadura hasta su transformación a partir de 2000. El eje de este tránsito ha sido la tutela de derechos fundamentales, moviéndose desde una cultura de decisión textualista hacia una mayoritariamente en base a derechos, algo que a la derecha y al sector privado aún les cuesta entender.

Este cambio cultural se ha reflejado especialmente en la segunda sala de la Corte, amenazada hoy por una acusación constitucional. Hay tres expresiones de ese cambio. La primera, las condenas por delitos de lesa humanidad, en las que el tribunal sostuvo que estos ilícitos eran imprescriptibles y que las víctimas tenían derecho a la reparación íntegra del daño, en base a convenciones internacionales. La segunda, los estándares garantistas que ha establecido para la persecución penal, a pesar del fanatismo castigador del Ejecutivo y el Congreso. Y, finalmente, ha sido esta misma sala la que desde hace algunos años ha ido definido criterios pro inmigrantes frente a decisiones de expulsión del país. Tres hechos que eran impensables 20 años atrás.

De ahí que la acusación constitucional que se pretende, tras las recientes decisiones de otorgar libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos, resulte tan compleja. Lo es, primero, porque más allá de no compartir los criterios interpretativos utilizados para la lucha contra la impunidad, éstos eran predecibles, tanto por casos previos como por la propia discusión que la Cámara de Diputados había tenido en 2016, en la cual se hizo evidente la conciencia de este riesgo.

Y es compleja, además, porque pone en jaque no sólo la limitación constitucional que el Congreso tiene de revisar los fundamentos de una sentencia judicial, sino porque implica —sobre todo para la centroizquierda— desconocer de algún modo la manera en que contribuyó, tras el retorno a la democracia, a la independencia del Poder Judicial y a la cultura de derechos. Ello ciertamente tiene un costo: que en ocasiones los jueces decidan de un modo distinto a nuestras preferencias personales, políticas o académicas.

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