Jueves 9 de Agosto de 2018

Clave fue gesto a Hacienda

Expertos creen que ahora sí será eliminada la Ley del Cobre

Cambiar el sistema de financiamiento de las FF.AA. figuraba en el programa de Patricio Aylwin.

Por Claudio salinas y René González

“Los grandes adversarios no eran ni oficialistas ni opositores: la ley no les gustaba a los ministros de Hacienda”.

Jaime Ravinet, ex ministro de Defensa

“Surgen algunas preocupaciones por recomendaciones que hizo la Comisión Engel y que no veo tan reflejadas”.

María Jaraquemada, Espacio Público

“La plurianualidad es una dificultad para Hacienda, pero es indispensable para que funcione el proyecto”.

Alfonso Vargas,

ex subsecretario de Defensa

La venia del Ministerio de Hacienda, a juicio de expertos consultados, es clave para suponer que ahora sí será eliminada la Ley Reservada del Cobre.

Derogar o cambiar este cuerpo legal —que entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de de la ventas de Codelco, para adquisición de material y financiar ciertas operaciones— ha sido una intención que ha estado en todos los gobiernos desde 1990. Incluso era parte del programa de gobierno de Patricio Aylwin.

La nueva propuesta contempla una prórroga del mecanismo por 8 años para crear un fondo de estabilización, que permitirá a Hacienda contar con un colchón para evitar vaivenes fiscales.

Las FF.AA. también recibirán a cambio la garantía de un piso mínimo de presupuesto anual y tendrán un fondo de contingencia de US$ 1.000 millones para eventuales conflictos y catástrofes naturales.

El presupuesto considera utilizar parte de los dineros del cobre, acumulados en las cuatro cuentas (del Ejército, la Armada, la FACh y una cuarta administrada por el ministerio), que en total suman US$ 6.020 millones, al 30 de junio de este año.

Y el Congreso también recibió su parte, al contemplarse el deber de ser informado de las iniciativas de compras antes de la discusión de la Ley de Presupuestos, lo que según el experto en transparencia, Alberto Brecht (ver recuadro), también viabiliza la aprobación de la iniciativa.

Está por verse, eso sí, si habrá oposición desde Codelco. Según el ex tesorero general de la República y catedrático de la Usach Hernán Frigolett, “el Gobierno se equivoca al contemplar que una parte del aporte de Codelco, que ahora no irá a las Fuerzas Armadas, vaya al Fondo de Estabilización Económica y Social. Sería perder oportunidades de inversión y de crear una renta futura… Es indispensable que Codelco se capitalice a sí mismo”.

Ahora sí

A juicio de la directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, este acuerdo “es un avance”. “Pero surgen algunas preocupaciones por recomendaciones que hizo la Comisión Engel (Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción de 2015) y que no veo tan reflejadas en el proyecto, como el control del Congreso”.

Jaraquemada dice que “lo ideal” sería limitar “la confidencialidad de los gastos sólo a casos específicos, predefinidos en base a criterios conocidos y con participación de expertos independientes”.

Según el ex ministro de Defensa del gobierno de Ricardo Lagos y el anterior mandato de Sebastián Piñera, Jaime Ravinet, “los grandes adversarios (a las distintas propuestas de cambio) no eran ni oficialistas, ni opositores: la ley no les gustaba a los ministros de Hacienda de distintos colores. Pero ahora, los ministros de Hacienda introdujeron la disposición que prorroga el gravamen del 10% a las ventas de Codelco por ocho años para crear un fondo de estabilización, que es el aspecto más discutible, pero imagino que fue la transacción para que Hacienda estuviera de acuerdo. Le veo altas posibilidades.

A juicio del ex subsecretario de Defensa Alfonso Vargas, “la plurianualidad es una dificultad para Hacienda, pero es indispensable para que funcione el proyecto. En condiciones regulares Hacienda no le permite a ningún ministerio comprometer el presupuesto por más de un año. Pero las compras de materiales para las Fuerzas Armadas son imposibles de realizar en un año. El proyecto debe tener un piso de inversión, un mínimo. El tema ya maduró y por eso creo que a estas alturas el proyecto no debiera tener ningún inconveniente”.

Según el académico de U. Autónoma y analista de RN Tomás Duval, “hoy el cambio del financiamiento tiene viabilidad política, dado que ha concitado mayores consensos al interior del Parlamento, pero es probable que haya una ardua discusión sobre los presupuestos plurianuales. Las FF.AA. serían una excepción”.

“Dadas las señales políticas el Senado parece el escenario más favorable para avanzar. En la Cámara se ve más complejo, porque quizás el debate pueda bajar de nivel y llegue a una discusión banal de cañones o mantequilla”, agrega Duval.

Fin a Ley Reservada

Un avance en los índices, pero con retos pendientes

Sin duda, esta indicación es un gran avance en materia de control del gasto militar. Aquí no se trata de quitarles capacidades disuasivas a nuestras Fuerzas Armadas, sino que exista un efectivo control del gasto. Con esta indicación se establecen estándares de transparencia y control que hasta hoy están básicamente en manos de los incumbentes y sabemos que, cuando hay discrecionalidad y bajo control, los riesgos de corrupción aumentan.

En el último Índice de Anticorrupción en Defensa y Gobierno, realizado el año 2013 por Transparencia Internacional, Chile se encuentra en la franja C, con otros países que se consideran con un “riesgo moderado” de corrupción en el ámbito de la defensa nacional (Brasil, Colombia, Francia, Italia y España, entre ellos). Las deficiencias que anota el índice, en nuestro caso, son la mantención de la Ley Reservada del Cobre y la ausencia de control parlamentario. Por lo tanto, con la indicación enviada al Senado, uno se atrevería a pensar que podemos ascender a la franja B (riesgo bajo, como en Estados Unidos, Reino Unido, Austria y Suecia) y con ello acercarnos a las naciones con los mejores indicadores de transparencia en el gasto militar.

Junto con las medidas contenidas en este proyecto, nosotros propusimos otras, como mayor fiscalización de la Contraloría sobre los gastos reservados y que la contabilidad del sector defensa se lleve bajo las mismas normas que todos los organismos del Estado, que no vuelva a ocurrir que esto se lleve en planillas Excel con duplicados, sino que a través del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).

Los gobiernos pasan y los proyectos de ley van quedando y el siguiente no los toma, como ocurrió en este caso. Pero, con esta indicación, llama a la esperanza el hecho de que existe un acuerdo bastante transversal en el ámbito político y, por tanto, uno esperaría que fuera rápida su aprobación.

Otra cosa es la capacidad técnica con la que se dota el Congreso para controlar estos gastos, porque una cosa es tener una comisión y otra, la capacidad técnica de los parlamentarios para discernir si están bien o mal hechos.

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