Jueves 12 de Abril de 2018

El punto clave es licitar las cuotas pesqueras

Ex subsecretario: Cambios a Ley de Pesca podrían entrar a regir en 20 años más

Mundo pesquero rechazó la idea de realizar ajustes a la actual norma.

Por F. O' Ryan y S. Sáez

Antes de realizar cambios por temas políticos es importante potenciar al sector”

Carlos Vial

Empresario

Acá el gobierno

arriesga el pago de indemnizaciones”

Pablo Berazaluce

Ex subsecretario de Pesca

Antes de sentarse a conversar, lo prioritario es definir la propiedad de los pescados”.

Rabindranath Quinteros

Senador PS

En un gesto al senador Manuel José Ossandón, que enarboló el tema en su campaña presidencial, el Gobierno planteó ayer que una de sus prioridades legales será reformar la Ley de Pesca que data de 2012. “Hay que cambiar varias cosas, partiendo por los problemas más cuestionados que tienen que ver con el sector industrial. Lo que nosotros queremos hacer es introducir licitaciones al sistema que permita que entren más actores y se genere más competencia dentro de esa industria, y además que el Estado capte más recursos para poder aprovechar el uso de esos recursos naturales”, dijo el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, en radio T13.

El anuncio generó una serie de observaciones, principalmente en relación a los obstáculos que encontrará en el camino. El primero corre por cuenta de la industria y los cambios a las actuales licencias por 20 años renovables por el mismo periodo.

Según el ex subsecretario de Pesca del gobierno de Michelle Bechelet, Pablo Berazaluce, un cambio en los plazos podría abrir un flanco legal importante para el Ejecutivo.

“Nosotros en su momento realizamos estudios en derecho junto al Ministerio de Economía y se concluyó que quitarle los 20 años era un atentado a los derechos adquiridos. Nosotros no queríamos que el plazo fuera ad eternum, pero acá el gobierno arriesga el pago de indemnizaciones. Existe la posibilidad que cualquier cambio sea a partir del año veinte”, comenta el experto. “Si Blumel piensa agregar nuevos actores, deberá diseñar una licitación que no entregue beneficios a las empresas que ya tienen una importante capacidad instalada”, agregó.

Escepticismo empresarial

En tanto, el mundo empresarial mira con cierto reparo los cambios a la normativa. El empresario y director de Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) Carlos Vial sostiene que es prematuro realizar ajustes a una normativa que fue recientemente implementada y expone que la “idea de realizar cambios están fuertemente motivados por elementos políticos”

“Aquí hay una legislación que es muy basta y muy amplia. Antes de realizar cambios por temas políticos es importante potenciar al sector, al empleo y de una vez por todas combatir la pesca ilegal. Yo no quiero cambios, yo vivo el día para tratar de encontrar pescados”, expone el líder gremial.

Desde Sonapesca afirman que la norma es “una ley de vanguardia. Para su elaboración (…) el sector pesquero requiere estabilidad. Este tipo de legislaciones no puede revisarse con solo cinco años de funcionamiento”.

Otro escenario que deberá sortear Blumel está en el Congreso. El presidente de la Comisión de Pesca, Rabindranath Quinteros(PS), adelanta que “antes de sentarse a conversar, lo prioritario es definir la propiedad de los pescados”.

Añade que cualquier modificación debe “terminar con las concesiones a casi perpetuidad para los industriales y establecer que los recursos pertenecen al estado”, concluye el parlamentario.

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En la pesca industrial

Las familias mayoritarias

Los Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Errázuriz, Stengel, Fernández e Izquierdo, son algunas de las familias detrás de las empresas que quedaron con una posición protagonista en la pesca industrial, tras las concesiones otorgadas en 2012. En ese entonces, la pesquera Blumar, ligada a los Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz obtuvo el derecho sobre un 20,28% de las cuotas industriales del jurel, un 26,07% de sardina común y un 15,74% de la merluza de cola, según un reporte de Ciper de esa época. Camanchaca, ligada a los Fernández, junto a los Stengel, terminaron con el 18,74% del jurel, el 19,19% de las anchovetas, el 19,16% de la sardina común, el 18,79% de la española, el 29,55% de la merluza común y el 12,42% de la de cola. Otras sociedades, como Foodcorp y Lota Protein, también explotan el jurel aunque son controladas por extranjeros. La primera obtuvo el 7,73% del recurso mientras que la segunda el 1,5%.

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