Viernes 19 de Mayo de 2017

Que la agresión no quede impune

"Que políticos y empresarios puedan caminar por las calles sin escolta es un valor de la democracia chilena al cual no deberíamos renunciar fácilmente".

El martes, el diputado por Santiago y candidato presidencial de Evópoli, Felipe Kast, fue agredido al término de una actividad pública en la que había presentado sus propuestas programáticas. Después de finalizar el acto en el Café Literario del Parque Bustamante, en Providencia, Kast y sus colaboradores fueron interceptados por un grupo de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, que los persiguieron, los insultaron y les exigieron a los gritos que se fueran del lugar. El chofer del parlamentario, que intentó protegerlo, recibió varios golpes de los energúmenos, y el automóvil en que se iban fue atacado y perdió un espejo retrovisor.

El incidente es parte de una serie de episodios que dan cuenta de un deterioro de la convivencia y de la validación de la violencia como forma de acción política, incluso, lo que es más lamentable, de parte de algunos representantes institucionales o líderes de opinión. La toma de la sede del Congreso en Santiago, en 2011; los insultos de la presidenta de la CUT al ministro de Hacienda en la Cámara de Diputados; las monedas que recibió el ministro Valdés en un restaurante del paseo Huérfanos; la agresión verbal al senador Girardi a bordo de un avión; los ataques verbales y físicos en contra de políticos y empresarios que han concurrido a declarar en el Centro de Justicia, o la agresión a un fiscal en el Tribunal de Garantía de Collipulli, este miércoles, se inscriben en esta lista.

Ni los cuestionamientos a la mala calidad de la política, ni la indignación por los hechos de corrupción ligados al financiamiento irregular de campañas, ni menos las diferencias ideológicas, pueden justificar el vandalismo o la coacción física, ni en la política ni en ningún ámbito de la convivencia. En este sentido, es destacable la amplia solidaridad que recibió Kast desde todos los rincones del espectro político, con escasísimas y lamentables excepciones.

No resulta suficiente, sin embargo, la condena social a los violentos. Parece necesario que las autoridades avancen en la investigación de los sucesos; incluso si las penas a las que se exponen los agresores son mínimas, es importante dar una señal de que este tipo de actos, en la vía pública y a plena luz del día, no quedarán impunes.

En nuestro país, a diferencia de otros de la región, políticos y empresarios pueden caminar por las calles sin escolta ni temor a sufrir un ataque. Se trata de un valor que ha caracterizado a la democracia chilena y al cual no deberíamos renunciar fácilmente. Proporcionar escolta a los políticos y aumentar la seguridad en sus actividades de campaña podría ser una forma efectiva de prevenir ataques como éstos. Plantearlo como la única solución, sin embargo, sería claudicar ante quienes consideran que es válido utilizar la violencia, ya sea para imponer sus ideas o, simplemente, para decidir acerca del uso del espacio público.

Segunda mirada

Don Mario

El héroe que devolvió el viático

Solemos buscar en países del llamado primer mundo ejemplos virtuosos para nuestras políticas públicas. La educación de Finlandia, las pensiones de Canadá, la integración multiétnica de Nueva Zelandia, o la comisión de productividad en Australia, por ejemplo. En el ámbito de la probidad y la ética pública, sin embargo, tenemos modelos más cercanos.

En 1878, un capitán de la Armada, Arturo Prat, fue enviado a Río de la Plata a una misión de observación. El oficial se radicó en Montevideo, desde donde viajaba frecuentemente a Buenos Aires. Allí visitó unidades de la escuadra argentina y, por carta, reportó sobre la situación política y la vida cotidiana. Se hospedó en casas de conocidos y, de vuelta en Valparaíso, rindió detallada cuenta de lo que había utilizado en su comisión, devolviendo hasta el último peso que no había gastado en alojamiento ni en alimentación.

A la luz de los recientes escándalos, conviene preguntarse cuántos de nuestros personajes públicos —civiles y uniformados— podrán jactarse hoy de lo mismo.

