Martes 2 de Junio de 2015

Injusticia universitaria

Hugo Eduardo Herrera

"Una proporción de financiamiento privado en la educación es garantía de la libertad".

El 21 de mayo supimos que el próximo año habrá gratuidad para los estudiantes de educación superior que pertenezcan al 60 por ciento más pobre del país. Esa medida, en principio justa y loable, ha sido echada a perder, de dos maneras.

Es justo y loable que no se discrimine a los estudiantes de educación superior por su pertenencia a universidades privadas o estatales, católicas o laicas, regionales o santiaguinas. También, que se mantenga una proporción relevante de financiamiento privado (40 por ciento) en la educación superior. Dividir el poder es garantía de la libertad, en este caso, de la libertad del pensamiento en la educación superior, especialmente en la universidad.

Pero la medida se vuelve preocupante e injusta, cuando se atiende a todo lo que dijo la Presidenta.

Preocupante, porque se ha propuesto avanzar hacia un financiamiento estatal universal. Esto significará que todas las universidades quedarán sujetas al control del Gobierno, que les dará los recursos de los que dependerá su subsistencia y podrá forzarlas así a seguir las decisiones que año a año él vaya adoptando. En un Estado donde predominan los funcionarios políticos, este control estatal del financiamiento puede tener consecuencias funestas: subyugar la libertad universitaria a la política partidista.

Francamente injusto es que se incluya en la medida de financiamiento (del 60% más pobre) sólo a los alumnos de las universidades del CRUCH. Hay que seguirlo diciendo: ¿qué hace más elegible a los alumnos de las universidades del CRUCH?

Ciertamente la calidad fuera del CRUCH es heterogénea, pero dentro de él, ¿no lo es? Y, al revés, ¿no ocurre que varias de las universidades extra CRUCH son muy buenas, mejores que muchas del CRUCH y están incluso entre las mejores de Chile?

Compárese la U. Alberto Hurtado y la U. de Playa Ancha. En ninguna de las dos hay lucro. La composición social de los alumnados es parecida (en la UPLA el 28% proviene de establecimientos municipales, el 67% de subvencionados y el 4,4% de pagados; en la UAH los porcentajes correspondientes son 21, 60 y 18). En investigación, el desempeño de la Alberto Hurtado es muchísimo mejor: en los últimos dos concursos FONDECYT-Regular presentó 46 proyectos y ganó 25, la UPLA presentó 14, ganó dos. En el ranking QS 2014, la UAH califica en el número 16 de las universidades chilenas, la UPLA no se incluye. Ante cifras como éstas, resulta explicable la molestia del padre Montes. El esfuerzo serio de una universidad que opera con recursos modestos es castigado por la discrecionalidad caprichosa del Gobierno.

Si todo sigue como está programado, en un tiempo próximo, injusticias como ésta las cometerá un gobierno que habrá concentrado para sí el poder total de financiamiento.

Redacción

Gonzalo Müller

Gobierno débil y conflicto social

Cuando el nuevo gabinete aún no cumple el mes, empieza a sufrir los embates de un Gobierno ya desgastado en credibilidad y confianza. La falta de diálogo ha polarizado las posturas de muchos actores sociales y pareciera que la reacción de ciertos sectores de izquierda frente al anuncio de moderación del Gobierno ha sido la radicalización de la calle.

Paro de profesores, marchas de estudiantes, paro de aduanas y paro de los sindicatos de la salud pública forman un cuadro complejo para un Gobierno debilitado producto del bajo apoyo ciudadano. El mejor ejemplo son las explicaciones del Intendente Orrego, que habría autorizado la marcha nocturna, con sus conocidas consecuencias en violencia y vandalismo, porque si no la autorizaba podía ser peor, ya que la marcha se haría igual. Qué mayor renuncia al concepto más básico de autoridad. Qué peor señal ante quienes están dispuestos a pasar por encima de los derechos de los demás por promover los propios. La gravedad del error del Intendente debiera poner en cuestión su continuidad.

