Jueves 12 de Octubre de 2017

Mirentxu Anaya, Educación 2020

Congelar aporte de gratuidad de los colegios: “Un disparo a los pies de la reforma”

Desde la fundación donde salió en 2014 Adriana Delpiano para asumir como ministra, califican la decisión como "incoherente". Ex directivo RD del Mineduc se suma a las críticas.

Por Jéssica Henríquez D.

"Incoherente". Así califican en Educación 2020 la decisión del gobierno de congelar en el Presupuesto 2018 el aumento de subvención de gratuidad a los colegios que decidieron terminar con el sistema de financiamiento compartido.

La Ley de Inclusión establece que este año se aumentaría este ítem de $8.393 por alumno al mes a $10.791, como una forma de compensación a los establecimientos que dejarían de percibir los pagos que estaban haciendo las familias.

"Resulta incoherente que el Ministerio de Hacienda no haya incluido este aumento. Estamos hablando de cerca de $2 mil pesos por estudiante, una cifra que puede parecer menor, pero que resulta importante para muchos sostenedores que considerando estos montos, tomaron la decisión de transformarse en establecimientos sin fines de lucro", dijo Mirentxu Anaya, presidenta ejecutiva de la fundación de la cual salió en octubre de 2014 la actual ministra Adriana Delpiano para sumarse al gabinete de la Presidenta Bachelet. En Educación 2020 Delpiano fue directora ejecutiva durante más de 4 años y la actual subsecretaria Valentina Quiroga también trabajó ahí.

"La palabra empeñada"

Anaya agregó que los montos en cuestión representan menos del 1% del presupuesto asociado a la Subsecretaría de Educación, "por lo que resulta inexplicable el congelamiento de recursos. Esto podría ser un disparo en los pies de las reformas educativas impulsadas por el gobierno, ya que no hablamos tan solo de recursos económicos, sino de las señales que se entregan a los diversos actores y del cumplimiento de la palabra empeñada".

Junto con señalar que en Educación 2020 "estamos convencidos que la Ley de Inclusión va en la dirección adecuada —ya que resguarda el derecho a una educación inclusiva y de calidad sin importar el nivel socioeconómico de las familias— es indispensable cuidar su implementación y no abrir espacios para deshacer los avances logrados en materia de derechos". Por ello, esperan que los parlamentarios "puedan corregir este error".

"La ley estaba financiada"

A las críticas políticas (ver recuadro), se suman las de un ex colaboradores directo de la ministra. Quien fuera jefe de la División de Educación General de esa cartera, Gonzalo Muñoz, sostuvo que "la Ley de Inclusión es un avance demasiado importante como para debilitarla con este autogol incomprensible de congelamiento de subvención".

El actual académico de la Facultad de Educación de la UDP agregó que "es verdaderamente inexplicable que al mismo tiempo que la ley ha comenzado a evidenciar claros beneficios para el sistema escolar, se tomen este tipo de decisiones que no tiene mucha explicación".

—La ministra ha señalado que faltaban recursos para salud y Obras Públicas...

—Pero el sentido de leyes de este tipo implican construir presupuestos a largo plazo, es lo que se hizo con la carrera docente y con esta ley: el ir suplementando recursos de manera gradual. La ley estaba financiada, no es por falta de recursos, simplemente es una muy mala decisión porque siempre se supo que el 2018 habría un aumento. Lo importante es implementar hoy las políticas ya aprobadas de acuerdo a lo que se estableció en el Congreso y eso aplica a esta ley como a la de fin al lucro.

El investigador CIAE (de la Universidad de Chile) Juan Pablo Valenzuela agrega que "este es un error que debería ser enmendado en la discusión del Presupuesto en el Congreso, porque se trata de una reforma estructural basada en la confianza de muchos actores. Sólo en la medida que vaya gradualmente ocurriendo lo convenido, se va a poder legitimar. Quizás el gobierno vio un ahorro de US$ 100 millones, pero el costo para la legitimidad de la reforma es mucho mayor".

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