Viernes 17 de Febrero de 2017

Capitalización de TVN

"Vale la pena evaluar de manera desideologizada la utilidad de que el Estado sea propietario y deba financiar un canal con fines comerciales".

El Gobierno ha anunciado que enviará una indicación sustitutiva al proyecto de ley para capitalizar TVN. Según ha trascendido, se recortarían cerca de US$ 20 millones del presupuesto original, que incluía US$ 75 millones destinados a financiar "proyectos de inversión", vinculados a la implementación de la televisión digital, y otros US$ 25 millones para una señal cultural y educativa, que operaría como una filial de la empresa pública. Junto con rebajar los fondos para la capitalización, la indicación desecharía la idea de una administración independiente para el canal cultural, y que optaría por ocupar una de las nuevas señales digitales que le corresponderían a la emisora.

No sólo la cuantía de los recursos para TVN, difíciles de justificar en el contexto de un ajuste fiscal, parece motivar el cambio de planes. También la percepción de que, además de las inversiones vinculadas a la televisión digital, la inyección de capital tendría como objetivo paliar la deficitaria situación financiera de la estación, que lleva tres años consecutivos con balances negativos. La ley que estableció el actual estatuto de TVN, en 1992, señala que el canal no puede obtener financiamiento, créditos, aportes o garantías del Estado. Los distintos gobiernos desde 1990, salvo excepciones puntuales, han permitido a la empresa retener sus utilidades para financiarse, pero ésta no cuenta con espaldas para soportar pérdidas de manera tan prolongada.

El acuerdo político que originó dicha ley planteó el autofinanciamiento como garantía de la autonomía y la consiguiente neutralidad política de TVN. Pero dicho supuesto parece haber quedado desfasado no sólo por la contingencia financiera del canal. También la actual realidad de la industria de la televisión y la constante migración de los espectadores hacia otras plataformas hacen recomendable revisar la lógica que ha orientado la televisión pública en los últimos 25 años. Vale la pena evaluar de manera desideologizada, por ejemplo, la utilidad de que el Estado sea propietario y deba financiar un canal que —por su propia naturaleza legal— tiene fines comerciales, y compite abiertamente con estaciones privadas. O si, por el contrario, resultaría más apropiado destinar dichos recursos a una televisión pública no comercial, autónoma y con tareas acotadas, como ocurre en varios países desarrollados.

Es cierto que dicho esfuerzo implica una ecuación difícil de resolver: garantizar que el canal no se transforme en una plataforma política —lo que requiere un gobierno corporativo con estándares más exigentes que los actuales, siguiendo los mejores ejemplos internacionales— y, al mismo tiempo, que su financiamiento no se vuelva una carga onerosa para un Estado deficitario. Pero no intentarlo, e insistir en la fórmula actual, significa desperdiciar esfuerzos y dinero en un modelo obsoleto.

Segunda mirada

J. J. Cruz

Seriedad y verosimilitud

Razonable molestia y preocupación ha causado el ataque a un juez de parte de un reo en un tribunal de San Bernardo. Magistrados y fiscales, comprensiblemente, han requerido del Gobierno medidas para proteger la integridad de quienes trabajan en los juzgados.

En julio de 2012, una mujer que era juzgada por parricidio agredió a una jueza del 14º Juzgado de Garantía de Santiago, arrojándole un micrófono, y amenazó a la fiscal del caso. La mujer fue condenada a 541 días de cárcel por amenazas, pero la Corte Suprema anuló posteriormente dicha condena, pues consideró que "las expresiones proferidas por ésta carecían de la seriedad y verosimilitud necesarias para la ocurrencia del delito previsto en el artículo 268 quinquies del Código Penal".

Aquella vez, jueces y fiscales reclamaron por más seguridad en tribunales. Tal vez ahora alguien tome medidas. Está por verse también si, a la hora de condenar, la Corte considera esta vez que la acción de encañonar a un juez tiene la seriedad y verosimilitud necesarias.

