Lunes 5 de Febrero de 2018

En virtud de un decreto reservado de 1998

Carabineros financia auto, chofer, bencina y tag vitalicios a sus ex generales directores

Seis ex altos mandos cuentan con esta asignación y el más antiguo es Rodolfo Stange. Además, la norma ha sido utilizada por el Ejército, en el caso del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba.

Por Daniela Sánchez M. y Malú Urzúa

Cruzar Chile, de Arica a Punta Arenas, 29 veces. Eso es lo que podrían haber recorrido los seis ex generales directores de Carabineros en sus vehículos fiscales con los más de $75 millones que desembolsó la institución en combustible, entre 2015 y 2017, gracias a las medidas de seguridad especiales con las que cuentan.

Este beneficio, que existe desde 1998, es asignado por el general director en ejercicio para “proporcionar, con cargo a sus propios recursos institucionales, medidas de protección y seguridad para quienes hayan ejercido el mando superior de Carabineros de Chile”, tal como comprobó “La Segunda”, a través de información obtenida por Transparencia.

Las medidas incluyen la asignación de un automóvil ya que, según la institución, “deben contar con un vehículo que reúna las características para brindar seguridad”, y conductor personal para cada uno —servicio entregado por el Departamento de Protección de Personas Importantes—, el financiamiento de combustible, tag, seguros, reparaciones y mantenciones de los mismos, lo que les ha costado más de $83 millones considerando sólo estos gastos, entre 2015 y 2017.

Al consultar a la institución sobre la razón de esta asignación, por qué un vehículo es considerado “medida de seguridad” y si existe un límite de recursos para estas, Carabineros se remitió a la existencia de un decreto de la entonces Subsecretaría de Guerra (actual Subsecretaría de FF.AA.) que data de 1998 y que, según un pronunciamiento del Consejo para la Transparencia de 2016, tendría carácter de “reservado”.

“No existe limitación”

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, lo primero que llama la atención “es que estos beneficios se mantengan en autoridades que son de bastante antigüedad”. Esto, considerando que los usuarios de esta medida son las ex autoridades de Carabineros, Rodolfo Stange (último comandante en jefe durante la dictadura), Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Alberto Cienfuegos, Eduardo Gordon (quien será formalizado por el delito de malversación de caudales públicos) y Gustavo González Jure.

“Las medidas debiesen tener que ver con una relación directa en cuanto a la protección de la seguridad y eso tiene que justificarse. Uno esperaría que hubiese mayor explicación en cuanto al porqué ex generales directores tienen que tener este tipo de asignaciones”, agrega Precht.

Algo similar opina el académico de la U. de Chile y experto en Derecho Administrativo, Luis Cordero, quien asegura que “la autoridad debe explicar cuáles son, en qué consisten o por qué son idóneas estas medidas de seguridad. Hay una diferencia entre una medida de seguridad, como un vehículo, y una regalía por haber desempeñado el cargo”.

El diputado Jaime Pilowsky (DC), quien fue presidente de la comisión investigadora del caso Carabineros, considera que esta facultad “resulta razonable y se enmarca en las facultades que otorga la normativa vigente”. Sin embargo, cree que “esta destinación de bienes públicos debiera estar acotada a un determinado período posterior al que se ejerce el cargo. Estas normas tenían cierta lógica en el pasado, pero hoy debieran ser revisadas y analizadas para, al menos, limitarlas en el tiempo”. Propone un período “razonable” de entre cuatro u ocho años de protección.

“Como podemos ver en el informe, en la actualidad no existe limitación y, por ejemplo, el general Stange —que dejó su cargo hace más de 20 años— sigue utilizando estos servicios”, añade.

Volkswagen y Hyundai

Según la información, los automóviles utilizados actualmente para este fin son cinco Volkswagen Passat Luxury 2.0 (2015) que, de acuerdo a la tasación de vehículos del Sistema de Impuestos Internos, están avaluados en $13 millones cada uno, y un Hyundai Santa Fe GLS (2010), cuyo valor supera los $7 millones, y que usan desde diciembre de 2015.

Además, en los últimos tres años, la institución ha desembolsado otros $7 millones en reparación y mantención de los mismos, lo que se suma a los más de $75 millones en gasolina. Respecto de los costos correspondientes a TAG y seguros, Carabineros tiene una facturación “por el valor total mensual y no la individualidad de cada vehículo”, motivo por el cual no se pudo acceder al detalle requerido.

El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, asegura que “este beneficio es excesivo”, y es enfático al decir que “este decreto debería ser derogado ya que la seguridad de los ex generales directores debe estar centrada en eso, y no en las prestaciones de vehículos y pago de bencina. La seguridad implica tener personal que los resguarde, no vehículos institucionales. La nueva administración del Presidente Piñera debería tomar en consideración esta situación y eliminar este costo excesivo”.

También fue utilizado

por el Ejército

Este decreto —que fue firmado por el entonces Presidente Eduardo Frei, el ministro del Interior Carlos Figueroa y Edmundo Pérez Yoma, de Defensa— fue aludido por el entonces general director de Carabineros, Eduardo Gordon, en junio de 2010, cuando a Alberto Cienfuegos se le acusaba de usar uniforme y vehículo fiscal durante su campaña como candidato a diputado en 2009.

En esa oportunidad, la Contraloría General de la República consideró el decreto de 1998 para afirmar que “no existen antecedentes para sospechar la existencia de un mal uso de vehículo fiscal durante la campaña (...) y que existe una norma expresa que faculta al general director para asignar personal de Carabineros, así como vehículo y combustible institucional, para la protección y seguridad del señor Cienfuegos Becerra”.

En febrero de 2017, el Ejército también aludió al mismo documento para justificar el desembolso de casi $2 millones en la defensa del ex comandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba, que fue investigado por la Fiscalía Centro Norte por el aumento injustificado de patrimonio y lavado de activos. Consultada en ese momento por radio Bío Bío, la institución respondió que el decreto “faculta al Ejército —y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad— a proporcionar con cargo a sus recursos, protección y medidas de seguridad a quienes hayan ejercido el mando superior en sus instituciones cuando sea requerido”.

“La Segunda” consultó a las Fuerzas Armadas por este beneficio. La Fuerza Aérea dijo que sus ex comandantes en jefe “no tienen asignado un vehículo institucional una vez que se acogen a retiro”, mientras que la Armada y el Ejército pidieron solicitar la información por Transparencia.

Para el abogado Cordero, este decreto es importante “porque es de enero de 1998. No me extrañaría que tenga su origen en el paso de Augusto Pinochet de ex comandante en jefe a senador designado, cargo que asumió el 11 de marzo de ese año. Por lo tanto, queda con custodia del Ejército, financiado con fondos del Ejército. Y es altamente probable, entonces, que al amparo de este decreto, no sólo Fuente-Alba, sino que el propio Pinochet, hubiese recibido financiamiento para efectos de su defensa”.

Fernando Cordero

(1995 - 1997)

Rodolfo Stange

(1985 - 1995)

Miguel Ugarte

(1997 - 2001)

$75

millones en combustible gastó la institución, entre 2015 y 2017.

Gustavo González Jure (2011 - 2015)

Alberto Cienfuegos

(2001 - 2005)

Eduardo Gordon

(2008 - 2011)

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