Lunes 17 de Julio de 2017

El Estado según la Sofofa

Luis Cordero Vega

"La propuesta de Larraín Matte es interesante para un gremio tradicionalmente reaccionario a las reformas".

La semana pasada la nueva directiva de la Sofofa visitó a la Presidenta Bachelet, momento en que plantearon los tres ejes de su gestión: crecimiento económico, simplificación de trámites y revalorización social de la empresa. Bernardo Larraín Matte ha utilizado la reforma del Estado como una de sus principales ideas.

Por tal motivo es razonable preguntarse de qué tipo de Estado habla la Sofofa. Existe cierto acuerdo, incluida la centroizquierda, de que lo importante es tener un mejor Estado, para lo cual la simplificación administrativa es una agenda ampliamente valorada. Pero simplificar —asunto que está asociado a reducir exigencias burocráticas y obtener rapidez en los procedimientos— lleva inevitablemente también a eliminar el arbitraje regulatorio que las empresas utilizan ilegítimamente. La simplificación es correcta, porque de ella se obtiene un beneficio directo para los ciudadanos, porque permite al Estado intervenciones precisas a favor del interés público.

Pero curiosamente este discurso es inconsistente con dos temas. La protección del consumidor y la solución de los conflictos socioambientales. Respecto de la primera, la Sofofa ha sido el principal opositor a la reforma al Sernac, repitiendo argumentos como el de "juez y parte", bastante superados por la legislación y jurisprudencia de los tribunales. El resultado final de su posición ha sido evitar la aprobación de una agencia que pueda actuar oportunamente, tratando de diluir competencias que son indispensables.

Por otro lado, existe un amplio consenso en la necesidad de modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Mientras para la Sofofa esto se traduce en tramitaciones expeditas, su preocupación también debería estar en la reducción de brechas que los proyectos utilizan indebidamente. Desde que hace pocas semanas Icare organizó un seminario sobre la judicialización de proyectos, quedo instalada como verdad que existen alrededor de MM US$ 7.500 de inversión detenidos por juicios de las comunidades ante los tribunales ambientales. Ese dato no es leal para la discusión pública, porque sólo uno de ellos representa casi la mitad de esa cifra, pero además la reclamación fue presentada por la empresa y no por las comunidades.

La propuesta de Larraín Matte es interesante para un gremio tradicionalmente reaccionario a las reformas que no los benefician, pero dado que éste ha planteado la necesidad de que la Sofofa contribuya a la discusión de políticas públicas como medio de lograr legitimidad social, es también correcto reclamar de las actuaciones de su organización un mínimo de consistencia con los objetivos públicos que desean promover en esta nueva etapa.

Redacción

Rodrigo Wagner

Urgencia para

un "Nunca más"

Hoy me resultaría natural hablar de la rebaja a nuestros bonos soberanos y su impacto en las empresas y la productividad. Pero no debemos perdernos: lo más escalofriante en Chile es saber de 1.300 niños muertos. Niños a cargo directo o indirecto del Estado; en varios casos mediados por asociaciones publico-privadas que operan algunos centros.

Para tener una idea del desastre nacional que significa creo que merece la pena hacer una comparación con el Informe Rettig. Lo uso como un gran ejemplo en que el país se puso una prioridad. Un "nunca más". Presentado en cadena nacional en 1991, esa versión del informe reportó que el 73 hubo 1.236 asesinatos. Después de esos primeros 4 meses, a partir de 1974 y hasta 1989, el informe reportó 1.062 asesinatos adicionales. Contando desde el 73 son cerca de 12 por mes. La cifra entregada por las autoridades del Sename es de cerca de 10 por mes. Hoy necesitamos que esa cifra nos genere acciones concretas. Cualquier otra cosa sería inmoralidad de nuestra parte.

