Jueves 7 de Julio de 2016

Redacción

José Julio León Vicepresidente Aequalis, Foro de Educación Superior

Tradición constitucional en educación superior

En su columna del pasado 20 de junio, Luis Cordero sostuvo que las reformas a la educación pública y superior serían una excusa para discutir las cosas desde nuestra "verdadera" tradición, que concibe la educación como "un proyecto colectivo". Esa tradición, que se remontaría a la Constitución de 1822, se habría roto con la Carta de 1980, que subordinó "la libertad de enseñanza al emprendimiento" y la transformó en "sinónimo de autonomía absoluta".

La historia, sin embargo, dice algo diferente. El art. 36 del primer proyecto de Constitución, publicado por la Junta de 1813, dice: "Los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública, como una de las primeras condiciones del pacto social". Con la Carta del 1933 surgió la universidad nacional, con el rol de superintendencia del sistema educativo en su conjunto. En 1874 —pleno período liberal— se reconoció constitucionalmente la libertad de enseñanza y, en 1888, fue fundada la Pontificia Universidad Católica. En los debates de esa época, la libertad de enseñanza era reclamada por tres grandes intereses: i) el de los contribuyentes, por aplicación del principio de subsidiariedad; ii) el de profesores y alumnos, y iii) el de la ciencia. A partir de 1920 se crearon nuevas universidades privadas regionales y, desde 1923, hubo financiamiento público a universidades estatales y privadas. En los años 50 se consolidó el sistema mixto, cuando las universidades privadas se liberaron de los exámenes ante la U. de Chile, alcanzando su plena autonomía. Cuando se creó el Consejo de Rectores, seis de ocho universidades eran no estatales.

La reforma constitucional de 1971 —el "pacto de garantías"— aseguró la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria; señalando que las instituciones privadas —gratuitas y sin fines de lucro— podían acceder al financiamiento estatal, de acuerdo con la ley. Es la historia de la "política del compromiso", que buscaba acuerdos y balances entre intereses antagónicos. Lo mismo ocurre con la práctica constitucional posterior a la reforma constitucional de 1989. La gratuidad no es excusa para restringir la autonomía de las instituciones y la libertad de enseñanza. La reforma de educación superior debe mantener ese equilibrio.

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