Lunes 17 de Julio de 2017

Relator especial de la ONU

El trabajo más deprimente de Brasil

Los relatores son expertos que trabajan sin recibir un sueldo en representación de la ONU.

Hasta hace poco, pensaba que ser escritora era la profesión más patética que hay, en especial en Brasil. Nadie lee nuestros libros y podemos fácilmente pasarnos toda la vida reclamando lo mismo una y otra vez. En términos generales, los escritores brasileños no tenemos ningún impacto. Pero ahora me encuentro con otro trabajo todavía más desalentador: relator especial de las Naciones Unidas. Los relatores son expertos independientes que trabajan sin recibir un sueldo en representación de la ONU para supervisar países, gobiernos y políticas. Por lo general, su nombramiento tiene una duración de tres años. Se les ignora por completo.

Mis estimados y valientes amigos: entiendo su dolor. Cada vez que investigo un problema local grave relacionado con, digamos, la educación, el medioambiente, la brutalidad policial, el racismo o los derechos de la mujer, me encuentro con una declaración formal, fáctica y exacta de un relator especial que condena la situación. Una y otra vez.

Hace casi dos años, por ejemplo, Juan E. Méndez, un abogado argentino que defiende los derechos humanos y es el relator especial en materia de tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, exhortó a las autoridades brasileñas a atender de inmediato la sobrepoblación en las prisiones, así como a implementar medidas contra la tortura. Después de visitar muchas cárceles y prisiones brasileñas, Méndez recabó testimonios creíbles sobre tortura y malos tratos de la policía. Pero ¿quién le iba a hacer caso a un argentino? En el año transcurrido desde que el relator emitió ese informe, las cárceles brasileñas han reportado más de una muerte violenta al día. La población de internos ha crecido a un ritmo constante desde el informe del relator especial y, en los primeros quince días de 2017, más de 130 reos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas.

Sociedad

"Los asuntos internacionales son importantes en la vida de los pueblos y deben ser atendidos con seriedad, tomando en cuenta muchos factores y entre ellos la historia, por larga y remota que parezca".

Desde 1843, hace ciento setenta y tres años, Bolivia se ha convertido en un país altamente conflictivo que ha procurado entorpecer el desenvolvimiento sostenido de Chile. Nunca ha llegado a ser un peligro real, sino que sus actitudes conflictivas, que llegaron a desencadenar luchas armadas, tropiezos diplomáticos y reclamaciones estridentes, han sido parte de un clima desagradable.

Para comprender esos fenómenos es necesario recurrir a lo que en historia se denomina procesos de mediana o larga duración, es decir, no asuntos intempestivos, sino tendencias sostenidas por decenas o cientos de años conformando características duraderas, que al fin son la explicación real del acontecer en la vida de los pueblos. Ahí se encuentran la estructura social y racial, el estancamiento o el desarrollo económico, las características culturales, la mentalidad, los cambios políticos significativos o su parálisis, el desempeño del Estado, la impronta de la geografía, y en el caso de Bolivia también la palabrería arrogante y vacía de los gobernantes, proveniente de un barroco de la palabra practicada en las viejas cátedras universitarias y las diatribas corrientes.

En la materia que nos ocupa, todos estos factores los hemos considerado y contribuyen a la explicación del enfrentamiento entre Bolivia y Chile. Los choques diplomáticos y bélicos no han sido más que el desenlace de dos historias profundamente diferentes.

La historia no es simplemente recordar cosas, sino comprender el pasado, proyectándolo a nuestro tiempo y ayudando a pensar el futuro. Es de una utilidad sorprendente.

En el mundo de la diplomacia, abrumado por el derecho internacional, los tratados y la tirantez del ceremonial, poco se entiende la historia, que aparece como un lujo poco necesario. Así ha ocurrido una vez más en el tiempo actual, en que, en la reclamación boliviana ante la Corte de Justicia de La Haya, el gobierno del altiplano se ha presentado exhibiendo viejos antecedentes históricos carentes de veracidad y aparentemente muy impresionantes. De esa manera se sorprende a los jueces llamados a decidir el asunto y, a la vez, se conmueve a una opinión pública mundial que, dígase lo que se diga, forma una atmósfera influyente.

