Jueves 15 de Octubre de 2015

La alternativa híbrida

Alfredo Joignant

"Para la derecha, el desafío es mayúsculo: será muy difícil restarse u oponerse al proceso alegando que «la Constitución no es el problema»".

Se podrá discrepar de las formas, de la calidad del liderazgo en determinados asuntos, de la pulcritud política, pero no es discutible el entusiasmo presidencial por producir cambios en Chile. El anuncio de la ruta y los mecanismos para el cambio de Constitución son un ejemplo más, en el que confluyen una elogiable porfía transformadora, una propuesta metodológica moderada, una pizca de ambigüedad y suficiente inteligencia política para poner en aprietos a la derecha: en efecto, no será nada de fácil negarse al cambio de la norma común. Para variar, es un empresario (O. G. Garretón) cuya militancia es formalmente socialista (de cultura política queda poco y nada en él) quien pone una nota de inquietud, haciéndose portavoz de las dudas respecto del estatus del derecho de propiedad, lo que contrasta cruelmente con la tranquilidad mostrada por Herman Chadwick (¡ups!) en La Segunda de ayer.

Si la propuesta presidencial le entrega al actual Congreso la decisión de habilitar al próximo Congreso para que éste decida, de entre cuatro mecanismos, acerca del procedimiento definitivo, una de esas alternativas reviste ambigüedad: la de una convención constituyente de composición mixta, a la que concurren congresales y ciudadanos. ¿Se tratará de una composición paritaria? ¿Cómo serán seleccionados los ciudadanos? ¿Por sorteo, elección, reputación o cultura experta? ¿Serán ciudadanos comunes o individuos notables bajo algún aspecto, como la experticia jurídica? La pregunta es relevante porque es una de las alternativas que, dependiendo de las futuras correlaciones de fuerza en el Congreso, podría ser seriamente considerada con el fin de atenuar la crítica de encapsulamiento de la fábrica constitucional por parte de congresales cuyo prestigio (no así su necesidad) se encuentra en entredicho.

El itinerario completo anunciado por la Presidenta Bachelet es transversalmente híbrido, ya que combina consultas populares, protagonismo legislativo, una gran reforma a la actual Constitución y una posible decisión del pueblo para elegir el método de cambio. Pero es también profundamente político, ya que se propone generar las bases sociales para una nueva Constitución mediante un proceso participativo, las que debiesen producir las condiciones de irreversibilidad del cambio. Para la derecha, el desafío es mayúsculo: será muy difícil restarse u oponerse al proceso alegando que "la Constitución no es el problema", puesto que es en el Congreso en donde podrá generarse un gran acuerdo político, teniendo a la vista las condiciones sociales de posibilidad y elecciones generales que estarán marcadas por un Sí o No al cambio de Constitución. Lo peor es que la controversia se dará sobre una norma que pretende ser común, para que sea experimentada por todos como propia, lo que significa que es especialmente arriesgada la ruta de fuga: la de negar el problema, como si no existiese un verdadero disenso constitucional.

Redacción

Marjorie Gallardo C. Centro de Estudios Estratégicos Academia de Guerra

Una nación desinformada

A propósito del fallo emitido por la Corte de La Haya, el debate se centró en el concepto de soberanía territorial, dejando en evidencia la falta de conocimiento que la población nacional tiene en general de los temas relacionados con la educación cívica y en particular con los conceptos de seguridad y defensa. En este contexto, es fácil dejarse convencer por dos argumentos altamente persuasivos. Por un lado, algunos sostienen que como Chile cuenta con un extenso litoral, el conflicto con Bolivia se resuelve simplemente con la entrega de una porción de costa. Y complementario a lo anterior, otros arguyen que es irrelevante ceder territorio costero, ya que éste no es usufructuado por los chilenos, sino que por los empresarios.

