Miércoles 14 de Marzo de 2018

En caso de que hayan sido renovados por dos periodos

Suprema admite carácter indefinido de funcionarios públicos a contrata

Las autoridades públicas no tendrán libertad para remover a sus empleados, si no especifican bien el por qué del despido.

Por Florencia Gillmore y Juan Nicolás Gamboa

La Corte Suprema le generó ayer un problema al recién asumido Gobierno y las necesidades que tenga de remover funcionarios públicos. La Tercera Sala, en fallo dividido, reconoció el “cáracter indefinido” de las relaciones contractuales de más de dos años con personal a contrata.

El dictamen nace al amparo de un recurso de protección emitido por un funcionario a contrata de la Superintendencia de Valores, despedido “de manera injusta y sin motivos”, de acuerdo a la resolución, que fue acogido por el máximo tribunal. Allí reconoce que existen restricciones al poner término a los empleos a contrata para personas que han tenido renovaciones por más de dos períodos, y eso se traduce en “relaciones indefinidas por el Estado”.

Ante eso, distintos abogados explican que ahora las autoridades públicas no tendrán libertad para remover o poner fin a los contratos laborales, si no es especificando muy claramente el por qué del despido.

Lo que antes implicaba un simple “se pone término a su contrata por no ser requeridos sus servicios”, hoy significará dictar una resolucion detallada para que se explique por qué lo está echando.

Según el abogado Luis Cordero, el fallo es relevante porque es una sentencia que la corte dicta justo en el proceso de que una nueva administración se instala.

Los términos de los contratos de funcionarios públicos en los cambios de administración, explica, “van a judicializarse muchísimo más”.

Para Francisco Espinoza, abogado del estudio Alessandri, esta resolución “obliga al Estado a justificar y acreditar los despidos. No basta por invocarlas. Ahora las entidades públicas tendrán que entregar las justificaciones necesarias para cursar una desvinculación”.

Para Enrique Evans, socio de Cubillos Evans, esto podría generar un problema para el Estado, ya que “una innumerable cantidad de personas podría ingresar a las filas de los funcionarios públicos del Estado con los costos que implica”.

Este fallo también provocará, agrega Paulina Miranda, socia de PPU Legal, que la comunicación de las renovaciones o despidos de algún funcionario, deba comunicarse apropiadamente en los plazos (30 días antes del 31 de diciembre). “Si no se cumple esto, podría devengar en problemas para el Estado”, dice. Esto ya que el máximo tribunal reconoció problemas de este tipo frente al despido del funcionario.

Pese a esto, el abogado y socio de Desarrollo y Trabajo Consultores, Joaquín Cabrera, dice que no será un problema para el Estado, sino que provocará un mayor cuidado del Ejecutivo. “Cualquier decisión que tome el gobierno debe estar bien fundamentada ya que la estabilidad laboral es algo que se busca y está asegurado por la legislación”.

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