Redacción

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

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Redacción

Extranjeros

Señor Director:

En una carta publicada el 14 de febrero, se hace referencia a los requisitos que debe cumplir un extranjero residente en Chile para iniciar actividades en nuestro país. Al respecto, cabe señalar que se trata de un procedimiento simple, para lo cual se requiere contar con su Cédula de Identidad de Extranjero, otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y Visa de Residencia (en la carta se señala que se requiere Visa de Trabajo, lo que no es efectivo). Con estos antecedentes, puede acercarse a la oficina del SII correspondiente a su domicilio a hacer su inicio de actividades u obtener su clave inicial para hacer este trámite por internet en caso de realizar una actividad de segunda categoría (boletas de honorarios).

Verónica Valle Sarah

Subdirectora de Asistencia a Contribuyentes

Servicio de Impuestos Internos

Primera infancia

Señor Director:

Sobre la columna de Sylvia Eyzaguirre del 14 de febrero, puedo afirmar, desde nuestra experiencia de 26 años en Integra y especialmente durante los gobiernos de la Presidenta Michelle Bachelet, que, en educación, la primera infancia no ha sido ignorada. Ha sido visibilizada con acciones concretas. En el primer periodo se crearon 3.500 nuevas salas cuna para más de 70 mil niños y niñas, y en la actualidad, en el marco de la Reforma Educacional, existe el compromiso de ampliar la oferta con nuevos cupos de salas cuna y niveles medios, aportando Integra con 23 mil. Y no son ladrillos; son ambientes educativos protectores y enriquecidos para favorecer aprendizajes y desarrollo pleno, abiertos a las familias y reconociéndolos como primer agente educativo.

Asimismo, se avanza en institucionalidad y calidad educativa, con la creación de la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia y con la actualización de las Bases Curriculares y la elaboración del marco para la Buena Enseñanza, entre otros. Coincido con el planteamiento de Eyzaguirre que los "factores ambientales influyen en el desarrollo durante la infancia y que experiencias negativas como el estrés y la violencia, entre otras, pueden tener consecuencias perjudiciales para el desarrollo de los niños y niñas". Por este motivo, Integra cuenta con equipos educativos de alta calidad comprometidos con la infancia y su desarrollo.

Los niños y niñas que asisten a centros educativos logran aprendizajes significativos. Así lo demuestran los resultados de la evaluación desarrollada en 2016 por Mide UC: el 86,3% de los niños y niñas que asisten a salas cuna y jardines infantiles de Integra alcanzan un nivel de logro en lo esperado y sobre lo esperado a su edad.

Desde Integra podemos constatar que hay avances en Educación Parvularia y que los niños y niñas no tienen por qué ejercer presión, porque son ciudadanos sujetos de derecho. Somos los adultos los llamados concretar acciones diarias para a favorecer su desarrollo en contextos de buen aprendizaje.

Oriele Rossel

Directora Ejecutiva de Integra

Drones

Señor Director:

Recientemente se difundió la medida impulsada por el municipio de Providencia de operar drones para vigilar la comuna. Se trata de una medida que se cree eficaz para la prevención del delito y, por otro lado, pone en grave riesgo la privacidad de los vecinos. Los drones, se quiera o no, podrán captar imágenes de espacios públicos y privados, coartando las expectativas de privacidad y anonimato.

Las imágenes son datos personales —porque nos identifican a cada uno— que serán almacenados, individualizando personas, hábitos, domicilios, y otras informaciones, en un país donde la protección de los datos es un derecho de bajísimo cumplimiento. Ha existido una desidia de todos los gobiernos por actualizar el marco legal acorde a las actuales tecnologías, y de crear un organismo oficial de control de datos para que, entre otras cosas, exista claridad sobre la legalidad o no de implementar medidas como ésta.

Debe existir total voluntad del municipio por transparentar cómo será la captación, el uso y el destino de la información, los protocolos de almacenamiento, confidencialidad en su conservación, análisis de impacto en los derechos de las personas y del porqué de esta medida y no otra. Deberá garantizarse la participación de los vecinos en esta iniciativa y el derecho de los mismos a saber qué se hace con su información personal. La seguridad pública y la prevención del delito no pueden caer en sistemas que estén al margen de la ley y menos que vulneren derechos fundamentales.

Romina Garrido

Fundación Datos Protegidos

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