Sábado 27 de Junio de 2015

Economía

Quizás sin proponérselo, el mismo ministro que en 2001 comenzó a aplicar la regla de superávit fiscal estructural, iniciando con ello una de las mayores modernizaciones en materia de política fiscal en Chile, hoy la está tensionando.

Como ministro de Educación, hoy Nicolás Eyzaguirre está sometiendo a prueba aquella regla, estrenada cuando fue ministro de Hacienda del Presidente Ricardo Lagos. Esta persigue mantener el equilibrio entre ingresos y gastos para que el fisco contribuya al desarrollo económico sustentable en el largo plazo.

Mientras tanto, se llegó al consenso político de que el gasto en educación debe ser prioritario. De este modo, a partir de 2012 el Ministerio de Educación comenzó a concentrar el mayor aporte presupuestario, entre todos los ministerios y reparticiones descentralizadas del Estado, desplazando a partir de ese año al segundo lugar del ránking de gastos a la cartera de Trabajo y Previsión Social, la cual se hace cargo, entre otras cosas, del pago de las pensiones.

Un año antes, el gobierno de Sebastián Piñera había creado el Fondo para Educación, con US$4.000 millones, provenientes del ahorro fiscal. Según datos de la Dirección de Presupuestos, hoy este fondo acumula US$3.740 millones.

Los expertos advierten que la reforma al sistema educacional que encabeza el ministro Eyzaguirre no se encuentra financiada y que ello podría profundizar el déficit fiscal. El problema se hizo más patente en los últimos meses, debido al menor crecimiento del producto, lo que lleva inevitablemente a una menor recaudación de impuestos.

Según el decano de Economía y Administración de la Universidad Central, Roberto Castro, "no tiene relación la forma en que se planteó este financiamiento con el hecho de que haya un déficit efectivo de corto plazo, porque el Presupuesto de la Nación se realiza sobre la base del crecimiento potencial de la economía y del precio del cobre de mediano de plazo". Por lo tanto, sostiene que "de un déficit de corto plazo no se podría desprender que no haya un financiamiento de largo plazo".

El presupuesto fiscal para este año considera un déficit efectivo de 1,9% del producto interno bruto (PIB), equivalente a US$5.200 millones, pero las estimaciones revisadas indican que éste subirá por sobre el 3% del PIB, cercano a los US$8.500 millones, cifra superior a los aportes que provendrían de la reforma tributaria, aprobada el año pasado y que entrará en plena aplicación recién en 2018.

El ex ministro, del gobierno anterior, y actual decano de Economía de la Universidad Mayor, Felipe Morandé, sostiene que el Estado no cuenta con recursos suficientes para implementar la reforma educacional, de la forma como la propuso el gobierno de Michelle Bachelet. Agrega que la gratuidad en la educación cuesta cerca de US$4.500 millones y que el nuevo estatuto docente tiene un presupuesto previsto de US$2.300 millones en régimen.

"Si sumamos a esto los costos de la llamada ley de inclusión escolar y el mayor gasto comprometido en infraestructura y los gastos recurrentes que de ella se derivan, los compromisos asumidos excederían los US$10.000 millones en régimen, cifra que no es soportable ni con el magro crecimiento económico actual, ni con los recursos extras que traería la reforma tributaria, a partir de 2018", sostiene Morandé.

De este modo, añade, "queda claro que este año ni el próximo, el país contará con los recursos suficientes para solventar la reforma educacional, si no es a costa de un mayor déficit fiscal".

Apoyo a carrera docente

Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de la fundación Educación 2020, dice que el fin al lucro y el término del copago y de la selección sí apuntan a la calidad, porque quitan incentivos subalternos que hoy persiguen muchos colegios con financiamiento compartido, limitando el objetivo de los establecimientos de entregar un mejor servicio. Esto es, concentrándose en su giro único, que debe ser la educación.

Por otra parte, Sepúlveda advierte que tal como hasta ahora ha sido enunciada la reforma, faltan recursos para financiar el perfeccionamiento de la carrera docente y a los US$2.300 millones o poco más estimados hasta ahora para este objetivo, habría que sumar otros US$1.000 millones para mejorar la calidad de formación de las carreras pedagógicas. Sostiene que hoy existen entidades de educación superior que se dedican sólo a vender títulos de profesores y que por lo tanto no están aportando calidad al sistema.

