Martes 3 de Julio de 2018

Presidenta de la UDI y reglamento sobre objeción de conciencia:

“Vamos a tener dentro de la casa al Estado y no nos vamos a dar ni cuenta”

“Se equivocó la Contraloría, no el Gobierno”, afirmó la senadora, quien estimó que La Moneda no tenía mayor margen en la presentación del reglamento.

Por Equipo de Política

Se pone en

riesgo la libertad de

las organizaciones intermedias, esto va muchísimo más allá de un tema de salud”.

Mario Desbordes, presidente de RN

A la discusión doctrinaria acerca del límite del rol del Estado y los derechos de los privados, llevó esta mañana la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, el debate en torno al reglamento sobre objeción de conciencia en aborto, que el Gobierno ingresó el pasado viernes a la Contraloría. Lo anterior, al reafirmar que acudirán al Tribunal Constitucional para impugnar el documento que reemplazó el protocolo inicial y que, en su nueva versión, dispone que los establecimientos privados que tengan convenios con el Estado podrán ser objetores si no están contempladas prestaciones de obstetricia y de ginecología.

Las gestiones dividen al oficialismo: Los liberales de Evópoli y de RN están por no ir al TC; y la UDI y cerca de 14 diputados de RN apoyarían dicha acción.

“La Contraloría se excedió en sus atribuciones, no puede condicionar un derecho constitucional a la firma de convenio”, dijo la senadora en T13 Radio. “Del punto de vista de los principios, esto es súper peligroso, porque deja abierta la puerta para que la objeción de conciencia se relativice”.

“¿Cuál es el límite?”, le preguntó el periodista Iván Valenzuela, al plantear como una situación hipotética que una institución que recibe recursos del Estado decidiera discriminar a alumnos, cuando se supone que “los fondos públicos están para que se eduquen la mayor cantidad o todos”. Ella respondió: “Para eso están las instituciones públicas”, y aludiendo a las clínicas que defienden la objeción institucional, dijo: “Estas no son instituciones públicas. El Estado está para administrar las instituciones públicas, no puede administrar las privadas. Lo que puede hacer es generar cierto marco de acción, pero no puede meterse en la administración de una organización privada, si no vamos a tener dentro de la casa al Estado y no nos vamos a dar ni cuenta”. Y también advirtió: “Después viene la discusión de la eutanasia y puede haber instituciones privadas que van a decir nosotros no queremos hacer eutanasia. ‘¡Ah! Usted recibe fondos públicos, tiene que hacerlo'”.

En RN, su presidente, Mario Desbordes, señaló que en su partido “lo más probable es que haya libertad de acción”. Pero enfatizó: “Quiero ser muy claro, yo estoy de acuerdo en principio en recurrir al TC. Pero no contra un reglamento de nuestro gobierno”. Y precisó: “El Gobierno tuvo que acatar lo que la Contraloría le señaló, copiar casi textual el protocolo que había hecho la Presidenta Bachelet y elevarle la categoría a reglamento. Lo que habría que hacer es recurrir en contra del criterio que impone la Contraloría a nuestro gobierno. Este criterio, en mi opinión y lo estamos viendo con abogados constitucionalistas, pone en riesgo la libertad de las organizaciones intermedias, esto va muchísimo más allá de un tema de salud”.

En cambio, para el constitucionalista Francisco Zúñiga la salida que acordó La Moneda es una “mala decisión”. Insistió que la objeción de conciencia “tiene de titular exclusivo a personas naturales. Es un error del TC el haber aceptado la objeción de conciencia titularizada en personas jurídicas”. Agregó que “el Estado no puede renunciar a cumplir con los actos regulatorios, porque las instituciones prestadoras no sienten de su agrado el cumplimiento de dichas obligaciones” y remarcó que las privadas “no están forzadas a ser prestadores. Y si lo son, es porque para ellos es un negocio”.

Gobierno

“sin margen de acción”

Esta mañana, tanto Van Rysselberghe, como la ministra portavoz, Cecilia Pérez, descartaron que la posibilidad de que parlamentarios de Chile Vamos acudan al TC sea un boomerang para el Gobierno.

“Este no es problema del Gobierno. El Gobierno no tiene margen de acción, no puede sino acatar los dictámenes de la Contraloría. Si aquí la que se equivocó fue la Contraloría, no el Gobierno”, insistió la senadora. “Yo desde el punto de vista del Gobierno habría hecho un copy paste del dictamen de la Contraloría”.

En tanto, la ministra Pérez afirmó que antes de la presentación, el Gobierno estudió “harto tiempo” el texto “para poder acogernos ante lo que dijo el TC y la Contraloría”, y que una acción de parlamentarios “no es ningún drama”. Indicó que “corresponde que aquellas personas que teniendo derechos sientan que éstos han sido pasados a llevar, puedan concurrir a instituciones garantes”... “Tienen toda la facultad e independencia para tomar esa decisión. ¿Esto (va) en contra del Gobierno? No”.

Previamente, hasta La Moneda había llegado el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien ingresó a la oficina de la Secretaría General de la Presidencia, que Gonzalo Blumel.

Tras la caída del protocolo, la Segpres tomó las riendas para redactar lo que sería el reglamento. Así, la división jurídica de esa cartera, liderada por la abogada Fernanda Garcés, y los asesores jurídicos del segundo piso se encargaron del asunto. El propio Blumel se reunió dos veces con el contralor Jorge Bermúdez para realizarle consultas sobre cómo se ajustaría el reglamento a la ley.

“No hay responsabilidad del ministro Blumel. Al Gobierno no le queda más que cumplir (el dictamen). El problema es de interpretación legal que deberán resolver los órganos competentes”, dijo la diputada Camila Flores (RN). En la misma bancada, Diego Schalper afirmó: “El tema es que el reglamento nos brinde una oportunidad para preguntarle al TC si el dictamen del contralor se ajusta o no a la Constitución. Nuestra convicción es que no es así”.

Para Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, sobre la base de que La Moneda “no hizo el reglamento que quería”, entonces “en ningún caso si un partido o la coalición toman la decisión de recurrir, estará contraviniendo al Gobierno”. Y si en esta situación un recurso ante el TC revierte el criterio de la Contraloría, “el Gobierno lejos de sentir una derrota, va a sentir un alivio y podrá implementar lo que dé cumplimiento a la ley, pero que también resguarde derechos como la objeción de conciencia institucional”.

Senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI).

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