Lunes 13 de Julio de 2015

Redacción

Roberto Castro Tapia Decano Ciencias Económicas U. Central

Cambios y competitividad país

Para avanzar en las reformas, particularmente la reforma educacional, es imprescindible identificar varias perspectivas respecto de cómo nos vemos, cómo somos vistos desde afuera y entender la importancia de esta reforma para la competitividad del país y de nuestras empresas en los años venideros.

El crecimiento de las economías en un mundo global depende mayormente de la competitividad país y, precisamente, las economías más competitivas a nivel mundial son aquellas en las que el carro del crecimiento es liderado por la innovación. A su vez, el desarrollo de la innovación requiere un conjunto de condiciones de entorno económico para potenciarse. Pero, sin ninguna duda, para innovar se necesita de personas con cada vez mayor nivel educacional, que sean capaces de innovar, efectivamente, y no sólo repetir. En buenas cuentas se requiere de talento humano.

Es el talento y no el capital, el factor clave capaz de conectar la innovación, la competitividad y el crecimiento en el siglo XXI. Recientemente el Foro Económico Mundial publicó el Índice de Capital Humano que cuantifica cómo los países están desarrollando y desplegando su capital humano en el tiempo.

Chile, de entre 124 países, se ubica en 45 del ranking de capital humano y ocupa el quinto lugar en la región de Latinoamérica y El Caribe, detrás de Argentina, Barbados, Bolivia y Brasil.

Sin duda, el nivel educacional de nuestra población ha incidido en la competitividad de Chile a escala mundial, por cuanto, de acuerdo con el Reporte de Competitividad Global que entrega el mismo Foro Económico Mundial, ha caído desde el lugar 27 en el año 2005 hasta el 33 en el en 2014.

Cuando se le pregunta al mundo de los negocios en Chile por la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, la nota promedio resulta ser un 3,5; claramente, los empresarios no dejan pasar de curso a nuestro nivel en matemáticas y ciencias.

He ahí la importancia de tomar conciencia de que las reformas que se impulsan son esenciales para potenciar la competitividad de las empresas chilenas y, por tanto, de la economía como un todo, porque a mayor inflexibilidad en el proceso de llevarlas adelante, menor competitividad país.

Un cambio realista y positivo

Cristina Bitar

"El anuncio presidencial no es un acto de temor, ni menos de traición a sus compromisos, sino que un gesto de responsabilidad".

La Presidenta anunció en forma clara que su gobierno no seguirá adelante con la implementación del programa en los términos que había planificado. La razón es conocida, nuestra economía está estancada —el último Imacec fue 0,8, pero desestacionalizado fue prácticamente cero—, lo que implica asumir dos consecuencias ineludibles: la recaudación fiscal estará muy por debajo de lo esperado y la primera prioridad tiene que ser volver a poner en movimiento al país, la reactivación es la tarea del momento.

El anuncio presidencial no es un acto de temor, ni menos de traición a sus compromisos, sino que un gesto de responsabilidad. Partidarios y opositores debieran respaldar por igual la decisión, ya que es una demostración de sentido práctico. La Presidenta ha dado testimonio de que su adhesión al programa no es tan ideológica como muchos pensaban. Hay parlamentarios de la Nueva Mayoría que reclaman el cumplimiento de las promesas, como la gratuidad universal universitaria "sin excusas", pero lo que el Gobierno está diciendo es que no se puede pagar sin dinero. La certeza del argumento es demasiado obvia.

La reactivación, por su parte, también exige detener el avance reformista. Con el mismo pragmatismo, aunque no lo diga explícitamente, está reconociendo que la paralización de la economía es consecuencia de una caída brutal de la inversión por la falta de confianza en las reglas del juego, provocada fundamentalmente por las reformas pendientes. Es un hecho que la reforma constitucional se ha quedado, hasta ahora, en un debate sobre el procedimiento, pero el Gobierno no ha explicitado una visión propia sobre el contenido de la nueva Constitución a la que ellos aspiran.

La reforma tributaria incrementó en tres puntos del PIB el costo del cualquier proceso productivo o, dicho de otra manera, redujo en términos agregados en esos mismos tres puntos del PIB la rentabilidad de la actividad económica del sector privado. Los cambios que se tramitan a la legislación laboral tienen, por su parte, el objetivo explícito de mejorar las condiciones negociadoras de los trabajadores con la empresa. Vale decir, intentan lograr un incremento de los niveles de remuneración, no sobre aumentos de productividad, sino de capacidad de presión. El efecto buscado llevará a una nueva merma de la rentabilidad de la inversión. Si a eso agregamos el desconocimiento de los cambios institucionales que se propondrán, sería contumaz negar que aquí está el freno que está trancando nuestra economía.

La decisión de la Presidenta es dolorosa, en la práctica significa dar políticamente por concluido su segundo mandato y afrontar dos años de mera administración hacia delante. Pero es la renuncia de la responsabilidad con el país y esa fidelidad es anterior a la que se puede profesar a cualquier programa.

Fin a las reformas

"En nuestro país es altamente probable, entonces, que pueda tomar decisiones de interés público quien nada sabe de administración financiera del Estado".

La Presidenta Bachelet en su intervención de la semana pasada señaló que avanzará en las prioridades programáticas de acuerdo a las condiciones del país, lo que implicó dejar una gran duda sobre la profundidad de sus reformas.

Pero su intervención estuvo marcada por otra idea más compleja. Afirmó que la administración del Estado no estaba preparada para el conjunto de reformas estructurales que su Gobierno le había propuesto al país. Al indicar esto admitió que nuestro actual modelo institucional no está en condiciones de gestionar cambios significativos en corto tiempo, reconociendo una restricción que muchos no han querido ver.

De los problemas estructurales que tenemos, destaca la existencia de un sistema de organización estatal rígido y un modelo de empleo público básico. Como se sabe, en nuestro país más del 60% de los empleos en la administración nacional son precarios, es decir, la remoción puede quedar al libre arbitrio de quien tiene el poder de nombramiento. Como he dicho en otro momento, un modelo así genera lealtades transitorias con un gobierno, aunque habitualmente éstas serán con el caudillo que logró los nombramientos, lo que afecta seriamente la implementación de políticas públicas de largo plazo.

Pero además, en la mayoría de los casos una persona que carece de formación en gestión pública puede ser nombrada en cargos directivos de carácter nacional, regional o local. Muchos de ellos llegan a esos empleos sin más preparación que la obtenida en los pasillos del poder, cuando la tienen, y sin que en el desempeño de los mismos exista obligación alguna de perfeccionarse. En nuestro país es altamente probable, entonces, que pueda tomar decisiones de interés público quien nada sabe de administración financiera del Estado, de las responsabilidades legales que enfrenta su cargo y con mínimas o nulas nociones de gestión pública. Todo eso queda sometido a la evaluación de los partidos políticos que los promueven y a la prudencia de quien realiza el nombramiento. Los cambios de gobierno en la última década han demostrado abiertamente este problema, porque es común a ambas coaliciones.

Cuando la Presidenta afirma que la administración del Estado no está preparada para la envergadura de las reformas propuestas, de algún modo está reconociendo que nuestro Estado no es competitivo y que si quiere ser eficaz en el futuro debe reinventarse. Es un acto de honestidad brutal del cual debemos hacernos cargo más temprano que tarde, pero es, además, una interpelación especialmente para la centroizquierda, por la capacidad que ésta le asigna a la gestión pública en mejorar la vida de las personas.

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