Jueves 25 de Enero de 2018

El TC y sus castillos en el aire

“Todos sabemos que, en el mundo moderno, la mesa donde se sientan consumidores y proveedores dista mucho de ser redonda”.

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre las reformas al Sernac, eliminando disposiciones que le hubieran permitido a éste imponer multas administrativamente y emitir circulares de aplicación general. Se trata de una sentencia extraña, que merece críticas de distinto tipo. Extiende su propia competencia, haciendo oídos sordos a décadas de cuestionamientos sobre su legitimidad democrática; desconoce sus propios precedentes, sin siquiera justificar las razones para cambiar de postura; en fin, comete tantos errores formales y de redacción, que el texto mismo de la sentencia resulta difícil de entender. Una manera de sintetizar todos estos errores es mirar su aproximación a la regulación económica.

La sentencia entiende la relación de consumo como un contrato, donde consumidores y proveedores se eligen mutuamente. Esta metáfora tiene su origen en un antiguo juez inglés, quién señalaba que cada ciudadano tiene un “castillo” desde donde se relaciona con la sociedad, siempre en un plano de igualdad. Pero todos sabemos que en el mundo moderno los caballeros no existen, y que la mesa donde se sientan consumidores y proveedores dista mucho de ser redonda. La última decena de premios Nobel en Economía corresponde a gente que dedicó su vida a demostrar la falacia que esconde esta metáfora del contrato en las relaciones de consumo. La principal contribución del último, sin ir más lejos, es recordarnos que en un mundo saturado de información, los consumidores somos consistentemente incapaces de elegir. Quienes están leyendo seguramente financian sus gastos con créditos poco competitivos, aceptan la entrega tardía de sus productos, o se abstienen de reclamar por la calidad de los servicios recibidos.

Es cierto que nadie tiene claro cuál es la mejor manera de arreglar estos problemas. Hay veces donde sancionar a quienes hacen trampa fomenta la libre competencia. Otras, donde incluir reglas más estrictas dificulta la entrada de nuevos competidores. Bajo este contexto, la regulación económica busca racionalizar el debate sobre protección al consumidor: orientando las políticas públicas según la evidencia disponible y aprendiendo de la experiencia de otros países. En el fondo, la discusión sobre el Sernac es una discusión sobre el tamaño y límites del Estado. Al fundar su sentencia en la igualdad contractual entre consumidor y proveedor, el TC disfraza de principio un mero recurso pedagógico, clausurando así un debate que era esencialmente político y debía ser resuelto en el Congreso. Limitar la voluntad popular nunca había sido tan sencillo; dan lo mismo los acuerdos entre gobierno y oposición, la posición de la sociedad civil y los numerosos ejemplos de otras partes del mundo con una institucionalidad similar. Para nuestro tribunal basta con un castillo en el aire para justificar sus propias preferencias.

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