Por lo tanto, "se requiere también una mayor regulación de la oferta y respecto de la gratuidad que se propone para la educación superior, uno tendería a creer que ésta no debiera ser para todas las instituciones, tal como están, porque primero debieran estar acreditadas y garantizar calidad formativa porque, de lo contrario, estaríamos desperdiciando recursos".

En este mismo sentido, el representante de Educación 2020 sostiene que en medio del panorama de desregulación que hoy ofrece la educación superior "no está claro, por ejemplo, a qué destinan exactamente los establecimientos el cobro de aranceles a los estudiantes". Agrega que este es un tema muy complejo que es necesario aclarar, como también los cálculos financieros que implican los distintos ámbitos de la reforma.

Dice que, en general, se han lanzado estimaciones, con alusiones de cifras "del orden de", pero que no existe claridad del gasto proyectado, en este caso cercano a los US$8.650 millones, en una primera fase. Esta estimación se compone de los US$1.692 millones previstos para implementar el fin al lucro, del copago y de la selección en los colegios subvencionados; US$2.458 millones para la carrera docente; y US$4.500 millones para otorgar gratuidad en la educación superior.

Otros gastos

En tanto, quedan afuera de aquella sumatoria los gastos para cumplir con el compromiso del actual Gobierno de crear dos nuevas universidades estatales (en las regiones de O'Higgins y Aysén) y de cinco centros de formación técnica en regiones no especificadas. Por otra parte, faltan las platas para crear una nueva institucionalidad educacional, desde el nivel de la enseñanza prebásica, hasta la superior que incluye una nueva superintendencia, pasando por el traspaso de establecimientos que están en manos de las municipalidades, a una suerte de agencias de educación regionales.

Por lo tanto, el costo total de la reforma superaría los US$12.990 millones (ver tabla).

El decano Roberto Castro explica que si se toma en cuenta que el déficit fiscal es coyuntural, tanto porque el precio del cobre ha bajado y también porque el ritmo de crecimiento es menor, "el país ya superó la condición de soportar políticas públicas permanentes con recursos fluctuantes". Conforme a ello, dice, el año pasado se aprobó la reforma tributaria, que permite estructurar un presupuesto sólido, con el objetivo de financiar "gastos permanentes con recursos permanentes", lo cual a su juicio va en la línea de mantener en el largo plazo la regla de superávit fiscal estructural.

Castro sostiene que si la economía del país recupera su nivel de crecimiento potencial y con la reforma tributaria operando normalmente, "la reforma educacional contará con los recursos necesarios".

La autoridad académica reconoce que aún no existe claridad sobre la cobertura de la reforma y que no hay una versión final de ésta. Por lo tanto, dice que "pareciera estar en una construcción permanente, dado que, además, se han ido sumando más demandas".

Para no descuidar salud o vivienda

Por qué darle gradualidad

La gran pregunta es cómo materializar esta reforma, sin dejar de lado otros requerimientos como los crecientes gastos en salud, previsión, vivienda e infraestructura pública, entre otros. La respuesta de los expertos es la gradualidad. Advierten que la precariedad de recursos se hizo más patente en los últimos meses, debido a la baja del precio del cobre y a la desaceleración del crecimiento, lo que lleva inevitablemente a una menor recaudación de impuestos.

Debido al riesgo de un mayor déficit fiscal, Morandé sugiere que la gradualidad debe poner énfasis en los aspectos más prioritarios como, por ejemplo, la calidad de la educación. "Se requiere de un cambio en las prioridades, otorgando más recursos a la reformulación del estatuto docente y olvidarse de dar gratuidad en la educación superior a estudiantes del 10% de mayores ingresos", señala el economista. Así "habría un ahorro neto de alrededor de US$2.000 millones al año".

Coincide la economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, aclara que el proyecto no puede terminar solamente en mayores sueldos a los profesores, "sin que haya suficientes incentivos y apoyo al buen desempeño de los mismos".

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