Los jueces son vulnerables, en dos sentidos; porque desconocen una realidad histórica que les es ajena, y porque, como seres humanos, son impresionables por el medio ambiente. Un país relativamente adelantado y sólido, desde la oscuridad de los tiempos ha abusado con un pueblo de condición modesta. Hay que proteger de los abusos al desvalido.

Desafortunadamente, el Gobierno chileno ha actuado con poca inteligencia y desconocimiento de los antecedentes históricos reales. Es una vieja historia y también reciente. Se ha atenido a la vigencia de un tratado y a las conversaciones formales en los salones de la diplomacia. Se comprende que así haya sido, porque quienes han actuado son juristas o diplomáticos que desconocen la trama real de la historia. Las investigaciones históricas se publican inútilmente.

Bolivia publicó el año 2014 "El libro del mar", que en brevedad de páginas expuso supuestos derechos sobre el litoral de Atacama, una materia que las autoridades de La Paz, incluido en primer lugar su Presidente, han repetido en la prensa y los foros internacionales en una tarea de propaganda liviana para convencer a un público ignaro.

No hubo ninguna respuesta seria en ningún momento, a pesar de observaciones efectuadas en la prensa. Tampoco han merecido la menor atención las investigaciones publicadas por Manuel Ravest Mora en torno a los orígenes de la Guerra del Pacífico, ni el libro "Chile y Perú: La historia que nos une y nos separa", que dimos a luz en 2002. Simplemente ha habido pereza e irresponsabilidad.

Con motivo de la reclamación interpuesta en La Haya por el gobierno de La Paz en abril de 2013, La Moneda decidió incorporar aspectos históricos en la memoria que presentó ante la Corte Internacional. Para ese efecto se formó una comisión presidida por el profesor Joaquín Fermandois, persona de grandes méritos y especialista en materias del siglo XX, no así en aspectos del siglo XIX para atrás, que corresponden a los momentos más graves de las cuestiones con Bolivia.

Un grupo de supuestos especialistas, personas de méritos variados, fue incorporado a la comisión; pero una vez más se cometió un error: quedaron incluidos investigadores que, en el mejor de los casos, conocen los problemas con Bolivia a raíz de la Guerra del Pacífico o desde 1842 en adelante. No hay especialistas en años anteriores, en la época de la Independencia, en los tres siglos coloniales y aun en la prehistoria, donde están las raíces de la configuración geográfica y humana del pueblo boliviano.

Se prescindió de especialistas tan connotados como José Luis Martínez, Jorge Hidalgo, Eduardo Téllez y Julio Retamal Avila, que cuentan con investigaciones sobre la materia.

Seguramente las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores desecharon ir lejos en el tiempo, porque sólo entienden las épocas recientes; pero este libro, que trabaja con la larga duración, prueba que los actuales problemas con el altiplano surgieron en tiempos muy remotos y se han mantenido.

Adelantemos un ejemplo. Es casi seguro y ya hay antecedentes, de que Bolivia presentará sus derechos como heredera de la audiencia de Charcas, que en algún momento tuvo jurisdicción en parte del litoral atacameño. Para ojos improvisados eso puede parecer convincente, pero un verdadero especialista en historia colonial sabe que esa jurisdicción fue débil, que diversas autoridades de la monarquía la rechazaron, que hubo superposición de la administración chilena, que hubo vínculos con Santiago y Copiapó y que la corona finalmente reconoció que el virreinato peruano limitaba al sur con Chile, sin que se interpusiese ningún territorio de Charcas. Esa era la situación en 1810.

Para plantear esos hechos no basta ser un estudioso más o menos despierto, hay que ser un investigador experimentado, un especialista en asuntos de la historia colonial, incluso en las formas administrativas de la época y un buen conocedor de las Leyes de Indias, sus minucias, contradicciones y errores.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y entre las personas designadas para entender en el litigio de La Haya, no hay personas realmente conocedoras de la historia, sólo la conocen de manera superficial, y no pueden calibrar el peso de los argumentos basados en el pasado. Son juristas y diplomáticos de visión circunscrita. Sin embargo, en la Cancillería existe un pequeño grupo de conocedores de la historia, bien preparados e informados, que al parecer no han sido tomados en cuenta.

