Viernes 3 de Agosto de 2018

La hora más solitaria de Ezzati

En Punta de Tralca, los obispos más cercanos al cardenal le recomendaron no encabezar el próximo Tedeum.

Por Viviana Candia y Claudio Salinas

El encuentro del episcopado en Punta de Tralca, que concluyó con una nueva declaración de compromisos (ver recuadro), sólo le permitió al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, resguardarse de la polémica por su participación o no en el próximo Tedeum, pero no abstraerse de buscar una salida al inesperado conflicto que se le presentó esta semana.

Lo que comenzó como una sensación ambiente de parlamentarios que cuestionaban que el cardenal encabece la ceremonia ecuménica del 18 de septiembre, se transformó en un problema político de proporciones que involucra a La Moneda, a la opinión pública y también a otras iglesias que participan en la cita ecuménica.

En el caso de la inédita tensión que existe entre la Iglesia católica y el Gobierno, el Presidente Sebastián Piñera ha dejado en el ámbito de la duda su participación en el Tedeum, luego de emitir fuertes cuestionamientos, al señalar que la Iglesia “jamás debe encubrir un crimen”. En este sentido, apuntó a esperar las decisiones del Papa Francisco. Y esta mañana, su ministra portavoz, Cecilia Pérez, recibió a un grupo de víctimas.

En cuando a la opinión pública, hay hechos que grafican la fragilidad de Ezzati: trascendió que en distintas ceremonias de la Universidad Católica, el cardenal tuvo que ingresar y salir rápidamente, como sucedió en el último aniversario del DUOC.

El consejo de sus cercanos

Asistentes a la cita de Punta de Tralca aseguraron que vieron a Ezzati muy afectado emocionalmente. En especial porque las recomendaciones que recibió de los obispos que le son más cercanos (especialmente aquellos auxiliares que hoy están de administradores apostólicos en otras diócesis) apuntan a que no vaya al Tedeum. El aún no ha tomado una decisión.

La situación por la que atraviesa Ezzati no sólo tiene expectante al arzobispo; también aumentó los niveles de inquietud que siente gran parte de los obispos, quienes temen que sus nombres sean los siguientes que aparezcan en las citaciones de un fiscal del Ministerio Público.

La incertidumbre se funda además a que el Papa aún no anuncia nuevos cambios y no se sabe qué pasará con Tomislav Koljatic (obispo de Linares cercano a Fernando Karadima) ni con el propio Ezzati. Hay muchos “bajoneados y somatizando problemas de salud como colon irritable”, señalaron fuentes que estuvieron en la reunión.

A eso se suma la percepción que tienen los obispos en particular del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, —un persecutor criado en una familia católica pero sólo con el sacramento del bautismo— que es visto por muchos como alguien que busca destacar como un salvador de las víctimas y “come curas”. La frase del fiscal, en cuanto a que “vamos a hacer un juicio histórico”, retumbó en los pasillos de Punta de Tralca.

También se especula que en la reunión entre los fiscales y los enviados papales Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y Jordi Bertomeu se les habría dado la venia a los persecutores para desarrollar las investigaciones. En aquella reunión se hizo un diagnóstico, que terminó siendo compartido por las partes, en cuanto a la falta de coordinación entre las autoridades civiles y la Iglesia, porque no había traspaso de las denuncias. Y que en nuestra legislación, cuando no hay cooperación y entrega voluntaria de antecedentes, se puede pedir autorización para incautarlos.

Eso es lo que hizo Arias luego de que el obispo emérito de Rancagua, Alejandro Goic, se negó a entregarle antecedentes invocando a una decisión de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo que después repitió en Santiago, cuando inició las diligencias respecto al ex canciller del arzobispado Oscar Muñoz, caso que, en una de sus derivadas, le llevó a imputar a monseñor Ezzati (citado a declarar el 21 de agosto) como encubridor.

Lo que pretende determinar Arias es cómo Ezzati y eventualmente otros obispos cumplieron con su obligación respecto de investigar los casos de abusos que recibían. Es decir, si fueron diligentes o hicieron una ineficiente tramitación que se tradujera en favorecer a los acusados.

De acuerdo a fuentes de la fiscalía, a Ezzati no se le acusa de encubrimiento directo de un delito, pero sí de encubrir al o los acusados de ser autores de los mismos.

En la fiscalía de Rancagua tienen claro que la figura del encubrimiento aparece después que el delito se comete. Y no exige que el encubridor (en este caso Ezzati) conozca el delito que se cometió en concreto.

“Nuestras faltas y omisiones”

Ante este escenario, al mediodía de hoy la Conferencia dio a conocer una declaración con cuatro compromisos y seis decisiones respecto a cómo actuar (ver recuadro). “Queremos expresar también nuestro arrepentimiento ante quienes han acompañado a las víctimas, a sus familias, a quienes han realizado responsablemente esfuerzos por buscar la verdad, la justicia, la reparación y la purificación, y a los cientos de consagrados y laicos que diariamente dan testimonio del amor, la misericordia y la redención de Cristo y que se ven afectados en su ministerio por causa de los errores, pecados y delitos cometidos”, afirmaron.

La declaración añadió: “Reconocemos que no siempre supimos acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones del Consejo Nacional de Prevención para abordar oportunamente los casos de abuso sexual. Nuestras faltas u omisiones han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial y han dificultado la conversión y minado la esperanza”.

Lo más difícil de consensuar

Lunes y martes los obispos reunidos en Punta de Tralca trabajaron solos, aunque dirigidos principalmente por el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo castrense Santiago Silva, y por el administrador apostólico de Rancagua, monseñor Fernando Ramos.

El miércoles se sumaron laicos, religiosas y sacerdotes con los que fueron abordando la manera en que actuarán en adelante respecto de las denuncias.

Uno de los puntos en conflicto fue si era necesario o no transparentar públicamente el inicio de una investigación previa a un sacerdote. Algunos se mostraron partidarios, pero la mayor parte expresó su temor de que la publicidad afecte la reputación de un investigado que puede resultar inocente. Al final se decidió hacer pública toda investigación previa.

No faltó el que promovió la necesidad de seguir siendo pastores con los acusados y acompañarlos en el procedimiento.

También se analizó la necesidad de actuar rápidamente. Y tras un nuevo reportaje de canal 13, emitido anoche y que abordó la acción inmediata que el obispo Fernando Ramos tuvo respecto a una denuncia que obligó a dos sacerdotes (acusados de abusos) a pedir su propia salida de la iglesia, muchos sintieron que ese era un ejemplo a seguir.

Aunque también surgieron voces sobre el tipo de reparación a las víctimas, quedó como tema pendiente. La declaración de hoy indicó que se comprometen “a buscar criterios comunes en los procesos de reparación”.

Lo más rápido de resolver fue la decisión de nombrar como presidenta del Consejo Nacional de Prevención de Abusos a la abogada Ana María Celis, quien reemplazará al obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. El sacerdote ejercía el cargo como subrogante, desde que dimitió monseñor Alejandro Goic. La idea es darle más visibilidad y espacios a los laicos y en particular a una mujer. En tanto que González (de la prelatura del Opus Dei) seguirá participando en la instancia, como lo ha hecho desde 2011.

Entre quienes gestaron la declaración de hoy, había certeza de que era necesario dar a conocer medidas concretas y no repetir solamente el diagnóstico de la crisis.

(Continúa en la página 10)

Publicidad
VOLVER SIGUIENTE