El liderazgo político se mide mejor por la capacidad de una autoridad o Gobierno a decir que no, y no por la evidente debilidad de autorizar todo aquello que se les solicita, sin considerar la justicia de la petición o el resto de quienes se verán afectados por la decisión, pero que carecen de las mismas herramientas de presión.

Todo indica que distintos grupos de presión ya no van a esperar su turno. Si el gobierno no logra responder arriesga un clima de inestabilidad aún mayor.

El nuevo gabinete jugó sus cartas a favor del diálogo y de una reactivación económica que saquen al país de la desconfianza. Pero el tiempo ya empieza a jugar en su contra, si pasa más de un mes y no se ven mejoras en la conducción política y económica la esperanza surgida en torno al cambio de gabinete se terminará perdiendo.

Ya en los nuevos ministros se empiezan a evidenciar los primeros errores, por no contar con un plan, una hoja de ruta que les permita avanzar en sus labores y a través de su trabajo cambiar la percepción negativa que hoy se tiene del gobierno. No hay más tiempo para que la conducción política del gobierno muestre cambios y no caiga en los mismos errores de la anterior.

Sólo sirve la verdad

"El problema no es la precampaña, sino las falsedades dichas al respecto".

No tiene sentido que los ministros del comité político sigan afirmando que no hubo precampaña de Michelle Bachelet, con el fin de apuntalar la versión dada por ella el 21 de abril, para lo cual han llegado a decir que algunas personas, "usando el nombre de la Presidenta", recaudaron fondos por su cuenta. El problema no es la precampaña –siempre las hay–, sino las falsedades dichas al respecto. Es obvio que el ex ministro Peñailillo no encabezó a un grupo de "espontáneos" que actuaron sin autorización ni conocimiento de Michelle Bachelet en 2012 con el fin de convencerla de postular. Es absurdo. Basta con recordar que el empresario Jorge Rosenblut declaró haberle pedido plata al gerente de SQM para apoyar la candidatura de Bachelet antes de que fuera oficial.

Es cierto que si el gobierno admite que un grupo de confianza de la Presidenta recibió dinero de determinados empresarios y lo usó al margen de la ley, ello tendrá un indudable costo político. Pero será muchísimo peor negarlo, además de inútil. La información fluye hoy por múltiples canales, por lo que no sirve inventar cuentos que nadie cree. Ya hemos visto cuán rápido se desmoronan las mentiras. El discurso oficial sobre la probidad y la transparencia carecerá de todo valor si no se predica con el ejemplo. O sea, llegó la hora de ponerse colorados de una sola vez y decir la verdad.

Las investigaciones del Ministerio Público sobre las responsabilidades político-financieras de Giorgio Martelli marcarán el futuro del gobierno. Se supone que el ex ministro Peñailillo deberá comparecer ante los fiscales, y que estos contrastarán su versión de los hechos con la de Martelli. ¿En qué terminará esto? ¿Calzarán las cuentas? Nadie lo sabe, pero sería equivocado creer que el asunto se reduce a precisar si hubo faltas tributarias o electorales, o incluso delitos. En realidad, se trata de un problema político mayor, puesto que se relaciona directamente con la veracidad de la Mandataria, y por ende, con su autoridad ante el país.

A nadie ha golpeado tan duramente la crisis de confianza como a la Presidenta. En ello influyó no solo el caso de su hijo, sino el choque entre su programa y la realidad, entre las promesas que hizo y la imposibilidad de cumplirlas. Pero su credibilidad podría debilitarse hasta un punto crítico si se consolida la impresión de que Peñailillo y otras personas están pagando el costo de haber hecho, bien o mal, lo que ella les pidió que hicieran.

Qué momento tan desafortunado les tocó a los nuevos ministros para tratar de estabilizar el barco. Solo queda desear que, en la medida de sus fuerzas, sean capaces de proteger la gobernabilidad y de detener el deterioro de la política. Chile necesita un gobierno digno de respeto.

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