Los hechos mencionados se confirman con informaciones entregadas por el agente señor José Miguel Insulza (Mercurio, 10 de julio 2016), en que señala que, por razones de espacio, no se ha dado adecuada extensión a la historia, concentrándose mas bien en los tratados suscritos con posterioridad a la ley chilena de guanos de 1842. Se borra de esa manera la base más antigua de los derechos chilenos. La defensa se concentra en los hechos muy posteriores, la inexistencia de la obligación de negociar.

Quedarán en pie los planteamientos bolivianos de viejos derechos y su peso en la opinión general, que influyen hasta en los jueces de la Corte, supuestamente ponderados.

El planteamiento de los derechos republicanos nos deja en pie muchas dudas, porque no sabemos cómo se habrán planteado ni cuál ha sido la idoneidad de la comisión Fermandois.

Esperamos que el nacimiento de Bolivia haya sido expuesto con claridad, que se haya dejado en evidencia la reticencia de José Antonio de Sucre para crear la "República de Bolívar", el empeño personalista del libertador venezolano y el escepticismo de ambos en cuanto la extensión del territorio y su dudosa calidad oceánica.

Respecto de las etapas siguientes, es de esperar que haya habido claridad y validez en los planteamientos, aunque se perciben algunos errores manifiestos, como señalar en una declaración entregada a la prensa, que el estallido de la Guerra del Pacífico se debió a la imposición de diez centavos al quintal de salitre exportado, violación del tratado de 1874 que perjudicaba a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. El hecho, sin embargo, es algo diferente. La Paz derogó esa disposición y la reemplazó por una determinación peor: rescindió de la concesión de yacimientos salitreros concedidos a la Compañía, condenándola al fracaso y la pérdida de sus grandes inversiones. Era una "burla y un bofetón" que desencadenó la guerra.

Tememos, por ciertos indicios, que la Cancillería, en caso de aludir a los antecedentes de la Guerra del Pacífico ha hecho la vista gorda de la responsabilidad del Perú, por no descomponer las actuales relaciones con ese país.

En rigor de verdades, el gobierno de Lima, mediante hechos que ocultó sistemáticamente, para resguardar su monopolio mundial del salitre y por temor al desenvolvimiento de Chile, respaldó a Bolivia con el Tratado Secreto de 1873 y estimuló a ese país a tomar las medidas contrarias a Chile en la explotación del salitre. Buscó, además, comprometer a Argentina en el cerco a nuestro país.

Estos últimos aspectos son más o menos conocidos y desde hace algún tiempo fueron puestos de relieve por las publicaciones de Ravest Mora y por el libro ya mencionado de nuestra autoría.

Los asuntos internacionales son importantes en la vida de los pueblos y deben ser atendidos con seriedad, tomando en cuenta muchos factores y entre ellos la historia, por larga y remota que parezca. En el caso de un litigio, no basta anunciar por la prensa que la historia va a ser tenida en cuenta, sino que ella tiene que ser estudiada y expuesta con responsabilidad. No son suficientes las declaraciones lanzadas al aire.

A raíz de estas circunstancias, un mal recuerdo viene a la cabeza, la pérdida de la Patagonia, debida a la blandura de los gobiernos y de los gobernantes del siglo XIX y a la falta de estudios sólidos que avalasen la soberanía chilena. Recién en 1903, después de veintidós años de firmado el Tratado de Límites con Argentina, se publicó el libro de Carlos Morla Vicuña, "Estudio histórico sobre el descubrimiento y conquista de la Patagonia y de la Tierra del Fuego", que confirmaba los viejos títulos del país.

Los pueblos no aprenden, los gobiernos tampoco.

Las páginas que siguen tienen por objeto desentrañar los vericuetos del largo camino de nuestras relaciones con el pueblo altiplánico, tanto en los oficiales como en el acontecer más difuso de los grandes procesos.

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