Estos argumentos se basan en supuestos que distorsionan el entendimiento del procedimiento de la Corte y la sentencia de los jueces, así como del concepto de soberanía territorial y la mantención de la seguridad nacional. Primero, la soberanía de un Estado sobre su territorio es un principio fundamental que rige las relaciones internacionales. Es por ello que la Corte sólo puede obligar a negociar a los Estados en disputa, pero no imponer un resultado en la negociación. En segundo lugar, el conflicto de fondo que Bolivia le presenta a Chile no se resuelve con la entrega de un territorio costero, ya que la aspiración marítima boliviana se basa en la noción de reivindicación de los territorios cedidos voluntariamente a través del Tratado de 1904 y las riquezas asociadas a ellos. En tercer lugar, el punto crítico en satisfacer la demanda no radica únicamente en entregar o no un territorio costero, sino en la mantención de la integridad territorial y la seguridad de los compatriotas del norte de nuestro país. Al respecto, se evidencia una incertidumbre en el control efectivo de amenazas de orden transnacional; las más preocupantes: el narcotráfico y el contrabando.

Con el masivo uso de las redes sociales es fácil que este tipo de argumentos se difundan con rapidez y sin un mayor análisis crítico. Para que el ciudadano chileno tenga una opinión fundamentada en razones sólidas, es necesario hoy más que nunca enfatizar en la educación cívica de la población.

El debate procesal que viene

"En la reforma educacional, tras el procedimiento no había contenido alguno. En esta propuesta, el contenido sustantivo está todo en el procedimiento".

La Presidenta ha expuesto su programa para cambiar la Constitución. Muchos de los comentarios rápidos que se han proferido hablan del malestar de los estados de ánimo de abogados, intelectuales desplazados y políticos que se sienten amenazados. Cuánta razón le dan a la afirmación de Fernando Atria de que los dilemas constitucionales no hay que pensarlos en derecho sino en revés.

El proceso constituyente descansa en dos gestos políticos encadenados; una votación parlamentaria y una elección ciudadana. El plan se basa en conseguir las mayorías parlamentarias que exige la actual Constitución y bajar luego los quórums requeridos para cambiar la institucionalidad. La moderación de la propuesta se deja resumir en una baja de 6,6% en los números exigidos para aprobar cambios constitucionales. El paso de 66,6 a 60% todavía exige contar con votos ciudadanos y parlamentarios de derecha.

El programa somete al actual Congreso a la presión de un debate ciudadano estrechamente vinculado a las elecciones siguientes. Se les ha enviado el mensaje a los parlamentarios de que, esta vez, las elecciones van a tratar, además y de inmediato, sobre cuestiones políticas sustantivas. Ellos tendrán que responder a dos situaciones nuevas; a su historial de probidad reevaluado y a su posición ante los requerimientos de legitimación y de ampliación democrática de la Constitución.

¿Acaso no ha sido siempre así? Esta es una apuesta arriesgada por acortar la brecha entre la voluntad política de los ciudadanos y sus decisiones reales a través del voto. La apuesta de la Presidenta es que esa votación llevará a un sinceramiento político de los parlamentarios que estarán incentivados a allanarse al cambio o arriesgarán una pérdida electoral severa.

Se critica que la Presidenta no ha anticipado contenidos. Así como en la reforma educacional, detrás del procedimiento no había contenido alguno, en esta propuesta, el contenido sustantivo está todo en el procedimiento. Están las aspiraciones de legitimación de la Constitución, las promesas de inclusión ciudadana y la prudencia política que implica la necesidad de contar con la aceptación de las minorías. El procedimiento esboza la profundización de la democracia a la que se aspira. El resto son accesorios.

No se debe subvalorar el Consejo Ciudadano de Observadores que propuso la Presidenta. Es un aprendizaje de los proyectos de probidad que han podido ser controlados por la ciudadanía gracias al trabajo gigantesco de seguimiento crítico del debate de Eduardo Engel y Espacio Público. Ese observatorio corrige la principal deficiencia de esos proyectos: la no consideración institucional de mecanismos ciudadanos de control y de iniciativa política.

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