Redacción

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Redacción

Deudas del CAE

Señor Director:

Existe acuerdo de que los jóvenes con capacidad no debieran tener barreras económicas para incorporarse a la educación superior. Por eso aquellos con dificultades económicas deberían estudiar sin pagar aranceles durante sus años de formación.

Cuando hablamos de los sectores de menores ingresos, muchas veces no pagar aranceles no basta. Se requieren apoyos financieros para mantención, y académicos para salir adelante en su carrera universitaria o técnica, producto del menor capital cultural con que cuentan esos jóvenes.

De esta forma, el sistema de crédito contingente al ingreso parece ser más equitativo y eficiente que la gratuidad. Más equitativo, porque pagan más quienes tienen más ingresos; y más eficiente, porque tenemos costo de oportunidad. Ni los recursos estatales ni los privados son infinitos, y existen muchas necesidades insatisfechas. Un ejemplo son las crecientes demandas producto del envejecimiento.

El CAE debe perfeccionarse; ajustar el arancel de referencia a los costos reales; sacar a los bancos del sistema; que deje de ser deuda que se compute para solicitar otros créditos; tener un mecanismo de cobro centralizado; resolver la aceleración del total; cancelar en cuotas mensuales en el período siguiente al de la determinación del monto anual a pagar; hacer dos o tres tramos de pago, dependiendo del nivel del ingreso, entre otras cosas; pero eliminarlo de raíz no constituye una opción razonable.

Podríamos tener un fondo de solidaridad con estudiantes, que debería ser igual para todos los que ingresan a la Educación Superior, a cualquier tipo de institución acreditada; el pago de esa deuda iría al mismo fondo, para financiar el subsidio que tiene el mecanismo.

Por lo anterior, condonar las deudas del CAE resulta injusto e ineficiente. Injusto con los nuevos estudiantes y con quienes han cumplido con el compromiso, y porque con pequeños ajustes es pagable sin mayores problemas para los deudores; ineficiente porque existen otros problemas en el país con mayor rentabilidad social.

Hugo Lavados Montes

Rector U. San Sebastián

Debates

Señor Director:

Los debates deben ser una oportunidad para exponer ideas y propuestas que nos convoquen y al mismo tiempo, explicar su implementación para convencernos.

Marcos Ceresuela M.

Rico, riquísimo

Señor Director:

Nada mejor que tener la posibilidad de volver a tener un Presidente rico. Riquísimo. Las necesidades según Maslow son escaladas, nadie rico necesita más dinero.

Pero según su pirámide, sí prestigio, por eso es una garantía que hará sus mejores y mayores esfuerzos por Chile.

Ya sabemos además que no podemos creer en quienes demonizan el lucro por que son, ellos mismos, los campeones número uno para obtenerlo.

Josefina Sutil Servoin

Altura de miras

Señor Director:

A mis 66 años no recuerdo que Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens se hayan denostado personalmente.

Recuerdo que cada uno de ellos se dedico con alturas de miras a divulgar sus ideas y programas de gobierno.

René Haddad Cosio

Culpabilidad

Señor Director:

La culpabilidad es un juicio de reproche, eminentemente personal, que la sociedad formula al autor de una conducta típica y antijurídica, porque en la situación concreta en que se encontraba podía haber evitado su perpetración, y de esta forma haber actuado conforme a derecho. Al principio de culpabilidad se le reconoce como la piedra angular del derecho a castigar. La culpabilidad es el fundamento y medida de toda pena. No hay pena sin culpabilidad (nulla poena sine culpa).

La particular trascendencia del principio de culpabilidad y su falta de consideración en los juicios contra los militares —en los que no se toman en cuenta diversas causales de inculpabilidad y se olvidan las particularísimas circunstancias contextuales— constituyen una injusticia enorme. Resulta absolutamente inaceptable sancionar a una persona sin considerar su culpabilidad como condición y medida del castigo o absolución que se le otorgue.

Y esto es lo que ocurre, lamentablemente, en todos los juicios que han terminado en sentencias condenatorias; especialmente en los casos de jóvenes oficiales, suboficiales y tropa que se vieron obligados a cumplir.

Adolfo Paúl Latorre

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