Es obvio que mi comparación es complicada. Los muertos en Sename no son en ningún caso asesinatos políticos. En general, no se está hablando de crímenes del Estado, sino de negligencias. También las responsabilidades aparecen, en primera instancia, como algo bastante distribuido, con causas múltiples y donde hay diversas coaliciones políticas en la administración. Pero independiente de las diferencias de toda índole, comparar las magnitudes de los muertos llama naturalmente a pedir medidas similares a las del "nunca más" de 1991. Por eso la clave, al igual que el Informe Rettig, es no poner la carreta delante de los bueyes. La clave es evitar la próxima muerte, no tanto enfocarse en la judicialización. No hay que descartar un juicio si corresponde, pero los juicios por si solos no son la parte inicial de una solución. Acá debemos pelear contra el olvido y la falta de prioridad.

Seamos serios. Por eso tampoco corresponde que la prensa o las redes sociales les asignen la culpa a los cientos de dedicadas personas que trabajan atendiendo menores, remando contra la corriente. Pero de todos modos las cifras son órdenes de magnitud más grandes que cualquier parámetro aceptable por una sociedad. Es urgente un "nunca más".

Descentralización versus regionalismo

"El regionalismo es un sentimiento respetable (…), pero que no necesariamente tiene efectos positivos".

Si usted es regionalista le aconsejo no leer esta columna, pero si es partidario de la descentralización lo invito a hacerlo, pues tiene que ver con la reciente creación de la Región del Ñuble.

El entusiasmo de algunos los ha llevado a declarar que esto mejorará la calidad de vida de sus habitantes y permitirá mejorar la administración de los recursos públicos. Pero, ¿qué antecedentes los lleva a suponerlo? ¿Qué razones habría para afirmarlo?

El regionalismo es un sentimiento, respetable por cierto, pero que no necesariamente tiene como consecuencia efectos positivos en materia de descentralización, la cual busca que las decisiones colectivas estén más cerca de las personas y que la toma de decisiones induzca e incentive a los ciudadanos a mayor responsabilidad fiscal y a mejorar el bienestar de las personas.

La creación de una nueva región no necesariamente cumple este propósito. Por lo pronto, y como era de esperar, nuevas demandas ya se están expresando, y por mucho que se diga que no habrá una cascada de nuevas regiones, la verdad es que es inevitable. Y ¿por qué no Aconcagua, Maule Sur, Malleco, San Antonio? todas podrían tener buenas razones para dejar de depender de las actuales capitales regionales.

Quienes ganan son la burocracia y el gobierno central. La primera con los nuevos empleos (políticos) que será necesario instalar, a través del ejército de funcionarios dependientes del gobierno central: seremis, gobernadores, Serplac, etc., y los respectivos funcionarios de apoyo. En materia de cores, se señala que se traspasarán los actuales a la nueva región; sin embargo, no hay que ser ingenuos: es altamente probable que aumenten y más de alguien estimará que para un funcionamiento adecuado se requiere de más representantes. La buena noticia para senadores y diputados es que les será más fácil promover aumentos de sus respectivas cámaras. Lo que no necesariamente va en beneficio de la región.

El gobierno central gana porque una región adicional no aumenta el poder de las regiones, las hace más débiles, los votos se encuentran en los grandes conglomerados. Precisamente por ello las soluciones pasan, ya sea por diseños de macro-regiones o más radicalmente por mecanismos de descentralización micro, no sólo de funciones sino también de carácter presupuestario y tributario; es decir, diseños que apunten a la responsabilidad de quienes gastan los recursos de todos los chilenos.

Una verdadera agenda descentralizadora pasa por transferir funciones y recursos a los municipios, generar verdaderos gobierno locales, con mecanismos electorales que puedan ser evaluados por la ciudadanía además de la que ejercen los órganos nacionales ad hoc y que ejecuten sus funciones de manera eficiente. Situación que también pasa porque las unidades comunales actuales concentren menor población para evitar megacomunas y distorsiones geográficas que hoy no tomamos en cuenta al diseñar políticas públicas.

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